miércoles, 30 de diciembre de 2009

La privatización del keynesianismo

TRIBUNA: Enrique Gil Calvo

Enrique Gil Calvo 30/12/2009


Si el año pasado estuvo marcado de principio a fin por el ominoso estallido de la crisis económica, cuya evidente inminencia tantos negacionistas se empeñaban en acallar, este año que ahora termina ha estado presidido por la lucha contra la crisis. Una lucha que finalmente parece haberse visto coronada por el éxito, a juzgar por el rally alcista de las bolsas, que cierran el ejercicio con subidas estratosféricas desde los mínimos de marzo.
Por lo tanto, si semejante interpretación fuera acertada, éste sería el mejor momento para empezar a pedir cuentas, exigiendo responsabilidades tanto a quienes permitieron que la crisis se formase como a los que se han beneficiado de su presunta resolución. El diagnóstico dominante en los medios sostiene que la crisis se formó porque, en ausencia de supervisión y control estatal, la irracional desregulación de los mercados financieros los condujo al desastre. Y en ese punto de inflexión, cuando la burbuja especulativa pinchó y los capitales huyeron en estampida presos de un ataque colectivo de pánico, la única solución posible fue regresar al viejo keynesianismo interventor, pasando los mercados a ser controlados directamente por los Estados, que para poder salvarlos tuvieron que inundarlos con masivas inyecciones de gasto público deficitario.


La salida de la crisis actual también puede significar el inicio diferido de la próxima
En suma, el neoliberalismo sería el gran culpable, o al menos el principal causante, y el ya casi olvidado keynesianismo, teóricamente superado por aquél, habría sido la única salvación. Pero si esta interpretación oficial resulta paradójica, mucho más lo parece su traducción política. Pues ¿cómo se entiende, entonces, que los representantes socialdemócratas del keynesianismo pierdan todas las elecciones, saliendo derrotados como los grandes perdedores de la crisis, mientras los representantes conservadores del neoliberalismo quedan victoriosos, imponiendo por doquier su virtual hegemonía?

Una posible explicación es que el keynesianismo aplicado hoy ya no es aquel keynesianismo público, progresivo y reformista que presidió la edad de oro de la socialdemocracia en los años sesenta, sino que se trata de un keynesianismo completamente distinto, por su carácter a la vez privado, conservador y reaccionario. Un keynesianismo de derechas, para entendernos, pues no beneficia a las rentas del trabajo sino a las rentas del capital. De ahí que haya logrado imponer una salida de la crisis de tipo restaurador, de acuerdo al célebre efecto Lampedusa: es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Es la única conclusión que puede extraerse de la práctica de un keynesianismo estatal que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, contribuyendo no a reformar sino a restaurar la financiarización de la economía. Pero esta práctica dere-chista del keynesianismo privatizado, restaurador de la tasa de beneficios del gran capital, no es nueva en absoluto, pues ya la acometió mucho antes Hitler en los años treinta, y luego Reagan en los ochenta, que es precisamente cuando se sentaron las bases de la actual dominación financiera. Pues más allá del keynesianismo militarista que hoy inspira a Bush y también a Obama, haciendo del gasto en defensa el gran motor de la demanda agregada, la clave real de este nuevo keynesianismo financiero es hinchar la demanda mediante el endeudamiento crediticio.

Como se sabe por lo menos desde Marx, la causa última de las crisis cíclicas del capitalismo es la sobreproducción, dado el exceso de capacidad instalada para la que no hay suficiente demanda natural o espontánea. Para enfrentarse a este exceso de producción, o a esta escasez de demanda, la solución keynesiana pública, puesta en práctica por la socialdemocracia en los sesenta, fue estimular fiscalmente la demanda agregada tanto por medio del gasto estatal como mediante una política de rentas que elevó sustancialmente el poder adquisitivo de las clases medias y asalariadas. La consecuencia fue la gran inflación, de la que se salió con la derrota política de la socialdemocracia y el ascenso imparable del neoliberalismo. Pero contra lo que parece, este último método de política económica también recurrió al keynesianismo, aunque ya no público sino privado. En efecto, para estimular la demanda agregada, en vez de recurrirse a la subvención estatal se recurrió al endeudamiento crediticio gestionado por la banca privada, y ello además con recortes salariales del poder adquisitivo, haciendo a las clases trabajadoras y medias muy dependientes del crédito bancario. Y el colmo de este keynesianismo privado llevado hasta sus últimas consecuencias por reducción al absurdo ha sido el caso de las hipotecas basura, catalizador en España o EE UU de la crisis actual: la última por el momento, hasta que se forme la próxima, dentro de una larga cadena de crisis crónicas (por parafrasear el título de mi último libro).

El truco es bien conocido: se conceden créditos a los asalariados más insolventes (entre los que destacan los inmigrantes) y luego esos créditos se venden a los propietarios más solventes (los inversores especulativos), logrando que los capitalistas privados subvencionen la demanda agregada de los trabajadores hipotecados como deudores. Esta práctica de rizar el rizo fue la que formó la burbuja especulativa del endeudamiento insolvente, pues la liquidez así generada iba fluyendo a través de las redes financieras hacia los depósitos bancarios, donde se embalsaba en forma de enormes pantanos de créditos acumulados procedentes de sus cuencas hidrográficas. Pero cuando la masa crediticia empezó a rebosar, las presas de los pantanos no pudieron soportar la presión y comenzaron a resquebrajarse hasta que reventaron. En ese momento, toda la liquidez acumulada se precipitó al vacío, y en su caída libre los créditos acumulados se convirtieron en deudas imposibles de cobrar. Así fue como la avalancha de endeudamiento lo arrasó todo a su paso, inundando súbitamente los valles de la economía real, que quedaron asolados e improductivos durante mucho tiempo. Es entonces cuando la autoridad pública se vio obligada a intervenir al modo keynesiano, insuflando a fondo perdido liquidez estatal para tratar de suplir la sequía derivada del vaciado de los pantanos financieros. Pero de este modo, el insolvente endeudamiento privado se tradujo en una hipertrofia del deficitario endeudamiento público. De ahí que, en cuanto las presas bancarias han podido ser reconstruidas gracias al rescate estatal, el estímulo keynesiano ha comenzado a reducirse hasta cesar a corto plazo. Con lo cual se demuestra su naturaleza exclusivamente privada, puesto que sólo se ha dispuesto al servicio del capital bancario, abandonando a su suerte a las víctimas reales de la rotura de los pantanos: las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los desempleados...

Y este carácter derechista, conservador y reaccionario del actual keynesianismo privatizado se demuestra también en su naturaleza procíclica, amplificadora de las desviaciones de la estabilidad, que en las fases alcistas del ciclo actúa como impulsora del auge desmedido, incentivando la exuberancia irracional de los mercados, mientras que con la llegada de la crisis sólo sabe impulsar el pánico colectivo. Así, las autoridades públicas han actuado en realidad como desestabilizadores automáticos, que primero no supieron evitar la formación de la crisis, luego la negaron cuando ya se estaba iniciando y finalmente la precipitaron y agudizaron con sus medidas de choque, extendiéndola y generalizándola por todo el conjunto de la economía real, penosamente gravada con el coste tributario de la deuda pública acumulada. De donde se deduce que la salida de la crisis actual también puede significar el inicio diferido de la próxima, cuando la economía se recupere y los créditos vuelvan a fluir hasta embalsarse como futura deuda insolvente.


Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

martes, 22 de diciembre de 2009

Reflexiones fiscales para invertir en Latinoamérica


Tribuna - Manuel de la Puerta / Fernando MUñoz



La crisis económica está demostrando que la globalización de las economías no aporta tan sólo aspectos positivos, sino que la desaparición total o parcial de barreras entre los países contribuye también a que los problemas surgidos en distintas economías repercutan de forma negativa en diferentes partes del mundo.

Es un hecho que España ha venido siendo y es un importante país inversor en Latinoamérica, por tratarse de una región emergente, con gran atractivo inversor y con la ventaja competitiva de un idioma común. Resulta importante destacar esta última característica, puesto que una de las ventajas para muchos inversores españoles en la región es la aparentemente fácil interpretación de las normas y leyes latinoamericanas vigentes.

Sin embargo, es preciso señalar que el idioma que nos une presenta al mismo tiempo importantes matices en función de los diferentes países de la región. Aunque el castellano mantiene similitudes con el español que se habla en países como Argentina, Costa Rica o México, no puede considerarse idéntico, más aún en el particular mundo de los impuestos, la legislación y la jurisprudencia fiscal.

Otra característica del entorno fiscal latinoamericano es la enorme divergencia entre los distintos sistemas de cada país. Resulta destacable cómo, mientras que Europa busca la armonización de los sistemas fiscales de los países integrados en la Unión, en Latinoamérica no existe esta convergencia o armonización.

Por otro lado, cabe poner de manifiesto el escaso número de convenios para evitar la doble imposición fiscal (CDI), tanto los firmados entre propios países de la región como los suscritos entre Latinoamérica y terceros países. Salvo Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, el resto de países o tienen muy pocos CDI firmados, o simplemente no tienen.

Por todo esto, resulta de vital importancia una correcta planificación y utilización de estructuras seguras para realizar inversiones en estos países, ya que mientras en Europa se tiende a la convergencia fiscal, en los países latinoamericanos puede resultar fácil entrar, pero, sin planificar de forma adecuada la estructura de la inversión, la salida puede resultar costosa en términos de "factura fiscal".

En este sentido, y con la finalidad de ayudar a nuestras empresas en su proceso de internacionalización, España sigue trabajando en sus relaciones con Latinoamérica, incrementando la suscripción de convenios. En la actualidad hay 8 CDI en vigor, estando próximos los convenios con Costa Rica y El Salvador. De este modo, España refuerza su posición y se erige en una de las jurisdicciones más atractivas desde la que invertir en Latinoamérica.

La posición estratégica de España es cada vez más destacada, y ya existe un gran número de compañías extranjeras que utilizan nuestras plataformas económicas para invertir en Latinoamérica. Estas decisiones se ven reforzadas por el propio sistema fiscal español, que cuenta con la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que facilita y beneficia las inversiones realizadas desde España hacia terceros países.

