En economía siempre colocamos las cosas en blanco y negro -costos y beneficios- los actos de los hombres en posición de toma de decisiones que en lo privado como en lo público estos causan costos y beneficios.
La relación de costo/beneficio nos habla de lo acertado o no de las decisiones que se toman y que afectan a la economía de modo directo e indirecto. Por ejemplo, en una unidad económica, un gerente toma decisiones que en definitiva disminuyen o incrementan el valor de su empresa, sea suya o de los accionistas que lo colocaron en el cargo donde se toman decisiones. Los accionistas por lo general tienen el recurso de despedir al gerente si ellos piensan que por alguna razón sus decisiones han afectado negativamente la empresa.
Análogamente, cuando la empresa es un país, las decisiones en políticas públicas, tanto a nivel macroeconómico, digamos políticas económicas, controles de precios, control de los mercados y del cambio, políticas de ingreso y gasto público, impuestos, endeudamiento público, control de la autonomía del Banco Central, etc.; como en lo microeconómico, como cambios -incertidumbre- de las reglas del juego y en la legislación, derrumbe de instituciones, restricciones a los mercados, exceso de intervencionismo, deterioro de los derechos de propiedad, creación y estímulo de la corrupción como mecanismo de premiación social de los agentes del gobierno, ruina del marco jurídico, y reforzamiento de la corrupción, producen en lo económico, descapitalización, deterioro del capital humano, caída de los salarios e ingresos reales, caída de la inversión de la gente, caída en el consumo, y en lo social todo ello se expresará inevitablemente en el deterioro de la calidad de vida de la gente y en el ensanchamiento de los umbrales de pobreza. Si se quiere ejemplos, Cuba puede ser una muestra patética pero viva. ¿Cómo corregir esos costos causados por "malas" decisiones en políticas públicas?
En democracia, el voto es la expresión popular que hace posible los cambios. Claro está que estos cambios toman por lo general algo más de tiempo que conforman nuestras expectativas de mejor vivir, aunque mayor del tiempo que tardan en nuestro ejemplo del gerente causante de la mala fortuna en una empresa privada. ¿Cómo enjuiciar entonces la "responsabilidad civil" del gobernante que toma decisiones de políticas públicas capaces de arruinar a un país?
En la definición de las responsabilidades, el "enjuiciamiento" de la responsabilidad civil se hace por vía político-administrativa y política, y si el colectivo determina que las decisiones tomadas no fueron conducidas por los canales constitucionales y legales normados, el juicio puede acarrear responsabilidad que pudiera ser penalizada. Saltarse a la torera leyes y normas constitucionales para imponer políticas, no es algo que pueda conducirse sin enfrentar el juicio de la historia en el corto plazo, después de todo, el colectivo sanciona instituciones que exigirán responsabilidad que puede llegar hasta la penal.
Volviendo a nuestro tema cuantificar costos y beneficios, los economistas reducimos inteligentemente esos parámetros de costos/beneficios en términos utilitarios, contante y sonante.
Análogamente, cuando la empresa es un país, las decisiones en políticas públicas, tanto a nivel macroeconómico, digamos políticas económicas, controles de precios, control de los mercados y del cambio, políticas de ingreso y gasto público, impuestos, endeudamiento público, control de la autonomía del Banco Central, etc.; como en lo microeconómico, como cambios -incertidumbre- de las reglas del juego y en la legislación, derrumbe de instituciones, restricciones a los mercados, exceso de intervencionismo, deterioro de los derechos de propiedad, creación y estímulo de la corrupción como mecanismo de premiación social de los agentes del gobierno, ruina del marco jurídico, y reforzamiento de la corrupción, producen en lo económico, descapitalización, deterioro del capital humano, caída de los salarios e ingresos reales, caída de la inversión de la gente, caída en el consumo, y en lo social todo ello se expresará inevitablemente en el deterioro de la calidad de vida de la gente y en el ensanchamiento de los umbrales de pobreza. Si se quiere ejemplos, Cuba puede ser una muestra patética pero viva. ¿Cómo corregir esos costos causados por "malas" decisiones en políticas públicas?
En democracia, el voto es la expresión popular que hace posible los cambios. Claro está que estos cambios toman por lo general algo más de tiempo que conforman nuestras expectativas de mejor vivir, aunque mayor del tiempo que tardan en nuestro ejemplo del gerente causante de la mala fortuna en una empresa privada. ¿Cómo enjuiciar entonces la "responsabilidad civil" del gobernante que toma decisiones de políticas públicas capaces de arruinar a un país?
