sábado, 6 de noviembre de 2010

Elementos para un debate sobre las pensiones


JOAN ESTEBAN 06/11/2010



Un amplio grupo de economistas promocionado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, presentó un documento sobre la reforma del sistema de pensiones. Puesto que difícilmente puede haber debate desde la unanimidad, quiero presentar algunos argumentos discrepantes que deberíamos tomar en consideración al reflexionar sobre el sistema de pensiones.

Los salarios no pueden solos. Hay que incorporar la reforma fiscal y la lucha contra el fraude
El peso de los salarios. Creo que el problema de las pensiones en España es también -quizás fundamentalmente- un problema de redistribución de la renta. Las contribuciones a la Seguridad Social provienen fundamentalmente de las cotizaciones ligadas a los salarios. El peso de estos dentro del PIB ha pasado del 68% en 1976 al 54,5% en 2006. Así, una parte cada vez más pequeña de la renta nacional constituye el núcleo de la base fiscal para contribuir al sistema de pensiones. Uno podría argumentar que esta disminución se corresponde con una caída en el número de asalariados. Sin embargo, en este mismo periodo los asalariados han pasado de ser el 34% al 44% de la población española.

El salario ha disminuido respecto a la renta media. La gran parte del incremento de la productividad no ha ido a parar a los salarios. Es evidente, pues, que la viabilidad del sistema de Seguridad Social depende críticamente de frenar este proceso o de encontrar una nueva base fiscal. Algunos dirán que la disminución relativa de los salarios es el reflejo de la escasa productividad. Pero la productividad no es solo responsabilidad del trabajador. También depende de forma esencial de la inversión en tecnologías avanzadas.

La "viabilidad" del sistema de pensiones. La discusión parece atrapada en un debate sobre la evolución futura de los ingresos y pagos por pensiones. También en el Informe Fedea. Pero, ¿por qué no se integran en el Presupuesto del Estado? Como contraposición, consideremos el ejemplo de las carreteras, que son utilizadas por los que tienen coche. Supongamos que por un razonamiento similar creásemos el "sistema de carreteras" con los impuestos sobre la gasolina como ingresos y la construcción y mantenimiento como gasto (y los planes Renove). Tendríamos que decir que la introducción del coche eléctrico pone en peligro la "viabilidad" del sistema de carreteras por la caída de ingresos.

Si para el automóvil no lo hacemos así, ¿por qué hacerlo con las pensiones? Pero, si las pensiones se integran en el presupuesto general, habrá que garantizar suficientes ingresos. ¿Los habrá? Pensemos en un simple ejercicio. Los economistas estarán de acuerdo en que la renta per cápita crecerá un 1% o 2% anual durante las próximas décadas. Pero esto significa que la renta de cada persona viva podría aumentar a esta tasa. Como la productividad de los activos crecerá mucho más, habrá que transferir más renta entre los ciudadanos.

La redistribución de la renta. Considero que el problema es que la redistribución de la renta en España es esencialmente una redistribución entre asalariados, mientras que las rentas no salariales escapan por diversos vericuetos al peso del IRPF.

Según los datos del IRPF, las rentas más altas del país son las salariales, mientras que las rentas de profesionales, autónomos, comerciantes o empresarios son menores y pagan menos impuestos. Las rentas de la propiedad son capítulo aparte. Además, tenemos la evasión directa, la imputación de gastos personales como si fuesen de empresa, etcétera.

La recaudación tributaria se basa de forma desproporcionada en los salarios y, además, culpamos a los asalariados de la baja productividad. Una política razonable, ni siquiera de izquierdas, debería poner fin a esta vergonzosa situación. Además, aportaría ingresos adicionales a la ética y a Hacienda.

Fondos privados de pensiones y sistema público de reparto. Es difícil estimar exactamente nuestro salario futuro, nuestra esperanza de vida y aún más anticipar las necesidades en la vejez. El Informe Fedea propone trasladar toda esta incertidumbre íntegramente a los asalariados, condicionando las pensiones a la situación del entorno socioeconómico del momento.

Pero uno de los motivos por los que se creó el sistema de pensiones fue que el Estado ofreciese un seguro a los asalariados garantizándoles unas rentas después de la jubilación que fuesen independientes de las contingencias que puedan ocurrir. Se duda de que el Estado pueda hacer frente a estos compromisos y por esto se nos insta a complementar las pensiones con fondos privados. Sin embargo, también es incierto su rendimiento y su valor en el momento en que los necesitemos.

Es cierto que la crisis actual ha demostrado que el riesgo de los activos financieros es, de hecho, limitado. El Estado avalará con su presupuesto cualquier posible contingencia catastrófica. Pero, en este caso, ¿no es más fácil, simple y transparente que el Estado avale directamente el sistema de pensiones con la totalidad de su presupuesto del mismo modo en que salva bancos y cajas cuando es preciso?

Conclusión. Creo que hay demasiada desigualdad salarial; que las rentas no salariales son excesivas y escapan en buena medida al fisco; que seguimos necesitando que el Estado sea nuestro seguro contra contingencias futuras y que debe asegurar al ciudadano antes que al sistema financiero.


Joan Esteban es miembro del Instituto de Análisis Económico, CSIC.

2 comentarios:

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