Manuel de la Puerta / Fernando MUñoz. Socio y director de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios

jueves, 3 de diciembre de 2009


EDITORIAL DEL PAIS.España
Sostiene Zapatero
Una economía sostenible no se crea por ley, pero la política sí puede favorecerla o impedirla
03/12/2009


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De poco vale reconocer que los propósitos contenidos en el proyecto de Ley de Economía Sostenible son loables si no sirven para frenar el principal desequilibrio de la economía española: un desempleo que dobla la media de los países de la UE. En las circunstancias actuales -elevado endeudamiento de las familias y deterioro acelerado de la calidad de los activos bancarios-, la persistencia de ese desequilibrio tendrá peores consecuencias que las originadas en los años de la Transición, cuando se impuso la reconversión de gran parte del aparato productivo.


Zapatero pretende una reforma laboral que no abarate el despido
Zapatero anuncia una reforma laboral limitada sin abaratar el coste del despido
Salgado aboga por retrasar la edad de jubilación de forma "gradual"

José Luis Rodríguez Zapatero

A FONDO
Nacimiento: 04-08-1960 Lugar: Valladolid

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Tiene razón Zapatero al decir que no hay creación de empleo sin crecimiento económico, pero ello no es incompatible con el despliegue de políticas específicamente destinadas a limitar la pérdida de puestos o favorecer su recuperación, como ocurre en otros países. Hay seguramente posibilidades de actuar en ese terreno, como la aplicación en algunos sectores de la iniciativa, ensayada en Alemania, de subvencionar a las empresas que acepten sustituir despidos por trabajo en jornada reducida. Siempre será menos costosa esa subvención que la del paro.

Zapatero reiteró sus reproches al PP por no proponer nada concreto en este terreno, pero él mismo fue poco preciso ante un Rajoy incisivo y más acertado que en otras ocasiones. Sí fue contundente el presidente al descartar cualquier forma de abaratamiento del despido. Puede que ambas cosas estén relacionadas porque la concertación social es esencial en la política de Zapatero, que a nada teme tanto como a perder el apoyo sindical, como le pasó a Felipe González a fines de los ochenta.

No hay concertación social posible si se excluye de entrada cualquier reforma laboral, que no significa necesariamente el despido libre o su abaratamiento. Pero tampoco hay generación de empleo suficiente para absorber el paro inherente al cambio de modelo productivo sin la complicidad de los sindicatos avalando tales reformas. Tras la crisis de comienzos de los noventa, Francia consiguió acortar la distancia temporal entre el inicio de la recuperación económica y la creación de empleo gracias a las reformas laborales previas.

El cambio de patrón de crecimiento depende de los agentes económicos, no de una ley. Lo que desde la política puede hacerse es favorecer la confianza con medidas de estímulo y acompañamiento de las iniciativas empresariales. Y con reformas del marco normativo, como la anunciada de la Ley de Cajas que contribuya al saneamiento de un sector esencial para la recuperación del crédito. Nada tan inútil como el intercambio de reproches sobre quién, si el PSOE o el PP, es más culpable de la burbuja inmobiliaria. Por el contrario, tampoco hay nada más útil para esa recuperación de la confianza en la economía española que la señal lanzada ayer por los grupos políticos en el Senado, al pactar una serie de medidas para reducir el gasto administrativo, a fin de contener el déficit sin merma de las medidas de estímulo fiscal y de fomento del empleo.

viernes, 23 de octubre de 2009

Perspectivas económicas



TRIBUNA: MIGUEL BOYER SALVADOR
Pese a los déficit y el endeudamiento, los Gobiernos no deben relajar todavía sus esfuerzos para restablecer la salud del sector financiero y el apoyo a la demanda global con políticas de expansión macroeconómica
En el último mes, se han publicado informes del FMI y de la OCDE que coinciden en que la situación económica mundial ha mejorado sustancialmente, con China en recuperación, Estados Unidos a punto de tocar fondo y los dos principales países de la Eurozona -Alemania y Francia- mostrando ya tasas intertrimestrales positivas de crecimiento.

Ambas instituciones coinciden en que el rebote incipiente de las economías se está produciendo relativamente pronto y en que ello es debido a las fuertes medidas de estímulo presupuestario de muchos Gobiernos, así como a las bajadas drásticas de tipos de interés y a las inyecciones de liquidez de los bancos centrales. Estas actuaciones han salvado a la economía mundial de un escenario aún más sombrío.

Las previsiones para España no pintan tan mal como interpretan ciertos analistas y aficionados
Abaratar el despido no es una panacea para crear empleo en medio de una crisis
Pero las fuerzas que impulsan el rebote actual son de naturaleza transitoria y disminuirán en el curso de 2010. Es demasiado pronto para que los Gobiernos relajen sus esfuerzos para restablecer la salud del sector financiero y el apoyo a la demanda global con políticas de expansión macro-económica.

A pesar de los amplios déficit y de una deuda creciente en muchos países, los estímulos presupuestarios deben ser sostenidos, hasta que la recuperación tenga una base sólida.
Las recomendaciones ante las perspectivas de una recuperación -probablemente, lenta y débil- no pueden ser más claras y llenas de lógica económica.

En el caso de la economía española, las dificultades son mayores por la dimensión de las caídas del sector de la construcción y del empleo. A pesar de ello, las previsiones del FMI para España -una caída interanual del PIB del 3,8% para 2009 y otra del 0,7% para 2010- no pintan tan mal como las interpretaciones de ciertos analistas y aficionados, pues la cifra para 2009 es inferior a la media de la UEM y a las de países como Alemania, Italia y Reino Unido.

Además, pronosticar una caída de unas décimas negativas para 2010, entre -0,75% y -0,3%, puede tornarse en ligeramente positiva con igual probabilidad, ya que el margen de error cuando las cifras son de décimas en torno a cero puede ser del 200%, como ha sido la diferencia entre las previsiones de julio y de octubre del FMI para Alemania en 2010.

Por otra parte, en las previsiones para 2012, Francia habrá superado el alto nivel de PIB del año 2008 con un 102%, y Alemania y España recuperarán un 98% de aquél, por delante de Italia e Irlanda. En 2014, según el Fondo, España estará creciendo al mismo ritmo que Estados Unidos, por encima de Alemania e Italia.
Entre los dilemas de política económica que se presentan ahora a los Gobiernos, el español ha optado por unos Presupuestos del Estado que frenan renglones de gasto y se dirigen a contener el ritmo de crecimiento del déficit, con subidas tributarias que tendrán impacto a mediados de 2010. Es una opción respetable, por ser una decisión valiente por impopular, que ha recibido el apoyo del Banco de España.
Mi opinión personal está del lado de las recomendaciones del FMI y de la OCDE, que he reseñado antes. La prioridad es sostener los estímulos expansivos de la política monetaria y presupuestaria, para reforzar el ritmo de recuperación de la economía española. Reforzar la expansión es la receta mejor, tanto para contribuir a que se reabsorba el déficit como para combatir el desempleo.

Es un lugar común, desde la teoría keynesiana, que las economías no son, ni funcionan, como los hogares, ni siquiera como las empresas. Un mayor gasto público, bien elegido, estimula el crecimiento y puede reducir el déficit, en vez de agrandarlo. Por eso países como EE UU (con un déficit previsto del 13,5%) y Reino Unido (con otro del 14,5%), a pesar de tener endeudamientos del 87% y del 75% -mucho mayores que España- no están paralizados por la "histeria del déficit", como escribe Brittan, en el Financial Times.
Un suplemento de ingresos del orden de 6.400 millones de euros, como prevé recaudar el Gobierno con la subida de impuestos, podría financiarse con emisión de deuda pública sin grandes problemas. Si son aproximadamente acertadas las previsiones del FMI, los tipos de interés permanecerán bajos hasta, al menos, el año 2012, y España terminará este año con una deuda bruta del orden del 53% del PIB, frente a una media del 78% de los mayores países europeos.
La subida de impuestos en coyuntura de recuperación incipiente será -a mi juicio- contraproducente si sólo sirve para reducir el déficit, y tanto más cuanto que afecta a las familias de rentas medias y bajas, que tienen mayor propensión al consumo. Pero si se destina a sostener los estímulos a la demanda global y al empleo, podría ser adecuada, ya que el multiplicador del gasto público tiene más efecto que el contractivo de un alza tributaria.
Las recomendaciones de la llamada "escuela de la oferta" son importantes para el crecimiento a largo plazo, pero son erróneas para afrontar una crisis económica, salvo que coincidan con las recomendaciones de estirpe keynesiana (como, por ejemplo, una bajada de impuestos).
La recomendación de abaratar el despido "para crear empleo" yerra en el timing y en el objetivo. Primero, desconoce la imposibilidad para un Gobierno de plantear esa reforma mientras cada mes caen en el paro decenas de miles de trabajadores.

Los sindicatos lo tomarían como una provocación y reaccionarían ásperamente. Pero, después, es que el abaratar el despido no es una panacea para crear empleo en medio de una crisis, según lo presenta un manido eslogan.
El muy serio problema de las amplísimas fluctuaciones del empleo en nuestro país, con fenomenales creaciones de puestos de trabajo en periodos de auge, seguidas de caídas de la ocupación y aumentos del paro, también extraordinarios, no se debe a que haya más días por año en las indemnizaciones por despido que en otros países.

