miércoles, 24 de junio de 2009

Dilema en las pensiones privadas latinoamericanas



TRIBUNA: Laboratorio de ideas CARMELO MESA-LAGO
CARMELO MESA-LAGO 03/05/2009

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La mitad de los 20 países latinoamericanos tiene hoy sistemas de pensiones de capitalización individual y administración privada, que sustituyeron de manera total o parcial al sistema público de reparto.

Comenzando en Chile en 1981, la región fue pionera mundial en "reformas estructurales" privatizadoras que, si bien tuvieron algunos aciertos, adolecieron de serias fallas en el diseño inicial o en su desempeño posterior, las cuales requirieron correcciones puntuales en varios países. Pero el año pasado dos de ellos fueron más lejos, con "re-reformas" diametralmente opuestas: Chile implantó el pasado julio una transformación comprensiva que mantuvo el sistema actual pero resolvió o alivió algunos de sus problemas y mejoró otros aspectos, mientras que en diciembre Argentina eliminó el sistema privado y forzó el traspaso de 9,5 millones de sus asegurados y el fondo acumulado de 23.000 millones de euros (más 3.500 millones de euros en futuras contribuciones anuales) al sistema público de reparto antes de la ley, 2,1 millones de asegurados habían optado voluntariamente por el traspaso pero el 72% decidieron quedarse en el sistema privado. Los otros ocho países (Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay) probablemente seguirán una de estas dos vías; los otros diez mantienen sistemas públicos de reparto. ¿Cuál de los dos modelos de re-reforma es mejor?
Los sistemas privados de pensiones en América Latina están abocados a su reforma o a su supresión
Dos modelos muy distintos, el chileno y el argentino, inspiran los cambios en los sistemas de previsión
Cada país ha de abordar la "re-reforma" de la manera más adecuada según sus características y necesidades propias, pero debería ser precedida de un diálogo social que incluya a los trabajadores, pensionados y otros actores clave, y que promueva los principios internacionales de seguridad social de la OIT: universalidad, trato igual, solidaridad social, equidad de género, suficiencia de las prestaciones, regulación y supervisión públicas, gastos administrativos moderados, participación social en la gestión y sustentabilidad financiera-actuarial a largo plazo que garantice las pensiones futuras.
Los sistemas privados generaron una importante acumulación de capital en las cuentas individuales, alcanzando el 64% del PIB en Chile pero sólo el 12% en Argentina, y mejoraron algunos aspectos de eficiencia. Pero en ambos países sus fallas superaron las ventajas: caída en la cobertura de la fuerza laboral; bajísima afiliación voluntaria de trabajadores independientes en Chile (aunque obligatoria en Argentina); pensiones asistenciales para los pobres pero restringidas por lista de espera y disponibilidad de recursos fiscales; parte de los asegurados sin derecho a recibir ni la pensión mínima (por no tener los 20 o 35 años de contribución requeridos) ni la asistencial (por no cumplir los requisitos de la prueba de ingreso); desigualdad de trato porque las fuerzas armadas fueron excluidas de la reforma y mantienen programas separados con pensiones superiores mayormente financiadas por el fisco (también parte de los funcionarios provinciales argentinos); carencia de solidaridad ya que las pensiones mínimas y asistenciales son enteramente sufragadas por el Estado; inequidad por género, como una cobertura de la mujer inferior a la del hombre, agravada por la acentuación de dicha inequidad por el sistema privado (pensiones inferiores en parte porque la reforma inicial aumentó los años de contribución requeridos para la pensión mínima); atomización de las funciones de regulación y supervisión de todo el sistema; costos administrativos altos y estancados; ausencia de participación de trabajadores en la gestión de las administradoras a pesar de ser ellos los dueños de los fondos de pensiones; serio incumplimiento en el pago de contribuciones (mayor en Argentina que en Chile), y altos costos de transición (5% del PIB en Chile).
La "re-reforma" chilena de la presidenta Bachelet fue precedida de un amplio diálogo social cuyas recomendaciones se incorporaron en la ley, resolvió o mejoró varias de las fallas explicadas, y promueve los principios de seguridad social. Extiende la cobertura al disponer la obligatoriedad legal gradual e incentivos para incorporar a los independientes, también abre la afiliación voluntaria a los que no desempeñan actividad remunerada y otorga un subsidio fiscal a los trabajadores jóvenes. Mejora la solidaridad mediante el otorgamiento estatal de una pensión básica solidaria universal a los pobres y grupos de más bajo ingreso, sin lista de espera ni limitantes fiscales, y resuelve la previa falta de protección a los afiliados que no calificaban a una pensión mínima ni a una asistencial.
Asimismo mejora las pensiones existentes con un aporte fiscal a la pensión contributiva de los grupos de menor ingreso, aporte que disminuye según crece la pensión y se extingue cuando excede un tope. Mitiga la equidad de género concediendo a todas las madres un bono de maternidad por cada hijo nacido vivo, y el 60% del total de los beneficiarios de la nueva pensión básica son mujeres.
También integra en una sola superintendencia la fiscalización de todas las pensiones y refuerza la regulación del sistema, instituye una comisión de usuarios para el monitoreo de la reforma, estimula la competencia e introduce mecanismos para reducir el costo administrativo, crea una entidad para facilitar la tramitación de los nuevos beneficios, informar a los beneficiarios y promover la educación previsional. Por último, promueve la contribución voluntaria de los empleadores a través de un ahorro voluntario, con pago diferido del impuesto a la renta, y sienta una base financiera sólida para la re-reforma con proyecciones fiscales hasta 2025 y evaluaciones actuariales anuales.
En Argentina, a raíz de la crisis de 2001, hubo un amplio debate sobre el sistema previsional, pero sus lineamientos no fueron incorporados por la presidenta Fernández a su "re-reforma", la cual no es comprensiva, adolece de escasa regulación y vacíos legales, y es más débil en el cumplimiento de los principios de la seguridad social que la reforma chilena.

