REPORTAJE: Empresas & sectores
Las empresas españolas conviven en un escenario dividido entre el miedo a las nacionalizaciones y la firma de lucrativos contratos
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA VEGA 26/07/2009
Invertir en Venezuela (remedando a Winston Churchill) se ha convertido en una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Al menos a ojos de las compañías españolas, que sufren una singular esquizofrenia en el país caribeño. Por un lado, el Gobierno de Hugo Chávez nacionaliza empresas, como ha sufrido en sus propias carnes el Banco de Venezuela (Banco Santander) y, por otro, les firma contratos multimillonarios (Iberdrola
Desde 2007, Caracas ha gastado más de 6.000 millones en nacionalizaciones
"Se han dado más de 100 casos de ocupación de tierras agrícolas"
Elecnor, Duro Felguera), que les garantizan sustanciosos ingresos.
En este escenario, las firmas españolas tratan de hacer eso que los clásicos denominaban "negocios". No es una tarea fácil. Desde 2007, las autoridades venezolanas han nacionalizado, según la consultora Capital Economics, cerca de cien compañías. Una idea de la profundidad de este proceso es que sólo en mayo pasado se estatalizaron 66.
Este retorno al Estado es intenso sobre todo con lo relacionado con los hidrocarburos. Chávez lo ha dejado claro: "pertenecen a Venezuela". Y por ahí van los hechos. Sin duda, el oro negro es la clave del laberinto venezolano. Hace diez años representaba el 78% de las exportaciones totales del país, el año pasado ya alcanzaban, en términos de valor, el 93%.
La consultora ODH estima que el Estado venezolano pagó por nacionalizaciones en los tres últimos años 6.636 millones (4.663 millones de euros) del erario público para compensar las expropiaciones. "Las nacionalizaciones como estrategia van a continuar, pero la intensidad dependerá del precio del petróleo. Un barril alto traerá más", avanza Juan Carlos Martínez, profesor de Economía del Instituto de Empresa. Los datos no dicen lo mismo.
Chávez ha hecho de esta política de convertir al Estado en empresario su bandera y no está dispuesto a arriarla. Ahí están para atestiguarlo gigantes como ExxonMobil, que se encuentra a la espera de arbitraje internacional para fijar un precio por la nacionalización de sus activos. Un camino similar pueden seguir Cemex y
ConocoPhilips.
Y todo con una evidente sensación de inseguridad jurídica de fondo. Aunque las percepciones van por barrios. Isaías Rodríguez, nuevo embajador de Venezuela en España, niega la mayor: "Las inversiones son absolutamente seguras", dice, y argumenta que el Santander sigue en el país, incluso tras "la venta" de Banco de Venezuela; que Iberinco (filial de Iberdrola) tiene un contrato para construir una planta de ciclo combinado (2.000 millones de dólares) más grande que la que levanta en Qatar y que Telefónica cuenta con once millones de clientes.
Sin embargo, algunas normativas recientes, como el proyecto (ahora parado) de ley de propiedad social o la reforma de la ley de propiedad industrial, que afecta a las patentes, están dejando mucha intranquilidad bajo el dintel de la puerta.
En este último caso, la Administración plantea que las patentes entregadas a los laboratorios farmacéuticos, que hoy tienen una vigencia indefinida, tengan un límite máximo de 20 años. Eso, dicen en Caracas, abarataría los precios de los medicamentos. Más dudas suscitan las "licencias obligatorias", por las cuales, en "situaciones de emergencia", el Estado permitiría explotar una patente farmacéutica sin consentimiento de su titular. La duda es qué se entiende por "situaciones de emergencia".
Sea como fuere, "medidas legislativas como éstas crean mucha incertidumbre para las compañías que quieran establecerse en el país", analizan fuentes empresariales en Venezuela. El panorama que dibujan estos expertos es complicado para las inversiones españolas. "Se han dado más de cien casos de ocupación de tierras agrícolas y de inmuebles en Caracas. Algunos han afectado a españoles". Y se preguntan: "¿Cómo no va a influir esto en el comercio si, además, el país tiene un grave problema de inseguridad y delincuencia? Las compañías se lo piensan mucho antes de meter un duro aquí".
Porque el problema no es sólo meter ese duro, sino sacarlo. Desde 2003 funciona la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), que regula y ordena la repatriación de los beneficios y dividendos (o sea, las divisas) obtenidos por las empresas extranjeras en suelo venezolano. Pero las autorizaciones sufren de "una gran lentitud y una enorme burocracia", afirma un empresario con intereses en el país, que prefiere no identificarse. En el otro lado, defienden el sistema. "Nos permite resguardar nuestras divisas. Y frente a lo que algunos puedan decir, no es imposible repatriar las ganancias, sino que se hace parcialmente", describe el embajador de Venezuela en España.