Lo demuestra, además de un análisis de causa y efecto, el caso de Irlanda, que con una flexibilidad total en los contratos laborales ha tenido una experiencia semejante a la española: tras crecer el empleo, entre 1994 y 2007, a la tasa media del 4,2% anual, ha sufrido una caída de éste del 9,2%, en el conjunto de 2008-2009, del mismo orden que la española (-7,5%).
Las excesivas fluctuaciones del empleo tienen causas mucho más profundas que el coste del despido, en las estructuras de la demanda agregada y del sistema productivo español (o irlandés). El factor fundamental es el gran peso de la inversión en construcción en España y el consiguiente en la generación del valor añadido y en el empleo. En 2007 la inversión en construcción en España y en Irlanda era del 15,7% del PIB en la primera y del 15,6% en la segunda, frente al 9% en EE UU, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. La inversión es la componente más volátil del PIB en todos los países, pero en España tiene mayor peso y mayores fluctuaciones, y determina mucho más que en otros países grandes oscilaciones del empleo.
Cuando se reduzca, como es de esperar, el excesivo peso de la construcción -que además exige inevitablemente plantillas en gran parte temporales-, disminuirán sustancialmente los enormes vaivenes del empleo que hemos experimentado en los noventa del siglo XX y en la crisis actual.
Con las lecciones que sacarán los Gobiernos y los bancos centrales del trance actual, mantendrán -cuando pase la depresión- los tipos de interés en niveles suficientemente altos para no engendrar burbujas inmobiliarias, al tiempo que los otros bancos aumentarán la prudencia en la concesión de créditos. La construcción seguirá siendo importante en España, aunque se reduzca a la mitad (unos cuatro puntos y medio del PIB) la residencial, y la inversión total seguirá siendo -en porcentaje del PIB- bastante superior a la media en la Eurozona. Ese cambio en el patrón de crecimiento ayudará a reducir el déficit de la balanza de pagos, la deuda externa y la temporalidad de los contratos.
Lo más difícil de ese cambio será expandir el sector de los servicios para mantener un crecimiento suficiente del PIB y del empleo. Ello exige, en el medio y largo plazo, una fuerte inversión en todos los tramos de educación y modificar los contratos laborales para contribuir también a la reducción de la excesiva temporalidad actual, que daña la formación profesional de los trabajadores, la productividad y la innovación en las empresas. Ése es un fin alcanzable con sólo dos tipos de contratos -uno indefinido y otro por tiempo determinado- y no la cantilena de "abaratar el despido para crear empleo".
La tarea no es nada fácil, pero es necesaria si queremos prolongar el extraordinario éxito de una economía que ha multiplicado por ocho su PIB per cápita desde 1950, y que ha convergido ya mucho con las de los países más desarrollados de Europa.
Miguel Boyer Salvador es ex ministro de Economía y Hacienda de España durante el gobierno de Felipe Gonzalez

domingo, 18 de octubre de 2009

Claves para una reforma de las pensiones en España


TRIBUNA: Laboratorio de ideas Ignacio Eyries
Ignacio Eyries 18/10/2009



Cada vez son más, y más cualificadas, las voces que alertan de que la sostenibilidad del actual sistema de pensiones en España se encuentra amenazada por serias dificultades. En el corto plazo, éstas se derivan del vuelco de la coyuntura macroeconómica y de la destrucción intensa de empleo, lo que socava la salud financiera del sistema al reducir el PIB y la base de cotizantes. A medio plazo, la crisis económica augura un periodo de bajos ritmos de crecimiento y creación de empleo, extendiendo sus consecuencias negativas para el mantenimiento de las pensiones de acuerdo con su actual configuración.

El envejecimiento de la población será el gran condicionante para la viabilidad del sistema

Defendemos un modelo con tres soportes: público, de capitalización obligatorio y de ahorro voluntario
Con todo ello, las mayores y más graves dificultades para la permanencia del sistema provendrán, en un periodo de tiempo más extenso, del envejecimiento de la población, pues el incremento que experimentarán las tasas de dependencia conducirá a desequilibrios financieros severos. Éste es, sin duda alguna, el gran condicionante para la viabilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, ya que España se perfila como uno de los países donde más intenso será el proceso de inversión de la pirámide poblacional.

Los notables incrementos de la esperanza de vida y las reducidas tasas de natalidad generan un proceso de envejecimiento de la población que transforma radicalmente el contexto demográfico en que los actuales sistemas de pensiones nacieron y vienen operando desde hace décadas. Un problema que no es privativo de España, pues la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones está amenazada en muchos países desarrollados.

En el ámbito internacional, organismos como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI o la Comisión Europea aconsejan desde hace tiempo la necesidad de importantes reformas de carácter estructural. En nuestro país, prestigiosas instituciones como el Banco de España, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y los gabinetes de estudios de La Caixa y BBVA, entre otros, señalan en la misma dirección.

Por otra parte, a las razones coyunturales y estructurales se unen otras basadas en los defectos del sistema, que no hemos de olvidar y conviene paliar: que su fortaleza es aparente, al estar condicionada por las obligaciones para el futuro contraídas con los cotizantes actuales; que el sistema actual conduce a una merma de la responsabilidad individual; que limita las opciones de elección del individuo coartando su libertad; que no compatibiliza correctamente los intereses colectivos e individuales o que garantiza una pensión pero nunca el importe de la misma.

Así, si todos los argumentos que evidencian la necesidad de reformar el sistema son claros, el cómo hacerlo no lo es tanto. Hasta ahora, las variaciones acometidas, como es el caso en España con el Pacto de Toledo, sólo han dilatado el problema en el tiempo, trasladándolo a las futuras generaciones. Sin embargo, no será suficiente el incremento de la presión fiscal, bien a través de las cotizaciones o mediante impuestos. La única solución pasa por abrir un debate profundo y responsable para la reforma del sistema.

El Círculo de Empresarios considera que la reapertura de un nuevo proceso de evaluación del Pacto de Toledo puesto en marcha por el Congreso se produce en un momento absolutamente propicio para buscar el mayor consenso político y social, capaz de generar verdaderas y definitivas soluciones. Con el objetivo de contribuir eficaz y responsablemente, el Círculo se ha pronunciado sobre la necesidad de transitar hacia sistemas de capitalización y, recientemente, dio un paso más, abogando por un modelo mixto en el que convivan el reparto y la capitalización, dando a ésta, paulatinamente, un mayor peso en el sistema.

El modelo propuesto se basa en tres soportes: un sistema público de pensiones, un sistema de capitalización obligatorio y un sistema de ahorro individual voluntario.

El primero de ellos, similar al actual de pensiones de reparto, se orienta a la provisión de subsidios básicos que garanticen un nivel de vida mínimo. Si bien se haría necesaria la modificación de algunos de sus parámetros, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, para así dotarlo de mejor salud financiera: en cuanto a los ingresos, una reducción de las cotizaciones a este primer soporte se destinaría a financiar el segundo por parte de quienes alcanzaran unos determinados requisitos. Respecto a los gastos, habría una reducción proporcional que debería potenciarse con medidas como el establecimiento de un límite a las pensiones máximas y la introducción de cambios en el cálculo de la base reguladora, aumentando los años cotizados para lograr una mayor proporcionalidad entre las aportaciones realizadas al sistema y las pensiones percibidas.

Otra medida sería la introducción de cuentas nocionales que registren las aportaciones del individuo con los rendimientos correspondientes a su vida laboral, calculados con una tasa nocional, es decir, un rendimiento de futuro. Ello permitiría contabilizar con exactitud los compromisos adquiridos, lo que contribuiría a un mejor conocimiento en cada momento de la situación financiera del sistema. Países como Suecia, Italia o Polonia han adoptado ya este tipo de cuentas.

El segundo soporte, cuya importancia cuantitativa crecería de modo gradual, consistiría en un sistema obligatorio de capitalización con un fondo de pensiones a nombre del trabajador al que aportarían él mismo y su empleador, siempre que la persona ocupada superase un mínimo nivel de ingresos, para evitar el sobreahorro por parte de las rentas más bajas. De esta forma, el trabajador es el propietario del plan de pensiones y, por lo tanto, si se cambia de empresa se lo lleva consigo. En caso de fallecimiento, el plan pasaría a manos de sus legítimos herederos.

La financiación de este sistema procedería de las cotizaciones sociales reducidas del primer soporte y trasladadas a la capitalización de este segundo. Hay que descartar un aumento de las cotizaciones sociales, ya que incrementaría los costes del empleo para las empresas, dañando su competitividad, y la del conjunto de la economía así como su capacidad de creación de empleo. Para esta nueva clase de fondos de pensiones, el trabajador podría elegir el tipo de gestión, bien pública o privada, y podría decidir en qué activos invertir, asumiendo, por tanto, la responsabilidad sobre sus propios ahorros.

Con este sistema, la pensión de jubilación sería la suma de la pensión del régimen de reparto, calculada con una reducción proporcional a la de las aportaciones, más la procedente del nuevo sistema de capitalización, que se percibiría en forma de renta. El tratamiento fiscal, tanto para las pensiones del primer y segundo soporte, podría ser similar.

El tercer soporte equivaldría a los actuales fondos de pensiones privados, que suponen tan sólo un 2% del total de las pensiones en España. En este caso, sería necesaria la puesta en marcha de nuevos incentivos fiscales para promover el ahorro voluntario en fondos de pensiones privados tanto individuales como empresariales. Asimismo, se debería incrementar la seguridad jurídica de este tipo de inversiones a largo plazo dando estabilidad a la legislación y eliminando incertidumbres en sus aspectos legales y tributarios.

Con una reforma en la dirección a la que apunta el Círculo de Empresarios, se lograría garantizar la necesaria sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro y también incentivar el ahorro mediante inversiones no especulativas, estables y a largo plazo. Promueve, además, la responsabilidad personal y garantiza la libertad de elección, la justicia y la solidaridad.


Ignacio Eyries es presidente del Comité sobre el Sistema de Pensiones del Círculo de Empresarios.

domingo, 11 de octubre de 2009

Borlaug y los banqueros



TRIBUNA: Laboratorio de ideas

JOSEPH E. STIGLITZ 11/10/2009

El reciente fallecimiento de Norman Borlaug nos brinda una ocasión oportuna para reflexionar sobre los valores básicos y nuestro sistema económico. Borlaug recibió el Premio Nobel por su trabajo en pos de una revolución verde, que salvó a cientos de millones de personas del hambre y cambió el paisaje económico mundial.
Los peores efectos han afectado a nuestro capital humano, nuestro recurso más precioso
Antes de Borlaug, el planeta afrontaba la amenaza de una pesadilla malthusiana: una creciente población en el mundo en desarrollo y alimentos insuficientes para sostenerla. Piénsese en el trauma que habría sufrido un país como India si su población de 500 millones apenas hubiera podido alimentarse, al tiempo que se duplicaba.

