Claves para una reforma de las pensiones en España

TRIBUNA: Laboratorio de ideas Ignacio Eyries
Ignacio Eyries 18/10/2009



Cada vez son más, y más cualificadas, las voces que alertan de que la sostenibilidad del actual sistema de pensiones en España se encuentra amenazada por serias dificultades. En el corto plazo, éstas se derivan del vuelco de la coyuntura macroeconómica y de la destrucción intensa de empleo, lo que socava la salud financiera del sistema al reducir el PIB y la base de cotizantes. A medio plazo, la crisis económica augura un periodo de bajos ritmos de crecimiento y creación de empleo, extendiendo sus consecuencias negativas para el mantenimiento de las pensiones de acuerdo con su actual configuración.

El envejecimiento de la población será el gran condicionante para la viabilidad del sistema

Defendemos un modelo con tres soportes: público, de capitalización obligatorio y de ahorro voluntario
Con todo ello, las mayores y más graves dificultades para la permanencia del sistema provendrán, en un periodo de tiempo más extenso, del envejecimiento de la población, pues el incremento que experimentarán las tasas de dependencia conducirá a desequilibrios financieros severos. Éste es, sin duda alguna, el gran condicionante para la viabilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, ya que España se perfila como uno de los países donde más intenso será el proceso de inversión de la pirámide poblacional.

Los notables incrementos de la esperanza de vida y las reducidas tasas de natalidad generan un proceso de envejecimiento de la población que transforma radicalmente el contexto demográfico en que los actuales sistemas de pensiones nacieron y vienen operando desde hace décadas. Un problema que no es privativo de España, pues la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones está amenazada en muchos países desarrollados.

En el ámbito internacional, organismos como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI o la Comisión Europea aconsejan desde hace tiempo la necesidad de importantes reformas de carácter estructural. En nuestro país, prestigiosas instituciones como el Banco de España, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y los gabinetes de estudios de La Caixa y BBVA, entre otros, señalan en la misma dirección.

Por otra parte, a las razones coyunturales y estructurales se unen otras basadas en los defectos del sistema, que no hemos de olvidar y conviene paliar: que su fortaleza es aparente, al estar condicionada por las obligaciones para el futuro contraídas con los cotizantes actuales; que el sistema actual conduce a una merma de la responsabilidad individual; que limita las opciones de elección del individuo coartando su libertad; que no compatibiliza correctamente los intereses colectivos e individuales o que garantiza una pensión pero nunca el importe de la misma.

Así, si todos los argumentos que evidencian la necesidad de reformar el sistema son claros, el cómo hacerlo no lo es tanto. Hasta ahora, las variaciones acometidas, como es el caso en España con el Pacto de Toledo, sólo han dilatado el problema en el tiempo, trasladándolo a las futuras generaciones. Sin embargo, no será suficiente el incremento de la presión fiscal, bien a través de las cotizaciones o mediante impuestos. La única solución pasa por abrir un debate profundo y responsable para la reforma del sistema.

El Círculo de Empresarios considera que la reapertura de un nuevo proceso de evaluación del Pacto de Toledo puesto en marcha por el Congreso se produce en un momento absolutamente propicio para buscar el mayor consenso político y social, capaz de generar verdaderas y definitivas soluciones. Con el objetivo de contribuir eficaz y responsablemente, el Círculo se ha pronunciado sobre la necesidad de transitar hacia sistemas de capitalización y, recientemente, dio un paso más, abogando por un modelo mixto en el que convivan el reparto y la capitalización, dando a ésta, paulatinamente, un mayor peso en el sistema.

El modelo propuesto se basa en tres soportes: un sistema público de pensiones, un sistema de capitalización obligatorio y un sistema de ahorro individual voluntario.

El primero de ellos, similar al actual de pensiones de reparto, se orienta a la provisión de subsidios básicos que garanticen un nivel de vida mínimo. Si bien se haría necesaria la modificación de algunos de sus parámetros, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, para así dotarlo de mejor salud financiera: en cuanto a los ingresos, una reducción de las cotizaciones a este primer soporte se destinaría a financiar el segundo por parte de quienes alcanzaran unos determinados requisitos. Respecto a los gastos, habría una reducción proporcional que debería potenciarse con medidas como el establecimiento de un límite a las pensiones máximas y la introducción de cambios en el cálculo de la base reguladora, aumentando los años cotizados para lograr una mayor proporcionalidad entre las aportaciones realizadas al sistema y las pensiones percibidas.

Otra medida sería la introducción de cuentas nocionales que registren las aportaciones del individuo con los rendimientos correspondientes a su vida laboral, calculados con una tasa nocional, es decir, un rendimiento de futuro. Ello permitiría contabilizar con exactitud los compromisos adquiridos, lo que contribuiría a un mejor conocimiento en cada momento de la situación financiera del sistema. Países como Suecia, Italia o Polonia han adoptado ya este tipo de cuentas.

El segundo soporte, cuya importancia cuantitativa crecería de modo gradual, consistiría en un sistema obligatorio de capitalización con un fondo de pensiones a nombre del trabajador al que aportarían él mismo y su empleador, siempre que la persona ocupada superase un mínimo nivel de ingresos, para evitar el sobreahorro por parte de las rentas más bajas. De esta forma, el trabajador es el propietario del plan de pensiones y, por lo tanto, si se cambia de empresa se lo lleva consigo. En caso de fallecimiento, el plan pasaría a manos de sus legítimos herederos.

La financiación de este sistema procedería de las cotizaciones sociales reducidas del primer soporte y trasladadas a la capitalización de este segundo. Hay que descartar un aumento de las cotizaciones sociales, ya que incrementaría los costes del empleo para las empresas, dañando su competitividad, y la del conjunto de la economía así como su capacidad de creación de empleo. Para esta nueva clase de fondos de pensiones, el trabajador podría elegir el tipo de gestión, bien pública o privada, y podría decidir en qué activos invertir, asumiendo, por tanto, la responsabilidad sobre sus propios ahorros.

Con este sistema, la pensión de jubilación sería la suma de la pensión del régimen de reparto, calculada con una reducción proporcional a la de las aportaciones, más la procedente del nuevo sistema de capitalización, que se percibiría en forma de renta. El tratamiento fiscal, tanto para las pensiones del primer y segundo soporte, podría ser similar.

El tercer soporte equivaldría a los actuales fondos de pensiones privados, que suponen tan sólo un 2% del total de las pensiones en España. En este caso, sería necesaria la puesta en marcha de nuevos incentivos fiscales para promover el ahorro voluntario en fondos de pensiones privados tanto individuales como empresariales. Asimismo, se debería incrementar la seguridad jurídica de este tipo de inversiones a largo plazo dando estabilidad a la legislación y eliminando incertidumbres en sus aspectos legales y tributarios.

Con una reforma en la dirección a la que apunta el Círculo de Empresarios, se lograría garantizar la necesaria sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro y también incentivar el ahorro mediante inversiones no especulativas, estables y a largo plazo. Promueve, además, la responsabilidad personal y garantiza la libertad de elección, la justicia y la solidaridad.


Ignacio Eyries es presidente del Comité sobre el Sistema de Pensiones del Círculo de Empresarios.