La privatización del keynesianismo

TRIBUNA: Enrique Gil Calvo

Enrique Gil Calvo 30/12/2009


Si el año pasado estuvo marcado de principio a fin por el ominoso estallido de la crisis económica, cuya evidente inminencia tantos negacionistas se empeñaban en acallar, este año que ahora termina ha estado presidido por la lucha contra la crisis. Una lucha que finalmente parece haberse visto coronada por el éxito, a juzgar por el rally alcista de las bolsas, que cierran el ejercicio con subidas estratosféricas desde los mínimos de marzo.
Por lo tanto, si semejante interpretación fuera acertada, éste sería el mejor momento para empezar a pedir cuentas, exigiendo responsabilidades tanto a quienes permitieron que la crisis se formase como a los que se han beneficiado de su presunta resolución. El diagnóstico dominante en los medios sostiene que la crisis se formó porque, en ausencia de supervisión y control estatal, la irracional desregulación de los mercados financieros los condujo al desastre. Y en ese punto de inflexión, cuando la burbuja especulativa pinchó y los capitales huyeron en estampida presos de un ataque colectivo de pánico, la única solución posible fue regresar al viejo keynesianismo interventor, pasando los mercados a ser controlados directamente por los Estados, que para poder salvarlos tuvieron que inundarlos con masivas inyecciones de gasto público deficitario.


La salida de la crisis actual también puede significar el inicio diferido de la próxima
En suma, el neoliberalismo sería el gran culpable, o al menos el principal causante, y el ya casi olvidado keynesianismo, teóricamente superado por aquél, habría sido la única salvación. Pero si esta interpretación oficial resulta paradójica, mucho más lo parece su traducción política. Pues ¿cómo se entiende, entonces, que los representantes socialdemócratas del keynesianismo pierdan todas las elecciones, saliendo derrotados como los grandes perdedores de la crisis, mientras los representantes conservadores del neoliberalismo quedan victoriosos, imponiendo por doquier su virtual hegemonía?

Una posible explicación es que el keynesianismo aplicado hoy ya no es aquel keynesianismo público, progresivo y reformista que presidió la edad de oro de la socialdemocracia en los años sesenta, sino que se trata de un keynesianismo completamente distinto, por su carácter a la vez privado, conservador y reaccionario. Un keynesianismo de derechas, para entendernos, pues no beneficia a las rentas del trabajo sino a las rentas del capital. De ahí que haya logrado imponer una salida de la crisis de tipo restaurador, de acuerdo al célebre efecto Lampedusa: es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Es la única conclusión que puede extraerse de la práctica de un keynesianismo estatal que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, contribuyendo no a reformar sino a restaurar la financiarización de la economía. Pero esta práctica dere-chista del keynesianismo privatizado, restaurador de la tasa de beneficios del gran capital, no es nueva en absoluto, pues ya la acometió mucho antes Hitler en los años treinta, y luego Reagan en los ochenta, que es precisamente cuando se sentaron las bases de la actual dominación financiera. Pues más allá del keynesianismo militarista que hoy inspira a Bush y también a Obama, haciendo del gasto en defensa el gran motor de la demanda agregada, la clave real de este nuevo keynesianismo financiero es hinchar la demanda mediante el endeudamiento crediticio.

Como se sabe por lo menos desde Marx, la causa última de las crisis cíclicas del capitalismo es la sobreproducción, dado el exceso de capacidad instalada para la que no hay suficiente demanda natural o espontánea. Para enfrentarse a este exceso de producción, o a esta escasez de demanda, la solución keynesiana pública, puesta en práctica por la socialdemocracia en los sesenta, fue estimular fiscalmente la demanda agregada tanto por medio del gasto estatal como mediante una política de rentas que elevó sustancialmente el poder adquisitivo de las clases medias y asalariadas. La consecuencia fue la gran inflación, de la que se salió con la derrota política de la socialdemocracia y el ascenso imparable del neoliberalismo. Pero contra lo que parece, este último método de política económica también recurrió al keynesianismo, aunque ya no público sino privado. En efecto, para estimular la demanda agregada, en vez de recurrirse a la subvención estatal se recurrió al endeudamiento crediticio gestionado por la banca privada, y ello además con recortes salariales del poder adquisitivo, haciendo a las clases trabajadoras y medias muy dependientes del crédito bancario. Y el colmo de este keynesianismo privado llevado hasta sus últimas consecuencias por reducción al absurdo ha sido el caso de las hipotecas basura, catalizador en España o EE UU de la crisis actual: la última por el momento, hasta que se forme la próxima, dentro de una larga cadena de crisis crónicas (por parafrasear el título de mi último libro).