Antes de la revolución verde, el premio Nobel Gunnar Myrdal predecía un sombrío futuro para un continente asiático sumido en la pobreza. En lugar de ello, se ha convertido en un motor económico.
De manera similar, la renovada y bienvenida determinación de África de combatir el hambre debería ser un testimonio vivo del legado de Borlaug. El hecho de que la revolución verde nunca llegara al continente más pobre del mundo, donde la productividad agrícola es apenas un tercio de la de Asia, sugiere que hay allí amplio margen de mejora.
Por supuesto, la revolución verde puede resultar siendo sólo un respiro temporal. El aumento de los precios de los alimentos antes de la crisis financiera global sirvió de advertencia, así como la desaceleración del crecimiento de la productividad agrícola. Por ejemplo, el sector agrícola indio ha quedado a la retaguardia de su dinámica economía, viviendo a contrarreloj, ya que los niveles de agua superficial -de los que gran parte del país depende- están disminuyendo rápidamente.
No obstante, la muerte de Borlaug a los 95 años también es un recordatorio de cómo se ha torcido nuestro sistema de valores. Cuando Borlaug recibió la noticia de su premio, a las cuatro de la mañana, ya estaba trabajando en los campos mexicanos, en su incesante búsqueda por mejorar la productividad agrícola. No lo hacía por una enorme remuneración, sino por convicción y pasión por su trabajo.
Qué contraste entre Borlaug y los magos financieros de Wall Street que llevaron al mundo al borde de la ruina y argumentaban que debían recibir cuantiosas remuneraciones y compensaciones para estar motivados. Sin ninguna otra brújula, las estructuras de incentivos que adoptaron claramente los motivaron... no a introducir nuevos productos que mejoraran la vida de las personas o les ayudaran a manejar los riesgos que afrontaban, sino a poner en riesgo la economía global a fuerza de avidez y miopía. Sus innovaciones se centraron en encontrar formas de evitar las normativas contables y financieras creadas para asegurar la transparencia, la eficiencia y la estabilidad, y para prevenir la explotación de quienes contaban con menos información.
También hay un aspecto más profundo en este contraste: nuestras sociedades toleran las desigualdades porque se las ve como socialmente útiles; es el precio que pagamos por tener incentivos que motiven a las personas a actuar de manera que promuevan el bienestar social. La teoría económica neoclásica, que por un siglo ha predominado en Occidente, sostiene que la remuneración que recibe cada persona refleja su contribución social marginal, lo que aporta a la sociedad. Al hacer el bien se prospera, reza este argumento.
Sin embargo, Borlaug y nuestros banqueros refutan esa teoría. Si la teoría neoclásica fuera correcta, Borlaug habría estado entre los hombres más ricos del mundo, mientras que nuestros banqueros habrían hecho cola para las sopas de caridad.
Por supuesto, hay algo de verdad en la teoría neoclásica; si no fuera así, probablemente no habría sobrevivido tanto (aunque a menudo las malas ideas sobreviven bastante bien en el ámbito de la economía). No obstante, la economía simplista de los siglos XVIII y XIX, cuando surgieron las teorías neoclásicas, son completamente inadecuadas para las economías del siglo XXI. En las grandes corporaciones con frecuencia es difícil ponderar la contribución de una persona en específico. Estas organizaciones están llenas de problemas de representación: si bien se supone que quienes toman las decisiones (los directores) deben actuar en nombre de sus accionistas, tienen un enorme poder de acción para beneficiar sus propios intereses, y a menudo lo hacen.
Puede que los ejecutivos bancarios se hayan ido con cientos de millones de dólares en los bolsillos, pero todos los demás en nuestra sociedad -accionistas, tenedores de bonos, contribuyentes, propietarios de viviendas, trabajadores- padecemos las consecuencias. Con demasiada frecuencia, sus inversores son fondos de pensiones, que también afrontan un problema de representación, ya que sus directores toman decisiones en nombre de otros. En un mundo así, los intereses sociales y privados suelen diferir, como hemos visto con tanto dramatismo en esta crisis.
¿Cree realmente alguien que los directivos bancarios de EE UU se volvieron repentinamente tan productivos en comparación con los demás actores de la sociedad que merecen los enormes aumentos de sueldo que recibieron en los últimos años? ¿Cree alguien realmente que los altos ejecutivos de EE UU son más productivos que los de otros países donde las remuneraciones son más modestas?
Peor aún, en EE UU las opciones sobre acciones se convirtieron en una forma preferida de remuneración, a menudo por un valor mayor que el del salario del ejecutivo. Las opciones sobre acciones premian a los ejecutivos generosamente, incluso cuando las acciones aumentan debido a una burbuja de los precios, e incluso cuando las acciones de firmas comparables tienen mejor rendimiento. No es de sorprender que las opciones sobre acciones generen potentes incentivos para adoptar conductas poco previsoras y excesivamente arriesgadas, así como para la contabilidad creativa, que los ejecutivos de todos los sectores de la economía perfeccionaron con trucos y trampas extracontables.
Esos torcidos incentivos distorsionaron nuestra economía y nuestra sociedad. Confundieron los medios con los fines. Nuestro hinchado sector financiero creció hasta un punto que en EE UU representaba más del 40% de los beneficios de las empresas.
Sin embargo, los peores efectos han afectado a nuestro capital humano, nuestro recurso más precioso. Las absurdamente generosas remuneraciones del sector financiero hicieron que algunas de nuestras mejores mentes migraran al ámbito bancario.

¿Quién sabe cuántos Borlaugs habría habido entre quienes se vieron tentados por las riquezas de Wall Street y la City de Londres? Si perdimos aunque sea uno, nuestro mundo se volvió inconmensurablemente más pobre.
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, es profesor de la Universidad de Columbia. (c) Project Syndicate, 2009. Traducción de David Meléndez Tormen

domingo, 4 de octubre de 2009

El elefante indio acelera su paso



REPORTAJE: Economía global
Lo peor de la crisis ha pasado en India, que va a crecer un 6% este año y un 7% en 2010
ANA GABRIELA ROJAS 04/10/2009

La economía de India ha superado lo peor de la crisis y empieza a recuperarse. El elefante asiático ralentizó su paso debido al impacto de la crisis financiera internacional, y este año sólo crecerá un 6,3%, por debajo del 6,7% de 2008 y muy lejos del casi 9% de los tres años anteriores. Sin embargo, la crisis ha tocado fondo, y aunque este año el crecimiento es más bajo, el próximo se acelerará hasta el 7%, según el primer ministro Manmohan Singh.

Incluso el crecimiento actual es mayor de lo que se esperaba: el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) ha revisado su proyección para India en 2009: confirma las cifras oficiales de que sí alcanzará el 6% y no sólo el 5% que vaticinaba en marzo. Y concuerda con las cifras oficiales de que superará el 7% para 2010.
El reto a medio plazo es crecer a un 8% estable e invertir más en el sector social
La exportación ya cae menos, crece la inversión extranjera y la Bolsa sube
El ADB asegura en un informe de la semana pasada que India ha superado con éxito "la desaceleración económica del año pasado" gracias a más gasto público, a una mayor producción industrial y a una mayor confianza en los negocios. Sin embargo, alerta de que el seguir aumentando el déficit fiscal será insostenible: este año podría llegar al 6,8% del PIB, el más alto en 16 años. Pero por ahora hay una gran esperanza en la recuperación económica.
Los sectores que han animado la aceleración son, "sobre todo, los ligados al mercado interno, a la construcción y la infraestructura", coinciden los expertos. Las principales industrias, que en conjunto suponen el 26,7% del índice de producción industrial de India, son cemento, carbón, electricidad, acero, crudo y refinados del petróleo. Estas industrias incrementaron su producción un 7,1% en agosto, según los datos oficiales, alcanzando su mejor punto en este año financiero y mucho mejor que el 2,1% del mismo mes del año pasado y el 2,5% de julio.
Las exportaciones siguen cayendo, pero con menos rapidez. Han pasado de caer un 30% mensual en junio al 10% en agosto y se espera que en septiembre casi no haya caída. Las exportaciones de India suponen el 10% de su PIB y se centran básicamente en los servicios de tecnología de la información, textil, joyería, piel y acero. "Recibo muchos menos pedidos de Europa y EE UU desde que empezó la crisis. La gente tiene miedo de gastar dinero, prefiere guardarlo para emergencias. La demanda interna continúa casi igual", explica Pankaj Misra, un vendedor de telas en Benarés.
Otros buenos signos de recuperación son el avance en la recaudación de impuestos a las empresas, que ha aumentado un 14,7% en el segundo cuarto de este año fiscal, y el resurgir de los mercados de valores (el índice Sensex de Bombay alcanzó esta semana los 17.000 puntos, su máximo en 16 meses), al tiempo que las inversiones extranjeras están creciendo de nuevo en los mercados indios. El total de las inversiones extranjeras ha alcanzado los 10.000 millones de dólares esta semana, después de que el año pasado se produjera una salida neta de 12.000 millones de dólares. El empleo también ha empezado a mostrar signos de recuperación. "Compañías de tecnología como Infosys y Wipro han empezado, aunque lentamente, a contratar otra vez", dice Anit Mukherjee, investigador del Instituto Nacional de Finanzas y Política Pública, que asesora al Ministerio de Finanzas.
Sólo un mal monzón "ha arruinado la fiesta" y ha hecho que la alegría de la recuperación no sea total. En más de la mitad del país ha caído menos lluvia de lo normal, afectando a los campesinos, estropeando sus cosechas y provocando que su ganado muera de hambre por falta de pastos. Situación que ha provocado un aumento de precios, sobre todo en productos alimenticios. El índice del precio al consumidor ha aumentado un 12%. "La mayor parte de lo que gano se me va en comprar comida, que cada vez es más cara", dice Raj Kumar, conductor de un taxi de bicicleta. Como él, la gente más pobre es la más afectada por la carestía.
Los más escépticos de la recuperación aseguran que el crecimiento que registra ahora India es vulnerable porque no se ha cambiado la estrategia. "La recuperación del mercado interno ha venido por créditos, y en el mercado de valores se está creando una burbuja con la inversión extranjera", explica el prestigioso analista de la Universidad Jawaharlal Nehru C. P. Chandrasekar.
Los retos económicos de India a medio plazo serían crecer a un 8% estable e invertir más en el sector social, indican los especialistas. También sería disminuir la pobreza y consolidar la clase media. Hay un gran debate en cuanto a cómo se define la clase media y cuántos son sus números. Pero todos están de acuerdo en hay menos gente en la pobreza extrema, aunque la desigualdad crece a pasos agigantados. "Durante estos años de crecimiento, sólo la mitad de la población se ha beneficiado. La otra mitad no ha recibido nada", explica Shaurabh Mukherjea, de Noble, un banco de inversiones británico especializado en India. En su opinión, esta situación tiene más que ver con el sentido de democracia y de justicia social que con el sistema económico.
Para Mukherjee, el mayor problema que tiene la economía india es el acceso al capital. "Es muy caro para las compañías tomar prestado dinero: mientras en otras economías emergentes el tipo de interés estaría en un 10%, para un empresario indio está en un 12%", asegura. También dice que las empresas están dominadas por unas cuantas familias y que el gran reto es profesionalizarlas "en la medida que nos estamos convirtiendo en una economía moderna".
En los últimos dos años, India ha ganado gran visibilidad e influencia a nivel internacional. India forma parte del G-20, que fue establecido como el principal foro para la cooperación económica internacional. Para algunos, el impacto será sobre todo político: las posturas del subcontinente en negociaciones sobre asuntos como el comercio, el calentamiento global o la proliferación nuclear ganarán en importancia. Para la mayoría, este paso de reconocimiento es sólo un paso "normal y esperado para una economía de un billón de dólares", en palabras de Shankkar Aiyar, editor económico de la revista India Today. Para otros, India quedará en la sombra del protagonismo de China.
Aunque a nivel internacional se ve a India como competidor de China, en esta parte del mundo se es un poco más consciente de que "India está muy atrás", y esa diferencia se podría ampliar con rapidez en los próximos años. "Más estímulos fiscales y un bajo déficit fiscal han ayudado a China a salir más rápidamente de la crisis", comenta Sonal Varma, de la consultora japonesa Nomura. Se espera que China crezca el 8,2% este año y el 8,9% el siguiente.
Para que India pudiera recortar esa desventaja, dice Aiyar, tendría que invertir más en infraestructura, en formación de los trabajadores y en agricultura. "El gran problema de la pobreza no se va a reducir mientras el 70% de la población que vive de la agricultura reciba sólo el 20% del PIB".