No introduce incentivos para aumentar la muy baja cobertura, ni una pensión asistencial para todos los pobres y grupos de menor ingreso. Estipula prestaciones iguales o mejores para los asegurados traspasados al sistema público pero sin determinar cómo se calcularán. No introduce medidas para compensar a la mujer cuando deja el trabajo para criar a los hijos. Encarga la supervisión del sistema a una comisión del Congreso pero sus decisiones no son obligatorias, y no crea mecanismos de participación social en la gestión del sistema.

Más aún, somete a riesgo la sustentabilidad financiera del sistema integrado porque traspasó sus recursos a un "fondo de garantía" administrado por una entidad pública legalmente autónoma, pero sin regulación de las inversiones ni cautelas que impidan que dichos recursos sean prestados al Gobierno para cubrir el déficit fiscal y pagar la deuda externa. A pesar de la jugosa inyección financiera a corto y mediano plazo recibida por el Estado, éste probablemente tendrá que hacer transferencias en el largo plazo para financiar las obligaciones futuras de los asegurados del cerrado sistema privado (no se hicieron cálculos actuariales para proyectar los costos). Por último, el traspaso al sistema público de los fondos en las cuentas individuales propiedad de los asegurados, sin el consentimiento de éstos, puede provocar numerosos litigios judiciales a un alto costo fiscal, como sucedió en el pasado.
Ninguna de las dos reformas resuelve el problema de desigualdad de trato al excluir ambas a las fuerzas armadas (en Argentina también a funcionarios provinciales y municipales) que reciben beneficios superiores a los del sistema general, con fuertes subsidios fiscales.
¿Cuál de los dos modelos seguirán los otros ocho países con sistemas privados de pensiones? El Gobierno boliviano ha anunciado que nacionalizará éstos y ya hay dos proyectos legales en discusión.
Por el contrario, Uruguay introdujo recientemente cambios al estilo chileno para extender la cobertura, aumentar la competencia, reducir el costo administrativo y otorgar un bono de maternidad. Es probable que Colombia, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana adopten este tipo de medidas; es difícil predecir el camino de El Salvador.
La mitad de los países latinoamericanos con sistemas públicos de reparto enfrenta problemas, algunos similares y otros diversos a los de los sistemas privados, tema para un próximo artículo.
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Carmelo Mesa-Lago es catedrático de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).