El truco es bien conocido: se conceden créditos a los asalariados más insolventes (entre los que destacan los inmigrantes) y luego esos créditos se venden a los propietarios más solventes (los inversores especulativos), logrando que los capitalistas privados subvencionen la demanda agregada de los trabajadores hipotecados como deudores. Esta práctica de rizar el rizo fue la que formó la burbuja especulativa del endeudamiento insolvente, pues la liquidez así generada iba fluyendo a través de las redes financieras hacia los depósitos bancarios, donde se embalsaba en forma de enormes pantanos de créditos acumulados procedentes de sus cuencas hidrográficas. Pero cuando la masa crediticia empezó a rebosar, las presas de los pantanos no pudieron soportar la presión y comenzaron a resquebrajarse hasta que reventaron. En ese momento, toda la liquidez acumulada se precipitó al vacío, y en su caída libre los créditos acumulados se convirtieron en deudas imposibles de cobrar. Así fue como la avalancha de endeudamiento lo arrasó todo a su paso, inundando súbitamente los valles de la economía real, que quedaron asolados e improductivos durante mucho tiempo. Es entonces cuando la autoridad pública se vio obligada a intervenir al modo keynesiano, insuflando a fondo perdido liquidez estatal para tratar de suplir la sequía derivada del vaciado de los pantanos financieros. Pero de este modo, el insolvente endeudamiento privado se tradujo en una hipertrofia del deficitario endeudamiento público. De ahí que, en cuanto las presas bancarias han podido ser reconstruidas gracias al rescate estatal, el estímulo keynesiano ha comenzado a reducirse hasta cesar a corto plazo. Con lo cual se demuestra su naturaleza exclusivamente privada, puesto que sólo se ha dispuesto al servicio del capital bancario, abandonando a su suerte a las víctimas reales de la rotura de los pantanos: las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los desempleados...

Y este carácter derechista, conservador y reaccionario del actual keynesianismo privatizado se demuestra también en su naturaleza procíclica, amplificadora de las desviaciones de la estabilidad, que en las fases alcistas del ciclo actúa como impulsora del auge desmedido, incentivando la exuberancia irracional de los mercados, mientras que con la llegada de la crisis sólo sabe impulsar el pánico colectivo. Así, las autoridades públicas han actuado en realidad como desestabilizadores automáticos, que primero no supieron evitar la formación de la crisis, luego la negaron cuando ya se estaba iniciando y finalmente la precipitaron y agudizaron con sus medidas de choque, extendiéndola y generalizándola por todo el conjunto de la economía real, penosamente gravada con el coste tributario de la deuda pública acumulada. De donde se deduce que la salida de la crisis actual también puede significar el inicio diferido de la próxima, cuando la economía se recupere y los créditos vuelvan a fluir hasta embalsarse como futura deuda insolvente.


Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Reflexiones fiscales para invertir en Latinoamérica

Tribuna - Manuel de la Puerta / Fernando MUñoz



La crisis económica está demostrando que la globalización de las economías no aporta tan sólo aspectos positivos, sino que la desaparición total o parcial de barreras entre los países contribuye también a que los problemas surgidos en distintas economías repercutan de forma negativa en diferentes partes del mundo.

Es un hecho que España ha venido siendo y es un importante país inversor en Latinoamérica, por tratarse de una región emergente, con gran atractivo inversor y con la ventaja competitiva de un idioma común. Resulta importante destacar esta última característica, puesto que una de las ventajas para muchos inversores españoles en la región es la aparentemente fácil interpretación de las normas y leyes latinoamericanas vigentes.

Sin embargo, es preciso señalar que el idioma que nos une presenta al mismo tiempo importantes matices en función de los diferentes países de la región. Aunque el castellano mantiene similitudes con el español que se habla en países como Argentina, Costa Rica o México, no puede considerarse idéntico, más aún en el particular mundo de los impuestos, la legislación y la jurisprudencia fiscal.

Otra característica del entorno fiscal latinoamericano es la enorme divergencia entre los distintos sistemas de cada país. Resulta destacable cómo, mientras que Europa busca la armonización de los sistemas fiscales de los países integrados en la Unión, en Latinoamérica no existe esta convergencia o armonización.

Por otro lado, cabe poner de manifiesto el escaso número de convenios para evitar la doble imposición fiscal (CDI), tanto los firmados entre propios países de la región como los suscritos entre Latinoamérica y terceros países. Salvo Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, el resto de países o tienen muy pocos CDI firmados, o simplemente no tienen.