domingo, 13 de septiembre de 2009

Marta Colomina // Lo que pudo haber sido y no fue




Inflación, secuestros, crímenes, robos, terrorismo judicial, corrupción, represión policial...
Escuchando los alegatos de renombrados analistas y expertos venezolanos sobre la catástrofe a la que Chávez conduce el país, pensábamos en lo diferente que habría sido el destino de Venezuela si el militar-presidente no se hubiera dejado dominar por los demonios del totalitarismo que aniquila los derechos humanos y destruye la propiedad privada, a semejanza de su mentor Fidel Castro (un cubano acaba de ser condenado a dos años de cárcel porque gritó "¡¡Aquí no hay comida!!", "¡¡Tenemos hambre!!").

En el aniversario 40 de la llegada del hombre a la Luna escribe Milagros Socorro (EN 19-07-09) que el país "iba para arriba como un cohete". Había auge de la construcción, pocos homicidios, baja inflación y matrícula educacional en ascenso (hoy, con una educación ideologizada, más de un millón de niños y adolescentes caraqueños están excluidos del sistema, según cifras del Ministerio de Educación). En 1969 los periódicos venezolanos anunciaban el auge de la construcción. Había casas y edificios para todos los gustos. La cronista (recién casada entonces) compró su casa en 1967 por Bs. 90 mil (20 mil de cuota inicial y el resto a 20 años a un interés del 6%) en una zona residencial de Maracaibo (sala-comedor, tres habitaciones más servicio, tres baños, cocina, garaje y jardín). Ningún joven profesional puede comprarse hoy una vivienda "digna", como califica Chávez a las escasas "cajas de fósforos" que se resquebrajan al poco de ser entregadas. Con un ingreso de $ 900 mil millones, superior al de los gobiernos anteriores juntos, la "revolución" apenas ha construido 35 mil viviendas por año, a diferencia de sus antecesores que alcanzaron entre 80 y 100 mil. La novelista Ana Teresa Torres ilustra así el progreso de la época: "Cuando el hombre llegó a la luna, Venezuela no tenía satélites, pero era un país con esperanza.

Exhibía excelentes cifras en salud y educación, se crearon las principales instituciones culturales, la infraestructura mostraba grandes hitos y la democracia era sólida. Los efectos democráticos se hacían sentir y alcanzamos una de las mayores movilidades sociales del mundo". Pese a la falsa versión de Chávez, en los 60 y 70 se erradicó el analfabetismo, se triplicó la matrícula del preescolar y hubo el crecimiento explosivo de la educación media y superior, a la que tuvieron acceso los sectores populares y de la que emerge una clase media profesional numerosa.

Fueron momentos estelares de la literatura venezolana, de la cultura, del teatro y, en general, de todas las artes. Hoy la educación y la cultura están bajo acoso oficial. Imaginemos el progreso económico y social que registraría Venezuela en estos momentos si con el carisma y la capacidad de persuasión mostradas por Chávez en los primeros años de su gobierno y los inmensos recursos provenientes del boom petrolero se hubiera propuesto llevar a los mejores venezolanos a su gobierno ( y no a los tirapiedras de antaño y a los militares golpistas); si hubiera estimulado al sector privado para aumentar la producción agrícola e industrial, hoy en preocupante caída (¿por qué Jaua no muestra los latifundios confiscados por el MAT que, según él, están en plena producción agroalimentaria?, ¿cómo justifica que tengamos que importar café y que el azúcar brille por su ausencia?); si hubiera aplicado un plan de seguridad social en beneficio de los trabajadores y de los desposeídos, e impulsado agresivos programas de educación y salud públicas, sin coartar la educación y salud privadas.

Pero Chávez hizo todo lo contrario: con su odio hacia la propiedad y la meritocracia gerencial, optó por confiscar tierras y fábricas y expropiar poderosas empresas como Sidor, Elecar, cementeras y bancos, entre otros. Su obsesión por permanecer en el poder le condujo al control absoluto de los poderes públicos, a la violación de la Constitución y a la puesta en marcha de una feroz represión selectiva contra la disidencia.

Pdvsa hoy está fuertemente endeudada, sólo produce 2,1 millones de bpd, importa 120 mil barriles diarios de gasolina: incumple en 80% el contrato colectivo, y persigue a los trabajadores. Pequiven arrastra pérdidas y aumentó su deuda con los bancos en un 587%. Las empresas de Guayana han sido quebradas por el régimen y sus trabajadores reclaman en medio de un polvorín. Edelca y Elecar también registran pérdidas.

Los apagones y el racionamiento continuarán porque no se han hecho las inversiones necesarias. El gobierno ni siquiera sabe a cuánto asciende la deuda pública externa (Merentes dice que es de $ 48.302 millones y Rodríguez Araque $ 29.847. Inflación, secuestros, crímenes, robos, terrorismo judicial, corrupción y represión policial y militar constituyen el vivo retrato de la Venezuela en manos de Chávez. Por eso está urgido de silenciar a los medios. mcolomina@gmail.com

domingo, 26 de julio de 2009

Una Venezuela bipolar



REPORTAJE: Empresas & sectores
Las empresas españolas conviven en un escenario dividido entre el miedo a las nacionalizaciones y la firma de lucrativos contratos
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA 26/07/2009

Invertir en Venezuela (remedando a Winston Churchill) se ha convertido en una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Al menos a ojos de las compañías españolas, que sufren una singular esquizofrenia en el país caribeño. Por un lado, el Gobierno de Hugo Chávez nacionaliza empresas, como ha sufrido en sus propias carnes el Banco de Venezuela (Banco Santander) y, por otro, les firma contratos multimillonarios (Iberdrola


Desde 2007, Caracas ha gastado más de 6.000 millones en nacionalizaciones
"Se han dado más de 100 casos de ocupación de tierras agrícolas"
Elecnor, Duro Felguera), que les garantizan sustanciosos ingresos.
En este escenario, las firmas españolas tratan de hacer eso que los clásicos denominaban "negocios". No es una tarea fácil. Desde 2007, las autoridades venezolanas han nacionalizado, según la consultora Capital Economics, cerca de cien compañías. Una idea de la profundidad de este proceso es que sólo en mayo pasado se estatalizaron 66.
Este retorno al Estado es intenso sobre todo con lo relacionado con los hidrocarburos. Chávez lo ha dejado claro: "pertenecen a Venezuela". Y por ahí van los hechos. Sin duda, el oro negro es la clave del laberinto venezolano. Hace diez años representaba el 78% de las exportaciones totales del país, el año pasado ya alcanzaban, en términos de valor, el 93%.
La consultora ODH estima que el Estado venezolano pagó por nacionalizaciones en los tres últimos años 6.636 millones (4.663 millones de euros) del erario público para compensar las expropiaciones. "Las nacionalizaciones como estrategia van a continuar, pero la intensidad dependerá del precio del petróleo. Un barril alto traerá más", avanza Juan Carlos Martínez, profesor de Economía del Instituto de Empresa. Los datos no dicen lo mismo.
Chávez ha hecho de esta política de convertir al Estado en empresario su bandera y no está dispuesto a arriarla. Ahí están para atestiguarlo gigantes como ExxonMobil, que se encuentra a la espera de arbitraje internacional para fijar un precio por la nacionalización de sus activos. Un camino similar pueden seguir Cemex y
ConocoPhilips.
Y todo con una evidente sensación de inseguridad jurídica de fondo. Aunque las percepciones van por barrios. Isaías Rodríguez, nuevo embajador de Venezuela en España, niega la mayor: "Las inversiones son absolutamente seguras", dice, y argumenta que el Santander sigue en el país, incluso tras "la venta" de Banco de Venezuela; que Iberinco (filial de Iberdrola) tiene un contrato para construir una planta de ciclo combinado (2.000 millones de dólares) más grande que la que levanta en Qatar y que Telefónica cuenta con once millones de clientes.
Sin embargo, algunas normativas recientes, como el proyecto (ahora parado) de ley de propiedad social o la reforma de la ley de propiedad industrial, que afecta a las patentes, están dejando mucha intranquilidad bajo el dintel de la puerta.