Pero lo cierto es que es un modelo que desincentiva la inversión. "El BBVA tiene pendientes de repatriar casi 200 millones de euros, y Mapfre ha optado por reinvertir los beneficios ante la imposibilidad de sacarlos", afirma un profesional próximo a la embajada española en Venezuela. Telefónica reconoció en mayo que tramitaba repatriar un dividendo de 400 millones de euros procedente de beneficios no distribuidos de 2006, paso previo para pedir luego permiso para repatriar los de 2007 y 2008.
Aun así, en este comportamiento bipolar, donde se alternan las oportunidades de negocio y el palo entre las ruedas, la verdad es que Venezuela mantiene su innegable atractivo. Santander,
Repsol, BBVA, Elecnor, Iberdrola, Técnicas Reunidas,
CAF... estarán este domingo en plena misión empresarial al país encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. "Esta elevada presencia de compañías españolas es la mejor constatación de que este mercado es atractivo y fiable jurídicamente", indica Rafael Conde de Saro, del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El ejemplo del Santander es singular. Todos los analistas consultados consideran que el precio (1.050 millones de dólares) que ha pagado Chávez por la filial venezolana (Banco de Venezuela) ha sido alto y, además, fue la propia entidad, dicen, quien puso el banco en el mercado. "Se ha pagado un buen precio por él", reconoce una fuente de la Administración española.
Sea como fuere, "medidas legislativas como éstas crean mucha incertidumbre para las compañías que quieran establecerse en el país", analizan fuentes empresariales en Venezuela. El panorama que dibujan estos expertos es complicado para las inversiones españolas. "Se han dado más de cien casos de ocupación de tierras agrícolas y de inmuebles en Caracas. Algunos han afectado a españoles". Y se preguntan: "¿Cómo no va a influir esto en el comercio si, además, el país tiene un grave problema de inseguridad y delincuencia? Las compañías se lo piensan mucho antes de meter un duro aquí".
Porque el problema no es sólo meter ese duro, sino sacarlo. Desde 2003 funciona la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), que regula y ordena la repatriación de los beneficios y dividendos (o sea, las divisas) obtenidos por las empresas extranjeras en suelo venezolano. Pero las autorizaciones sufren de "una gran lentitud y una enorme burocracia", afirma un empresario con intereses en el país, que prefiere no identificarse. En el otro lado, defienden el sistema. "Nos permite resguardar nuestras divisas. Y frente a lo que algunos puedan decir, no es imposible repatriar las ganancias, sino que se hace parcialmente", describe el embajador de Venezuela en España.
Pero lo cierto es que es un modelo que desincentiva la inversión. "El BBVA tiene pendientes de repatriar casi 200 millones de euros, y Mapfre ha optado por reinvertir los beneficios ante la imposibilidad de sacarlos", afirma un profesional próximo a la embajada española en Venezuela. Telefónica reconoció en mayo que tramitaba repatriar un dividendo de 400 millones de euros procedente de beneficios no distribuidos de 2006, paso previo para pedir luego permiso para repatriar los de 2007 y 2008.
Aun así, en este comportamiento bipolar, donde se alternan las oportunidades de negocio y el palo entre las ruedas, la verdad es que Venezuela mantiene su innegable atractivo. Santander,
Repsol, BBVA, Elecnor, Iberdrola, Técnicas Reunidas,
CAF... estarán este domingo en plena misión empresarial al país encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. "Esta elevada presencia de compañías españolas es la mejor constatación de que este mercado es atractivo y fiable jurídicamente", indica Rafael Conde de Saro, del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El ejemplo del Santander es singular. Todos los analistas consultados consideran que el precio (1.050 millones de dólares) que ha pagado Chávez por la filial venezolana (Banco de Venezuela) ha sido alto y, además, fue la propia entidad, dicen, quien puso el banco en el mercado. "Se ha pagado un buen precio por él", reconoce una fuente de la Administración española.
Y al BBVA no le va, precisamente, mal. Su Banco Provincial consiguió el año pasado un beneficio neto de 205 millones de euros y es el tercero del país por cuota de depósitos (10,2%), donde ya maneja 9.872 millones de euros en activos y logra dobles dígitos en crecimientos de créditos (17,8%) y depósitos (26%). A Telefónica le ocurre algo similar.
Y es que en el laberinto venezolano no hay que perder de vista los grises y saber distinguir qué decisiones son una respuesta a una política de consumo interno y cuáles son, por decirlo así, estructurales. Porque las relaciones de pareja son siempre cosa de dos. Y entre España y Venezuela "nunca han estado mejor", sentencia el embajador venezolano. -
Y es que en el laberinto venezolano no hay que perder de vista los grises y saber distinguir qué decisiones son una respuesta a una política de consumo interno y cuáles son, por decirlo así, estructurales. Porque las relaciones de pareja son siempre cosa de dos. Y entre España y Venezuela "nunca han estado mejor", sentencia el embajador venezolano. -
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