Tribuna - Manuel de la Puerta / Fernando MUñoz
La crisis económica está demostrando que la globalización de las economías no aporta tan sólo aspectos positivos, sino que la desaparición total o parcial de barreras entre los países contribuye también a que los problemas surgidos en distintas economías repercutan de forma negativa en diferentes partes del mundo.
Es un hecho que España ha venido siendo y es un importante país inversor en Latinoamérica, por tratarse de una región emergente, con gran atractivo inversor y con la ventaja competitiva de un idioma común. Resulta importante destacar esta última característica, puesto que una de las ventajas para muchos inversores españoles en la región es la aparentemente fácil interpretación de las normas y leyes latinoamericanas vigentes.
Sin embargo, es preciso señalar que el idioma que nos une presenta al mismo tiempo importantes matices en función de los diferentes países de la región. Aunque el castellano mantiene similitudes con el español que se habla en países como Argentina, Costa Rica o México, no puede considerarse idéntico, más aún en el particular mundo de los impuestos, la legislación y la jurisprudencia fiscal.
Otra característica del entorno fiscal latinoamericano es la enorme divergencia entre los distintos sistemas de cada país. Resulta destacable cómo, mientras que Europa busca la armonización de los sistemas fiscales de los países integrados en la Unión, en Latinoamérica no existe esta convergencia o armonización.
Por otro lado, cabe poner de manifiesto el escaso número de convenios para evitar la doble imposición fiscal (CDI), tanto los firmados entre propios países de la región como los suscritos entre Latinoamérica y terceros países. Salvo Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, el resto de países o tienen muy pocos CDI firmados, o simplemente no tienen.
Por todo esto, resulta de vital importancia una correcta planificación y utilización de estructuras seguras para realizar inversiones en estos países, ya que mientras en Europa se tiende a la convergencia fiscal, en los países latinoamericanos puede resultar fácil entrar, pero, sin planificar de forma adecuada la estructura de la inversión, la salida puede resultar costosa en términos de "factura fiscal".
En este sentido, y con la finalidad de ayudar a nuestras empresas en su proceso de internacionalización, España sigue trabajando en sus relaciones con Latinoamérica, incrementando la suscripción de convenios. En la actualidad hay 8 CDI en vigor, estando próximos los convenios con Costa Rica y El Salvador. De este modo, España refuerza su posición y se erige en una de las jurisdicciones más atractivas desde la que invertir en Latinoamérica.
La posición estratégica de España es cada vez más destacada, y ya existe un gran número de compañías extranjeras que utilizan nuestras plataformas económicas para invertir en Latinoamérica. Estas decisiones se ven reforzadas por el propio sistema fiscal español, que cuenta con la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que facilita y beneficia las inversiones realizadas desde España hacia terceros países.
Manuel de la Puerta / Fernando MUñoz. Socio y director de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios
La crisis económica está demostrando que la globalización de las economías no aporta tan sólo aspectos positivos, sino que la desaparición total o parcial de barreras entre los países contribuye también a que los problemas surgidos en distintas economías repercutan de forma negativa en diferentes partes del mundo.
Es un hecho que España ha venido siendo y es un importante país inversor en Latinoamérica, por tratarse de una región emergente, con gran atractivo inversor y con la ventaja competitiva de un idioma común. Resulta importante destacar esta última característica, puesto que una de las ventajas para muchos inversores españoles en la región es la aparentemente fácil interpretación de las normas y leyes latinoamericanas vigentes.
Sin embargo, es preciso señalar que el idioma que nos une presenta al mismo tiempo importantes matices en función de los diferentes países de la región. Aunque el castellano mantiene similitudes con el español que se habla en países como Argentina, Costa Rica o México, no puede considerarse idéntico, más aún en el particular mundo de los impuestos, la legislación y la jurisprudencia fiscal.
Otra característica del entorno fiscal latinoamericano es la enorme divergencia entre los distintos sistemas de cada país. Resulta destacable cómo, mientras que Europa busca la armonización de los sistemas fiscales de los países integrados en la Unión, en Latinoamérica no existe esta convergencia o armonización.
Por otro lado, cabe poner de manifiesto el escaso número de convenios para evitar la doble imposición fiscal (CDI), tanto los firmados entre propios países de la región como los suscritos entre Latinoamérica y terceros países. Salvo Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, el resto de países o tienen muy pocos CDI firmados, o simplemente no tienen.
Por todo esto, resulta de vital importancia una correcta planificación y utilización de estructuras seguras para realizar inversiones en estos países, ya que mientras en Europa se tiende a la convergencia fiscal, en los países latinoamericanos puede resultar fácil entrar, pero, sin planificar de forma adecuada la estructura de la inversión, la salida puede resultar costosa en términos de "factura fiscal".
En este sentido, y con la finalidad de ayudar a nuestras empresas en su proceso de internacionalización, España sigue trabajando en sus relaciones con Latinoamérica, incrementando la suscripción de convenios. En la actualidad hay 8 CDI en vigor, estando próximos los convenios con Costa Rica y El Salvador. De este modo, España refuerza su posición y se erige en una de las jurisdicciones más atractivas desde la que invertir en Latinoamérica.
La posición estratégica de España es cada vez más destacada, y ya existe un gran número de compañías extranjeras que utilizan nuestras plataformas económicas para invertir en Latinoamérica. Estas decisiones se ven reforzadas por el propio sistema fiscal español, que cuenta con la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que facilita y beneficia las inversiones realizadas desde España hacia terceros países.
Manuel de la Puerta / Fernando MUñoz. Socio y director de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios
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