En este último caso, la Administración plantea que las patentes entregadas a los laboratorios farmacéuticos, que hoy tienen una vigencia indefinida, tengan un límite máximo de 20 años. Eso, dicen en Caracas, abarataría los precios de los medicamentos. Más dudas suscitan las "licencias obligatorias", por las cuales, en "situaciones de emergencia", el Estado permitiría explotar una patente farmacéutica sin consentimiento de su titular. La duda es qué se entiende por "situaciones de emergencia".
Sea como fuere, "medidas legislativas como éstas crean mucha incertidumbre para las compañías que quieran establecerse en el país", analizan fuentes empresariales en Venezuela. El panorama que dibujan estos expertos es complicado para las inversiones españolas. "Se han dado más de cien casos de ocupación de tierras agrícolas y de inmuebles en Caracas. Algunos han afectado a españoles". Y se preguntan: "¿Cómo no va a influir esto en el comercio si, además, el país tiene un grave problema de inseguridad y delincuencia? Las compañías se lo piensan mucho antes de meter un duro aquí".
Porque el problema no es sólo meter ese duro, sino sacarlo. Desde 2003 funciona la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), que regula y ordena la repatriación de los beneficios y dividendos (o sea, las divisas) obtenidos por las empresas extranjeras en suelo venezolano. Pero las autorizaciones sufren de "una gran lentitud y una enorme burocracia", afirma un empresario con intereses en el país, que prefiere no identificarse. En el otro lado, defienden el sistema. "Nos permite resguardar nuestras divisas. Y frente a lo que algunos puedan decir, no es imposible repatriar las ganancias, sino que se hace parcialmente", describe el embajador de Venezuela en España.
Pero lo cierto es que es un modelo que desincentiva la inversión. "El BBVA tiene pendientes de repatriar casi 200 millones de euros, y Mapfre ha optado por reinvertir los beneficios ante la imposibilidad de sacarlos", afirma un profesional próximo a la embajada española en Venezuela. Telefónica reconoció en mayo que tramitaba repatriar un dividendo de 400 millones de euros procedente de beneficios no distribuidos de 2006, paso previo para pedir luego permiso para repatriar los de 2007 y 2008.
Aun así, en este comportamiento bipolar, donde se alternan las oportunidades de negocio y el palo entre las ruedas, la verdad es que Venezuela mantiene su innegable atractivo. Santander,
Repsol, BBVA, Elecnor, Iberdrola, Técnicas Reunidas,
CAF... estarán este domingo en plena misión empresarial al país encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. "Esta elevada presencia de compañías españolas es la mejor constatación de que este mercado es atractivo y fiable jurídicamente", indica Rafael Conde de Saro, del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El ejemplo del Santander es singular. Todos los analistas consultados consideran que el precio (1.050 millones de dólares) que ha pagado Chávez por la filial venezolana (Banco de Venezuela) ha sido alto y, además, fue la propia entidad, dicen, quien puso el banco en el mercado. "Se ha pagado un buen precio por él", reconoce una fuente de la Administración española.

Y al BBVA no le va, precisamente, mal. Su Banco Provincial consiguió el año pasado un beneficio neto de 205 millones de euros y es el tercero del país por cuota de depósitos (10,2%), donde ya maneja 9.872 millones de euros en activos y logra dobles dígitos en crecimientos de créditos (17,8%) y depósitos (26%). A Telefónica le ocurre algo similar.
Y es que en el laberinto venezolano no hay que perder de vista los grises y saber distinguir qué decisiones son una respuesta a una política de consumo interno y cuáles son, por decirlo así, estructurales. Porque las relaciones de pareja son siempre cosa de dos. Y entre España y Venezuela "nunca han estado mejor", sentencia el embajador venezolano. -

viernes, 24 de julio de 2009

Extractos del Plan Obama


Sirva la presente para futuras referencias. Nóteseme que, a pesar de que su agenda está dividida en 24 capítulos, yo sólo me he dedicado a resumir dos: economía y energía. Me reservo el derecho de resumir el resto en futuras ocasiones.

Economía.
Se crea el American Recovery and Reinvestment Plan, algo así como Plan de Recuperación y Reinversión Americano. Sus objetivos son la creación de empleo y el crecimiento a largo plazo. Para ello, prometen doblar la producción de energía alternativa en los próximos tres años, mejorar la eficiencia en el consumo de energía y ahorrando a los americanos con ello miles de millones de dólares en sus facturas energéticas, invertir para que todos los expedientes médicos estén computerizados en el plazo de cinco años, modernizar los colegios y universidades públicas e inversión en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología. Afirma que va a crear 3 millones de empleos con este plan.

Energía. La madre del cordero, a mi modesto entender. Afirman que la dependencia de los EE.UU del petróleo foráneo es malo para la seguridad nacional, para el medio ambiente, y para la economía. Consecuentemente, crean un plan para invertir en energía alternativa y renovable cuyos puntos maestros más significativos son: invertir estratégicamente 150 mil millones de dólares en el sector, inversión que va a traer como consecuencia la creación de 5 millones de puestos de trabajo en los próximos 10 años, poner 1 millón de coches híbridos en las carreteras para 2015, coches que van a ser fabricados en los EE.UU, incrementar al 10% de la electricidad producida por recursos renovables para el 2012, al 25% para el 2025 y reducir los gases de efecto invernadero un 80% para 2050.

Fuente: http://www.whitehouse.gov/agenda/


Obama promulga el plan de estímulo económico

El presidente de EE.UU. considera que es una herramienta vital, "ambicioso y de gran alcance", contra la crisis

17/02/2009 Actualizada a las 22:07h Economía
Washington. (EFECOM).- El presidente de EE.UU., Barack Obama, promulgó el plan de estímulo económico aprobado la semana pasada en el Congresodotado con cerca de 790.000 millones de dólares y del que asegura que es una herramienta vital contra la crisis.
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En una ceremonia en el Museo de Ciencias en Denver, en Colorado, Obama declaró que el plan "marca el principio del fin" de la crisis. "Hemos comenzado el trabajo esencial de mantener vivo el sueño americano en nuestra época", declaró el mandatario estadounidense, que con la entrada en vigor de esta ley se apunta un importante triunfo político en su primer mes de mandato.
La medida, que tan sólo recibió el apoyo de tres senadores republicanos en todo el Congreso estadounidense, destina cerca de 275.000 millones de dólares a recortes de impuestos y cerca de medio billón a proyectos de infraestructuras, energía y educación.
La preferencia concedida a proyectos de energía y educación ha sido una preferencia directa del presidente estadounidense, que considera que la lucha contra el cambio climático será una de las prioridades de los próximos años. Así, Obama, que consideró que el plan es "de gran alcance", "ambicioso" y que "cuenta con un gran apoyo", declaró además que permitirá que los estadounidenses "hagan el trabajo necesario en áreas críticas que se han olvidado durante demasiado tiempo".
Aseguró, por ejemplo, que la medida permitirá la mayor inversión en infraestructuras desde que Eisenhower lanzó el sistema de autopistas interestatales en los años 50, o dar "un gran paso hacia la independencia energética, sentando las bases para una nueva economía verde que creará innumerables puestos de trabajo bien pagados".
"Lo que hoy firmo es un plan equilibrado con una mezcla de recortes fiscales y de inversiones" y que "se pondrá en marcha con un nivel de transparencia y de rendición de cuentas sin precedentes", sostuvo.
El presidente, que optó por celebrar la firma hasta el momento más importante de su mandato alejado de Washington, para promover el plan entre los ciudadanos de a pie, recordó también que la legislación aprobada representa únicamente "una parte" de la estrategia contra la crisis económica.
"Necesitamos estabilizar, reparar y reformar nuestro sistema bancario, y conseguir que el crédito vuelva a fluir para las familias y las empresas", destacó Obama, quien también resaltó la importancia de una reforma del sistema regulatorio y de atajar la crisis inmobiliaria. Precisamente, el presidente estadounidense tenía previsto desplazarse esta noche a Fénix, en Arizona, para presentar mañana una nueva parte de su fórmula contra la crisis económica, un proyecto para hacer frente a la crisis inmobiliaria.
Aunque la Casa Blanca se ha cuidado mucho de facilitar detalles del plan antes de que Obama lo revele, la semana pasada el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, indicó que estaría dotado con cerca de 50.000 millones de dólares. Inmediatamente después de que Obama firmara la medida (utilizando varias plumas, que después se acabarían regalando a quienes contribuyeron a promoverla) se puso en marcha un proyecto para la construcción de un puente en Misuri, aparentemente el primero financiado por el plan de estímulo.
Sin embargo, la ley ha recibido numerosas críticas, tanto entre los republicanos como entre algunos analistas económicos que consideran que no creará los suficientes puestos de trabajo o no destina el dinero suficiente a estimular la economía.
Obama advirtió en su discurso contra un optimismo excesivo y recordó que para salir de la crisis "nada de esto será fácil" y se requerirán "valentía y disciplina, así como un nuevo sentido de la responsabilidad del que se ha carecido hasta ahora, de Wall Street a Washington". La Casa Blanca indicó que, según cómo evolucione la economía, podría plantearse un segundo plan de estímulo, aunque subrayó que por el momento no existen previsiones al respecto. En la actualidad, el índice de desempleo en Estados Unidos se encuentra en el 7,6 por ciento, el nivel más alto de los últimos 16 años, y los analistas no esperan una recuperación al menos hasta el año próximo.

El Plan Obama

Por gentileza de Calculated Risk os dejo aquí el nuevo Plan de Obama para relanzar la economía estadounidense.
Me parece que es una referencia interesante de implicación pública, aunque tiene aspectos que no comparto en absoluto. Os resumo y comento algo de lo que he leído (no me lo he chapado en detalle y, como sabéis mi inglés es un poco flojo).
Perdonadme que no analice el Plan español de estímulo a la economía y al empleo porque se trata de una mezcla tan descarada de medidas de 2008 y otros años, de partidas ya incluidas en los presupuestos, de rescates, de recortes fiscales y de gastos diversos, que no hay forma humana de distinguir una línea política detrás de esas propuestas. Y eso sin contar con el formato webero del Plan-E, que incluye cosas hasta del 2007. Lamentable.
El total del Plan Obama puede rondar los 820.000 millones de dólares, algo más de 600.000 millones de euros. Y los capitulos previstos son los siguientes:- Apuesta decidida por las energías renovables y la calidad del suministro eléctrico, con el objetivo de disminuir la dependencia del exterior en materia energética. Para ello, necesitan invertir no sólo en las nuevas instalaciones de renovables sino también en la red para transportar esa energía hasta los centros de consumo.
Me parece un planteamiento oportuno porque es cierto que determinadas instalaciones, por ejemplo, de energía eólica, se hacen inviables no tanto porque no haya viento en las zonas elegidas como porque están situadas lejos de los lugares de consumo y precisan, por tanto, de grandes inversiones de transporte.
Por otro lado, el Plan incluye una referencia a la lucha contra el calentamiento global en este primer apartado, que luego completa algo en la referencia a la NASA, pero no me parece nada concreta. (54.000 millones de dólares)
- Impulso a la investigación. El Plan dota cantidades importantes a este fin y me parece muy adecuado. En definitivo es apostar por una nueva economía en el momento en que se salga del agujero en que se encuentra en la actualidad. (16.000 millones)
- Modernización de infraestructuras de transporte (incluye agua).
Echo en falta una referencia más amplia al tren (hay algunas partidas pero no parecen tan importantes como las referidas a autopistas) pero como no conozco la situación de los transportes en EEUU no me atrevo a opinar.
Una "curiosidad": Incluye una dotación para sistemas de detección de explosivos en aviones. (90.000 millones)
- Fuerte inversión en educación. Creo que de esta parte del programa deberíamos aprender. Invertir desde el sector público en educación es invertir en futuro y, a la vez, ir construyendo una sociedad más igualitaria. (142.000 millones)
- Recortes de impuestos que afectarán al 95% de la población. Parece que esto de los impuestos va a tener un peso importante en el Plan, ya que se estima en 300.000 millones, un 37% del total.
Lo que no sé si va a cumplir Obama es su promesa de subir los impuestos a los ricos.
Por el momento, sí parece que pretende reducir los impuestos de las empresas, con un coste para las arcas públicas de 114.000 millones, medida que Paul Krugman, último premio Nobel de economía, critica abiertamente.
- Mejora de los sistemas de información y gestión del sector sanitario público y de la prevención sanitaria. (24.000 millones)
- Ayudas a los trabajadores que sufran las consecuencias de la crisis: incremento del seguro de desempleo y otras actuaciones para los desempleados. Está claro que esto van a tener que hacerlo todos los gobiernos y según cómo lo hagan podremos evaluar su grado de sensibilidad con el problema así como su visión de futuro.
Porque conseguir que todas esas personas preparen el camino para el relanzamiento económico es un reto de los más importantes en este proceso.
No es lo mismo tener a personas desempleadas deambulando por las calles que tratar a esas personas como se merecen e involucrarlas, de un modo u otro, en la puesta en marcha de la nueva sociedad. (102.000 millones)
- Mantenimiento de puestos de trabajo en el sector público y cobertura de los servicios básicos.
No tengo ninguna duda de que en este periodo de crisis el sector público debería crecer para así poner las bases del nuevo sistema que, evidentemente, no puede ser nuevamente capitalista. (91.000 millones)
No puedo ocultaros que, en general, me disgusta profundamente el tono nacionalista de muchas declaraciones, actuaciones y documentos de cualquiera de los dos partidos principales de EEUU, y este Plan Obama no se salva, pero al menos no parece haber un incremento substancial de las partidas militares aunque algunas referencias sí hay.