domingo, 21 de junio de 2009

El socialismo para ricos de Estados Unidos



TRIBUNA: Laboratorio de ideas

JOSEPH E. STIGLITZ


Con todo lo que se está hablando sobre los brotes verdes de la recuperación económica, los bancos de Estados Unidos tratan de repeler los intentos de someterlos a regulación. Aunque los políticos hablen de comprometerse a llevar a cabo una reforma regulatoria para evitar que se repita la crisis, éste es un asunto en el que el diablo realmente se oculta en los detalles, y los bancos harán acopio de toda la fuerza que les quede para asegurarse de que tienen margen de sobra para seguir como antes.
El Gobierno de Obama ha confundido rescatar a los banqueros y sus accionistas con rescatar los bancos
El viejo sistema funcionaba bien para los bancos (aunque no para sus accionistas), así que ¿por qué iban a querer un cambio? De hecho, los esfuerzos por sacarlos a flote han invertido tan poco tiempo en pensar en la clase de sistema financiero que queremos para después de la crisis que vamos a terminar con un sistema bancario que es menos competitivo y en el que los grandes bancos que eran demasiado grandes para hundirse serán aún más grandes.
Desde hace mucho se es consciente de que esos bancos que son demasiado grandes para hundirse son también demasiado grandes para poder controlarlos. Ése es uno de los motivos por los que el rendimiento de varios de ellos ha sido tan desastroso. Cuando se hunden, el Gobierno organiza una reestructuración financiera y les proporciona garantías para los depósitos, con lo que adquiere una participación en su futuro. Las autoridades saben que si esperan demasiado es probable que los bancos zombies o casi zombies -con poco o ningún valor neto, pero a los que se trata como si fueran instituciones viables- "apuesten por la resurrección". Si hacen grandes apuestas y ganan, se largan con la recaudación; si les salen mal, el Gobierno paga la cuenta.
Esto no es simplemente una teoría; es una lección que aprendimos, a un alto precio, durante la crisis de las cajas de ahorro de Estados Unidos en los años ochenta. Cuando el cajero automático dice "fondos insuficientes", el Gobierno no quiere que eso signifique que es el banco, y no la cuenta corriente, el que está sin dinero, así que interviene antes de que la caja esté vacía. En una reestructuración económica, lo habitual es que los accionistas se queden sin un duro, y los propietarios de bonos se conviertan en los nuevos accionistas. A veces, el Gobierno se ve obligado a proporcionar fondos adicionales, o tiene que haber un nuevo inversor que esté dispuesto a hacerse cargo del banco que se ha hundido.
Sin embargo, la Administración de Obama ha introducido un nuevo concepto: demasiado grande para ser sometido a una reestructuración financiera. El Gobierno sostiene que se desataría el caos si con estos grandes bancos intentáramos jugar según las reglas de juego habituales. Los mercados serían presa del pánico. Así que no sólo no podemos tocar a los propietarios de bonos, sino que ni siquiera podemos tocar a los accionistas (aunque la mayor parte del valor real de las acciones sea un mero reflejo de una apuesta basada en una ayuda financiera del Gobierno).
Creo que esa opinión es errónea. Pienso que la Administración de Obama ha sucumbido a la presión política y a los augurios pesimistas de los grandes bancos que explotan el miedo. Como consecuencia, el Gobierno ha confundido rescatar a los banqueros y sus accionistas con rescatar los bancos.
La reestructuración da a los bancos la oportunidad de empezar de cero: los nuevos posibles inversores (ya sean propietarios de capital o de instrumentos de deuda) tendrán más confianza, otros bancos estarán más dispuestos a concederles préstamos y ellos estarán más dispuestos a prestar dinero a otros. Los propietarios de bonos se beneficiarán de una reestructuración ordenada, y si el valor de los activos es verdaderamente más alto de lo que cree el mercado (y los analistas externos), al final cosecharán las ganancias.
Pero lo que está claro es que los costes actuales y futuros de la estrategia de Obama son muy elevados (y, por el momento, no han alcanzado su limitado objetivo de reactivar el préstamo). El contribuyente ha tenido que apoquinar miles de millones, y ha proporcionado miles de millones más en garantías, facturas que es probable que haya que pagar en el futuro.
Reescribir las normas de la economía de mercado (de un modo que ha beneficiado a aquellos que han causado tanto dolor a toda la economía mundial) no sólo es caro desde el punto de vista financiero, sino que es algo peor. La mayoría de los estadounidenses lo consideran terriblemente injusto, especialmente después de haber visto a los bancos desviar los miles de millones destinados a permitirles reactivar el préstamo hacia pagos de primas y dividendos gigantescos. Romper el pacto social es algo que no debería hacerse a la ligera.
Pero esta nueva forma de sucedáneo del capitalismo, según la cual las pérdidas se socializan y los beneficios se privatizan, está condenada al fracaso. Los incentivos están distorsionados. No hay disciplina de mercado. Los bancos "demasiado grandes para ser reestructurados" saben que pueden apostar impunemente (y, con la Reserva Federal proporcionando dinero a unos tipos de interés cercanos a cero, hay fondos de sobra para hacerlo).
Algunos han llamado a este nuevo régimen económico "socialismo con características estadounidenses". Pero el socialismo se preocupa por los individuos corrientes. En cambio, Estados Unidos ha proporcionado poca ayuda a los millones de estadounidenses que están perdiendo sus hogares. Los trabajadores que se quedan en paro sólo se benefician de ayudas limitadas por desempleo durante 39 semanas, y luego son abandonados a su suerte. Y cuando pierden su empleo, la mayoría de ellos también pierden su seguro médico.
Estados Unidos ha ampliado su colchón de seguridad empresarial de una forma que no tiene precedentes, desde los bancos comerciales hasta los de inversión, luego a los seguros y ahora a los automóviles, sin que haya un límite a la vista. En realidad, esto no es socialismo, sino una prolongación de la arraigada asistencia social a las empresas. Los ricos y poderosos acuden al Gobierno para que les ayude siempre que pueden, mientras que los individuos necesitados reciben poca protección social.
Tenemos que terminar con los bancos "demasiado grandes para hundirse"; no hay pruebas de que estos gigantes reporten beneficios sociales que estén en consonancia con los costes que han impuesto a otros. Y si no nos deshacemos de ellos, tenemos que limitar estrictamente lo que hacen. No se les puede permitir que hagan lo mismo que han hecho en el pasado: apostar a costa de otros.
Joseph E. Stiglitz, catedrático de Economía de la Universidad de Columbia, encabeza una comisión de la ONU que estudia reformas del sistema monetario y financiero internacional. (C) Project Syndicate, 2009. Traducción de NewsClips