Por todo esto, resulta de vital importancia una correcta planificación y utilización de estructuras seguras para realizar inversiones en estos países, ya que mientras en Europa se tiende a la convergencia fiscal, en los países latinoamericanos puede resultar fácil entrar, pero, sin planificar de forma adecuada la estructura de la inversión, la salida puede resultar costosa en términos de "factura fiscal".

En este sentido, y con la finalidad de ayudar a nuestras empresas en su proceso de internacionalización, España sigue trabajando en sus relaciones con Latinoamérica, incrementando la suscripción de convenios. En la actualidad hay 8 CDI en vigor, estando próximos los convenios con Costa Rica y El Salvador. De este modo, España refuerza su posición y se erige en una de las jurisdicciones más atractivas desde la que invertir en Latinoamérica.

La posición estratégica de España es cada vez más destacada, y ya existe un gran número de compañías extranjeras que utilizan nuestras plataformas económicas para invertir en Latinoamérica. Estas decisiones se ven reforzadas por el propio sistema fiscal español, que cuenta con la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que facilita y beneficia las inversiones realizadas desde España hacia terceros países.

Manuel de la Puerta / Fernando MUñoz. Socio y director de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios

EDITORIAL DEL PAIS.España
Sostiene Zapatero
Una economía sostenible no se crea por ley, pero la política sí puede favorecerla o impedirla
03/12/2009


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De poco vale reconocer que los propósitos contenidos en el proyecto de Ley de Economía Sostenible son loables si no sirven para frenar el principal desequilibrio de la economía española: un desempleo que dobla la media de los países de la UE. En las circunstancias actuales -elevado endeudamiento de las familias y deterioro acelerado de la calidad de los activos bancarios-, la persistencia de ese desequilibrio tendrá peores consecuencias que las originadas en los años de la Transición, cuando se impuso la reconversión de gran parte del aparato productivo.


Zapatero pretende una reforma laboral que no abarate el despido
Zapatero anuncia una reforma laboral limitada sin abaratar el coste del despido
Salgado aboga por retrasar la edad de jubilación de forma "gradual"

José Luis Rodríguez Zapatero

A FONDO
Nacimiento: 04-08-1960 Lugar: Valladolid

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Tiene razón Zapatero al decir que no hay creación de empleo sin crecimiento económico, pero ello no es incompatible con el despliegue de políticas específicamente destinadas a limitar la pérdida de puestos o favorecer su recuperación, como ocurre en otros países. Hay seguramente posibilidades de actuar en ese terreno, como la aplicación en algunos sectores de la iniciativa, ensayada en Alemania, de subvencionar a las empresas que acepten sustituir despidos por trabajo en jornada reducida. Siempre será menos costosa esa subvención que la del paro.

Zapatero reiteró sus reproches al PP por no proponer nada concreto en este terreno, pero él mismo fue poco preciso ante un Rajoy incisivo y más acertado que en otras ocasiones. Sí fue contundente el presidente al descartar cualquier forma de abaratamiento del despido. Puede que ambas cosas estén relacionadas porque la concertación social es esencial en la política de Zapatero, que a nada teme tanto como a perder el apoyo sindical, como le pasó a Felipe González a fines de los ochenta.

No hay concertación social posible si se excluye de entrada cualquier reforma laboral, que no significa necesariamente el despido libre o su abaratamiento. Pero tampoco hay generación de empleo suficiente para absorber el paro inherente al cambio de modelo productivo sin la complicidad de los sindicatos avalando tales reformas. Tras la crisis de comienzos de los noventa, Francia consiguió acortar la distancia temporal entre el inicio de la recuperación económica y la creación de empleo gracias a las reformas laborales previas.

El cambio de patrón de crecimiento depende de los agentes económicos, no de una ley. Lo que desde la política puede hacerse es favorecer la confianza con medidas de estímulo y acompañamiento de las iniciativas empresariales. Y con reformas del marco normativo, como la anunciada de la Ley de Cajas que contribuya al saneamiento de un sector esencial para la recuperación del crédito. Nada tan inútil como el intercambio de reproches sobre quién, si el PSOE o el PP, es más culpable de la burbuja inmobiliaria. Por el contrario, tampoco hay nada más útil para esa recuperación de la confianza en la economía española que la señal lanzada ayer por los grupos políticos en el Senado, al pactar una serie de medidas para reducir el gasto administrativo, a fin de contener el déficit sin merma de las medidas de estímulo fiscal y de fomento del empleo.