miércoles, 24 de junio de 2009

Dilema en las pensiones privadas latinoamericanas



TRIBUNA: Laboratorio de ideas CARMELO MESA-LAGO
CARMELO MESA-LAGO 03/05/2009

Resultado 21 votos

La mitad de los 20 países latinoamericanos tiene hoy sistemas de pensiones de capitalización individual y administración privada, que sustituyeron de manera total o parcial al sistema público de reparto.

Comenzando en Chile en 1981, la región fue pionera mundial en "reformas estructurales" privatizadoras que, si bien tuvieron algunos aciertos, adolecieron de serias fallas en el diseño inicial o en su desempeño posterior, las cuales requirieron correcciones puntuales en varios países. Pero el año pasado dos de ellos fueron más lejos, con "re-reformas" diametralmente opuestas: Chile implantó el pasado julio una transformación comprensiva que mantuvo el sistema actual pero resolvió o alivió algunos de sus problemas y mejoró otros aspectos, mientras que en diciembre Argentina eliminó el sistema privado y forzó el traspaso de 9,5 millones de sus asegurados y el fondo acumulado de 23.000 millones de euros (más 3.500 millones de euros en futuras contribuciones anuales) al sistema público de reparto antes de la ley, 2,1 millones de asegurados habían optado voluntariamente por el traspaso pero el 72% decidieron quedarse en el sistema privado. Los otros ocho países (Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay) probablemente seguirán una de estas dos vías; los otros diez mantienen sistemas públicos de reparto. ¿Cuál de los dos modelos de re-reforma es mejor?
Los sistemas privados de pensiones en América Latina están abocados a su reforma o a su supresión
Dos modelos muy distintos, el chileno y el argentino, inspiran los cambios en los sistemas de previsión
Cada país ha de abordar la "re-reforma" de la manera más adecuada según sus características y necesidades propias, pero debería ser precedida de un diálogo social que incluya a los trabajadores, pensionados y otros actores clave, y que promueva los principios internacionales de seguridad social de la OIT: universalidad, trato igual, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de las prestaciones, regulación y supervisión públicas, gastos administrativos moderados, participación social en la gestión y sustentabilidad financiera-actuarial a largo plazo que garantice las pensiones futuras.
Los sistemas privados generaron una importante acumulación de capital en las cuentas individuales, alcanzando el 64% del PIB en Chile pero sólo el 12% en Argentina, y mejoraron algunos aspectos de eficiencia. Pero en ambos países sus fallas superaron las ventajas: caída en la cobertura de la fuerza laboral; bajísima afiliación voluntaria de trabajadores independientes en Chile (aunque obligatoria en Argentina); pensiones asistenciales para los pobres pero restringidas por lista de espera y disponibilidad de recursos fiscales; parte de los asegurados sin derecho a recibir ni la pensión mínima (por no tener los 20 o 35 años de contribución requeridos) ni la asistencial (por no cumplir los requisitos de la prueba de ingreso); desigualdad de trato porque las fuerzas armadas fueron excluidas de la reforma y mantienen programas separados con pensiones superiores mayormente financiadas por el fisco (también parte de los funcionarios provinciales argentinos); carencia de solidaridad ya que las pensiones mínimas y asistenciales son enteramente sufragadas por el Estado; inequidad por género, como una cobertura de la mujer inferior a la del hombre, agravada por la acentuación de dicha inequidad por el sistema privado (pensiones inferiores en parte porque la reforma inicial aumentó los años de contribución requeridos para la pensión mínima); atomización de las funciones de regulación y supervisión de todo el sistema; costos administrativos altos y estancados; ausencia de participación de trabajadores en la gestión de las administradoras a pesar de ser ellos los dueños de los fondos de pensiones; serio incumplimiento en el pago de contribuciones (mayor en Argentina que en Chile), y altos costos de transición (5% del PIB en Chile).
La "re-reforma" chilena de la presidenta Bachelet fue precedida de un amplio diálogo social cuyas recomendaciones se incorporaron en la ley, resolvió o mejoró varias de las fallas explicadas, y promueve los principios de seguridad social. Extiende la cobertura al disponer la obligatoriedad legal gradual e incentivos para incorporar a los independientes, también abre la afiliación voluntaria a los que no desempeñan actividad remunerada y otorga un subsidio fiscal a los trabajadores jóvenes. Mejora la solidaridad mediante el otorgamiento estatal de una pensión básica solidaria universal a los pobres y grupos de más bajo ingreso, sin lista de espera ni limitantes fiscales, y resuelve la previa falta de protección a los afiliados que no calificaban a una pensión mínima ni a una asistencial.
Asimismo mejora las pensiones existentes con un aporte fiscal a la pensión contributiva de los grupos de menor ingreso, aporte que disminuye según crece la pensión y se extingue cuando excede un tope. Mitiga la equidad de género concediendo a todas las madres un bono de maternidad por cada hijo nacido vivo, y el 60% del total de los beneficiarios de la nueva pensión básica son mujeres.
También integra en una sola superintendencia la fiscalización de todas las pensiones y refuerza la regulación del sistema, instituye una comisión de usuarios para el monitoreo de la reforma, estimula la competencia e introduce mecanismos para reducir el costo administrativo, crea una entidad para facilitar la tramitación de los nuevos beneficios, informar a los beneficiarios y promover la educación previsional. Por último, promueve la contribución voluntaria de los empleadores a través de un ahorro voluntario, con pago diferido del impuesto a la renta, y sienta una base financiera sólida para la re-reforma con proyecciones fiscales hasta 2025 y evaluaciones actuariales anuales.
En Argentina, a raíz de la crisis de 2001, hubo un amplio debate sobre el sistema previsional, pero sus lineamientos no fueron incorporados por la presidenta Fernández a su "re-reforma", la cual no es comprensiva, adolece de escasa regulación y vacíos legales, y es más débil en el cumplimiento de los principios de la seguridad social que la reforma chilena.

No introduce incentivos para aumentar la muy baja cobertura, ni una pensión asistencial para todos los pobres y grupos de menor ingreso. Estipula prestaciones iguales o mejores para los asegurados traspasados al sistema público pero sin determinar cómo se calcularán. No introduce medidas para compensar a la mujer cuando deja el trabajo para criar a los hijos. Encarga la supervisión del sistema a una comisión del Congreso pero sus decisiones no son obligatorias, y no crea mecanismos de participación social en la gestión del sistema.

Más aún, somete a riesgo la sustentabilidad financiera del sistema integrado porque traspasó sus recursos a un "fondo de garantía" administrado por una entidad pública legalmente autónoma, pero sin regulación de las inversiones ni cautelas que impidan que dichos recursos sean prestados al Gobierno para cubrir el déficit fiscal y pagar la deuda externa. A pesar de la jugosa inyección financiera a corto y mediano plazo recibida por el Estado, éste probablemente tendrá que hacer transferencias en el largo plazo para financiar las obligaciones futuras de los asegurados del cerrado sistema privado (no se hicieron cálculos actuariales para proyectar los costos). Por último, el traspaso al sistema público de los fondos en las cuentas individuales propiedad de los asegurados, sin el consentimiento de éstos, puede provocar numerosos litigios judiciales a un alto costo fiscal, como sucedió en el pasado.
Ninguna de las dos reformas resuelve el problema de desigualdad de trato al excluir ambas a las fuerzas armadas (en Argentina también a funcionarios provinciales y municipales) que reciben beneficios superiores a los del sistema general, con fuertes subsidios fiscales.
¿Cuál de los dos modelos seguirán los otros ocho países con sistemas privados de pensiones? El Gobierno boliviano ha anunciado que nacionalizará éstos y ya hay dos proyectos legales en discusión.
Por el contrario, Uruguay introdujo recientemente cambios al estilo chileno para extender la cobertura, aumentar la competencia, reducir el costo administrativo y otorgar un bono de maternidad. Es probable que Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana adopten este tipo de medidas; es difícil predecir el camino de El Salvador.
La mitad de los países latinoamericanos con sistemas públicos de reparto enfrenta problemas, algunos similares y otros diversos a los de los sistemas privados, tema para un próximo artículo.
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Carmelo Mesa-Lago es catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).