domingo, 7 de junio de 2009

¿Capitalismo antihumano? Luis Ugalde



La economía capitalista es extraordinariamente eficaz para producir bienes en abundancia; con ella miles de millones se han liberado de la pobreza tradicional. En China y en la India, en la próxima década cientos de millones saldrán de la pobreza económica, gracias a los avances del capitalismo que aplica con éxito la tecnología a la revolución productiva.
Pero la economía no es la sociedad, apenas una parte de ella, y reducir a la persona al “homo economicus” nos lleva a una humanidad profundamente enferma, aunque materialmente menos pobre. La persona humana no se reduce a un animal que produce y consume para alimentar el mercado capitalista en carrera continua. La economía capitalista utiliza el individualismo y la búsqueda del “interés propio” como una poderosa fuerza motora creativa, pero el ser humano no es puro individualismo y egoísmo, sino también solidaridad y amor. No somos sólo lobos unos contra otros, sino también hermanos unos con otros.

Dos fuentes irreductibles de identidad humana, que requieren fuerza suficiente para complementarse, hacerse contrapeso y corregirse mutuamente; con uno solo de estos motores los humanos no levantamos vuelo. La economía tiene sentido como base e instrumento para la libertad y la dignidad de todos en un mundo en paz. El mercado sólo no pone la economía próspera al alcance de todos los pueblos; se requiere desarrollo espiritual, con convicciones éticas vigorosas que inspiren y modelen la conducta humana, le den valor y sentido a la vida y a la economía y desarrollen leyes e instituciones fuertes y eficaces.
El capitalismo exitoso trae otros problemas: salimos de la economía ancestral con escasez, hambrunas, enfermedades, guerras y limitaciones y ahora la abundancia nos lleva a otra escasez: destrucción del medio ambiente, de las condiciones de vida para animales y vegetales, e insuficiencia de fuentes de energía y algunas materias primas. El capitalismo tiene tanta fuerza productiva que su capacidad destructiva es monstruosa e imparable por sí misma. La ley del más fuerte en la competencia trae la exclusión de los más débiles y la guerra; la exclusiva de la lógica del mercado lleva aceleradamente a la destrucción de la tierra como casa acogedora y al enfrentamiento social. Vivimos una crisis de civilización.
Las empresas más exitosas planifican, calculan, hacen alianzas y fusiones… es decir, ordenan las fuerzas (no las dejan al ciego mercado) para sus fines. En tiempo de crisis hasta los más liberales piden la intervención del Estado y de las leyes. La vida digna requiere defender la tierra como hábitat adecuado, el diálogo y convivencia entre pueblos, razas, culturas diversas que se reconocen y aprecian. No sólo se requieren estados nacionales, sino autoridad, instituciones y ciudadanía mundiales, cuyo objetivo es que a todos lleguen aquellos bienes y posibilidades humanas que hoy son técnicamente alcanzables, pero no asequibles con sólo el interés económico sin el humanismo solidario.
El capitalismo es unilateral, antihumano y destructivo, si no va acompañado del otro principio de la dignidad humana, del amor y de la solidaridad; pero es una necesidad y bendición si el interés propio y las fuerzas del mercado son orientadas por leyes e instituciones hacia un nuevo humanismo, que afirma la dignidad y ofrece oportunidades para la creatividad de todos.
No hay ley económica, ni marxista, ni capitalista, que pueda evitar el desastre, sino la conciencia humana con sus valores, de amor y solidaridad, y del instinto de conservación inteligente, que ordenan la economía como parte de una civilización para la vida humana global y personal. Cuanto más exitoso el capitalismo, más eficaz la destrucción de las formas tradicionales de solidaridad, de religión, de ética, de expresiones no económicas de la vida y de la dignidad humanas. No se puede esperar del capitalismo económico que las reponga con nuevas formas de espiritualidad, de solidaridad y de sentido trascendente de la vida; éstas tienen otras raíces no económicas y hay que cultivarlas para que crezcan vigorosas y se expresen en relaciones sociales, instituciones, prácticas sociales, organizaciones y leyes no reducibles a la economía y con una lógica distinta y complementaria a la del mercado.
fernandamujica@gmail.com