domingo, 21 de junio de 2009

El socialismo para ricos de Estados Unidos



TRIBUNA: Laboratorio de ideas

JOSEPH E. STIGLITZ


Con todo lo que se está hablando sobre los brotes verdes de la recuperación económica, los bancos de Estados Unidos tratan de repeler los intentos de someterlos a regulación. Aunque los políticos hablen de comprometerse a llevar a cabo una reforma regulatoria para evitar que se repita la crisis, éste es un asunto en el que el diablo realmente se oculta en los detalles, y los bancos harán acopio de toda la fuerza que les quede para asegurarse de que tienen margen de sobra para seguir como antes.
El Gobierno de Obama ha confundido rescatar a los banqueros y sus accionistas con rescatar los bancos
El viejo sistema funcionaba bien para los bancos (aunque no para sus accionistas), así que ¿por qué iban a querer un cambio? De hecho, los esfuerzos por sacarlos a flote han invertido tan poco tiempo en pensar en la clase de sistema financiero que queremos para después de la crisis que vamos a terminar con un sistema bancario que es menos competitivo y en el que los grandes bancos que eran demasiado grandes para hundirse serán aún más grandes.
Desde hace mucho se es consciente de que esos bancos que son demasiado grandes para hundirse son también demasiado grandes para poder controlarlos. Ése es uno de los motivos por los que el rendimiento de varios de ellos ha sido tan desastroso. Cuando se hunden, el Gobierno organiza una reestructuración financiera y les proporciona garantías para los depósitos, con lo que adquiere una participación en su futuro. Las autoridades saben que si esperan demasiado es probable que los bancos zombies o casi zombies -con poco o ningún valor neto, pero a los que se trata como si fueran instituciones viables- "apuesten por la resurrección". Si hacen grandes apuestas y ganan, se largan con la recaudación; si les salen mal, el Gobierno paga la cuenta.
Esto no es simplemente una teoría; es una lección que aprendimos, a un alto precio, durante la crisis de las cajas de ahorro de Estados Unidos en los años ochenta. Cuando el cajero automático dice "fondos insuficientes", el Gobierno no quiere que eso signifique que es el banco, y no la cuenta corriente, el que está sin dinero, así que interviene antes de que la caja esté vacía. En una reestructuración económica, lo habitual es que los accionistas se queden sin un duro, y los propietarios de bonos se conviertan en los nuevos accionistas. A veces, el Gobierno se ve obligado a proporcionar fondos adicionales, o tiene que haber un nuevo inversor que esté dispuesto a hacerse cargo del banco que se ha hundido.
Sin embargo, la Administración de Obama ha introducido un nuevo concepto: demasiado grande para ser sometido a una reestructuración financiera. El Gobierno sostiene que se desataría el caos si con estos grandes bancos intentáramos jugar según las reglas de juego habituales. Los mercados serían presa del pánico. Así que no sólo no podemos tocar a los propietarios de bonos, sino que ni siquiera podemos tocar a los accionistas (aunque la mayor parte del valor real de las acciones sea un mero reflejo de una apuesta basada en una ayuda financiera del Gobierno).
Creo que esa opinión es errónea. Pienso que la Administración de Obama ha sucumbido a la presión política y a los augurios pesimistas de los grandes bancos que explotan el miedo. Como consecuencia, el Gobierno ha confundido rescatar a los banqueros y sus accionistas con rescatar los bancos.
La reestructuración da a los bancos la oportunidad de empezar de cero: los nuevos posibles inversores (ya sean propietarios de capital o de instrumentos de deuda) tendrán más confianza, otros bancos estarán más dispuestos a concederles préstamos y ellos estarán más dispuestos a prestar dinero a otros. Los propietarios de bonos se beneficiarán de una reestructuración ordenada, y si el valor de los activos es verdaderamente más alto de lo que cree el mercado (y los analistas externos), al final cosecharán las ganancias.
Pero lo que está claro es que los costes actuales y futuros de la estrategia de Obama son muy elevados (y, por el momento, no han alcanzado su limitado objetivo de reactivar el préstamo). El contribuyente ha tenido que apoquinar miles de millones, y ha proporcionado miles de millones más en garantías, facturas que es probable que haya que pagar en el futuro.
Reescribir las normas de la economía de mercado (de un modo que ha beneficiado a aquellos que han causado tanto dolor a toda la economía mundial) no sólo es caro desde el punto de vista financiero, sino que es algo peor. La mayoría de los estadounidenses lo consideran terriblemente injusto, especialmente después de haber visto a los bancos desviar los miles de millones destinados a permitirles reactivar el préstamo hacia pagos de primas y dividendos gigantescos. Romper el pacto social es algo que no debería hacerse a la ligera.
Pero esta nueva forma de sucedáneo del capitalismo, según la cual las pérdidas se socializan y los beneficios se privatizan, está condenada al fracaso. Los incentivos están distorsionados. No hay disciplina de mercado. Los bancos "demasiado grandes para ser reestructurados" saben que pueden apostar impunemente (y, con la Reserva Federal proporcionando dinero a unos tipos de interés cercanos a cero, hay fondos de sobra para hacerlo).
Algunos han llamado a este nuevo régimen económico "socialismo con características estadounidenses". Pero el socialismo se preocupa por los individuos corrientes. En cambio, Estados Unidos ha proporcionado poca ayuda a los millones de estadounidenses que están perdiendo sus hogares. Los trabajadores que se quedan en paro sólo se benefician de ayudas limitadas por desempleo durante 39 semanas, y luego son abandonados a su suerte. Y cuando pierden su empleo, la mayoría de ellos también pierden su seguro médico.
Estados Unidos ha ampliado su colchón de seguridad empresarial de una forma que no tiene precedentes, desde los bancos comerciales hasta los de inversión, luego a los seguros y ahora a los automóviles, sin que haya un límite a la vista. En realidad, esto no es socialismo, sino una prolongación de la arraigada asistencia social a las empresas. Los ricos y poderosos acuden al Gobierno para que les ayude siempre que pueden, mientras que los individuos necesitados reciben poca protección social.
Tenemos que terminar con los bancos "demasiado grandes para hundirse"; no hay pruebas de que estos gigantes reporten beneficios sociales que estén en consonancia con los costes que han impuesto a otros. Y si no nos deshacemos de ellos, tenemos que limitar estrictamente lo que hacen. No se les puede permitir que hagan lo mismo que han hecho en el pasado: apostar a costa de otros.
Joseph E. Stiglitz, catedrático de Economía de la Universidad de Columbia, encabeza una comisión de la ONU que estudia reformas del sistema monetario y financiero internacional. (C) Project Syndicate, 2009. Traducción de NewsClips

domingo, 7 de junio de 2009

¿Capitalismo antihumano? Luis Ugalde



La economía capitalista es extraordinariamente eficaz para producir bienes en abundancia; con ella miles de millones se han liberado de la pobreza tradicional. En China y en la India, en la próxima década cientos de millones saldrán de la pobreza económica, gracias a los avances del capitalismo que aplica con éxito la tecnología a la revolución productiva.
Pero la economía no es la sociedad, apenas una parte de ella, y reducir a la persona al “homo economicus” nos lleva a una humanidad profundamente enferma, aunque materialmente menos pobre. La persona humana no se reduce a un animal que produce y consume para alimentar el mercado capitalista en carrera continua. La economía capitalista utiliza el individualismo y la búsqueda del “interés propio” como una poderosa fuerza motora creativa, pero el ser humano no es puro individualismo y egoísmo, sino también solidaridad y amor. No somos sólo lobos unos contra otros, sino también hermanos unos con otros.

Dos fuentes irreductibles de identidad humana, que requieren fuerza suficiente para complementarse, hacerse contrapeso y corregirse mutuamente; con uno solo de estos motores los humanos no levantamos vuelo. La economía tiene sentido como base e instrumento para la libertad y la dignidad de todos en un mundo en paz. El mercado sólo no pone la economía próspera al alcance de todos los pueblos; se requiere desarrollo espiritual, con convicciones éticas vigorosas que inspiren y modelen la conducta humana, le den valor y sentido a la vida y a la economía y desarrollen leyes e instituciones fuertes y eficaces.
El capitalismo exitoso trae otros problemas: salimos de la economía ancestral con escasez, hambrunas, enfermedades, guerras y limitaciones y ahora la abundancia nos lleva a otra escasez: destrucción del medio ambiente, de las condiciones de vida para animales y vegetales, e insuficiencia de fuentes de energía y algunas materias primas. El capitalismo tiene tanta fuerza productiva que su capacidad destructiva es monstruosa e imparable por sí misma. La ley del más fuerte en la competencia trae la exclusión de los más débiles y la guerra; la exclusiva de la lógica del mercado lleva aceleradamente a la destrucción de la tierra como casa acogedora y al enfrentamiento social. Vivimos una crisis de civilización.
Las empresas más exitosas planifican, calculan, hacen alianzas y fusiones… es decir, ordenan las fuerzas (no las dejan al ciego mercado) para sus fines. En tiempo de crisis hasta los más liberales piden la intervención del Estado y de las leyes. La vida digna requiere defender la tierra como hábitat adecuado, el diálogo y convivencia entre pueblos, razas, culturas diversas que se reconocen y aprecian. No sólo se requieren estados nacionales, sino autoridad, instituciones y ciudadanía mundiales, cuyo objetivo es que a todos lleguen aquellos bienes y posibilidades humanas que hoy son técnicamente alcanzables, pero no asequibles con sólo el interés económico sin el humanismo solidario.
El capitalismo es unilateral, antihumano y destructivo, si no va acompañado del otro principio de la dignidad humana, del amor y de la solidaridad; pero es una necesidad y bendición si el interés propio y las fuerzas del mercado son orientadas por leyes e instituciones hacia un nuevo humanismo, que afirma la dignidad y ofrece oportunidades para la creatividad de todos.
No hay ley económica, ni marxista, ni capitalista, que pueda evitar el desastre, sino la conciencia humana con sus valores, de amor y solidaridad, y del instinto de conservación inteligente, que ordenan la economía como parte de una civilización para la vida humana global y personal. Cuanto más exitoso el capitalismo, más eficaz la destrucción de las formas tradicionales de solidaridad, de religión, de ética, de expresiones no económicas de la vida y de la dignidad humanas. No se puede esperar del capitalismo económico que las reponga con nuevas formas de espiritualidad, de solidaridad y de sentido trascendente de la vida; éstas tienen otras raíces no económicas y hay que cultivarlas para que crezcan vigorosas y se expresen en relaciones sociales, instituciones, prácticas sociales, organizaciones y leyes no reducibles a la economía y con una lógica distinta y complementaria a la del mercado.
fernandamujica@gmail.com