En la definición de las responsabilidades, el "enjuiciamiento" de la responsabilidad civil se hace por vía político-administrativa y política, y si el colectivo determina que las decisiones tomadas no fueron conducidas por los canales constitucionales y legales normados, el juicio puede acarrear responsabilidad que pudiera ser penalizada. Saltarse a la torera leyes y normas constitucionales para imponer políticas, no es algo que pueda conducirse sin enfrentar el juicio de la historia en el corto plazo, después de todo, el colectivo sanciona instituciones que exigirán responsabilidad que puede llegar hasta la penal.
Volviendo a nuestro tema cuantificar costos y beneficios, los economistas reducimos inteligentemente esos parámetros de costos/beneficios en términos utilitarios, contante y sonante.
¿Cuánto cuesta en términos de la producción/ingreso en un entorno determinado el control de cambio y de precios, cuando es evidente que esos controles constituyen imposiciones políticas revestidas de arbitrariedad, más allá de una racionalidad económica arbitrada en colectivo? Empobrecimiento, descapitalización, inflación, desempleo, y mediocre asignación de recursos seguirán como consecuencias inevitables de esos controles.
¿Cuánto nos cuesta en daños y perjuicios el debilitamiento de los derechos de propiedad y hasta el asalto físico promovido por el propio gobierno, unido a las legislaciones dirigidas a mutilar los derechos de propiedad y arruinar el estado de derecho donde el respeto a la propiedad privada, la vida y la libertad es su fundamento?
¿Cuál es el costo de la Ley Habilitante a ese respecto en virtud de los decretos leyes que secuestran y mutilan la propiedad privada revestida de actos legales que contradicen las normas constitucionales?
¿Cuál es el costo agregado causado por la ruina del marco jurídico, que en las sociedades modernas está diseñado para cubrir el debido proceso en la defensa de la propiedad privada y sus derechos y que en Venezuela en los últimos diez años ha sido desmontado y cambiado por un estado social de derecho donde los derechos del individuo -propiedad privada, libertad y vida- son sacrificados por la voracidad fascista y comunista de un estado autocráticamente dirigido que se adueña inconstitucionalmente de los activos productivos de la gente?
¿Cuánto cuesta a los venezolanos el desmantelamiento de la confianza, la transmutación de un Estado en todopoderoso y dueño del trabajo de la gente que olvida los objetivos trazados en la Constitución de velar por los derechos, libertades y propiedad privada?
¿Cuánto nos cuesta en términos de desconfianza internacional la violación de contratos firmados y/o refrendados por el propio Estado, como los petroleros, convenios multilaterales de defensa de la propiedad de inversionistas extranjeros?
Sumados esos ítems, y luciendo una tarea colosal, los economistas disponemos de instrumental teórico y tecnológico para contabilizar todos estos daños, efectos y costos que a todo evento tendrán que enfrentar los venezolanos más temprano que tarde en la medida que los costos sociales y económicos para sostener un Estado depredador sean insostenibles en términos de empobrecimiento, descapitalización y ruina.
¿Cuánto nos cuesta en daños y perjuicios el debilitamiento de los derechos de propiedad y hasta el asalto físico promovido por el propio gobierno, unido a las legislaciones dirigidas a mutilar los derechos de propiedad y arruinar el estado de derecho donde el respeto a la propiedad privada, la vida y la libertad es su fundamento?
¿Cuál es el costo de la Ley Habilitante a ese respecto en virtud de los decretos leyes que secuestran y mutilan la propiedad privada revestida de actos legales que contradicen las normas constitucionales?
¿Cuál es el costo agregado causado por la ruina del marco jurídico, que en las sociedades modernas está diseñado para cubrir el debido proceso en la defensa de la propiedad privada y sus derechos y que en Venezuela en los últimos diez años ha sido desmontado y cambiado por un estado social de derecho donde los derechos del individuo -propiedad privada, libertad y vida- son sacrificados por la voracidad fascista y comunista de un estado autocráticamente dirigido que se adueña inconstitucionalmente de los activos productivos de la gente?
¿Cuánto cuesta a los venezolanos el desmantelamiento de la confianza, la transmutación de un Estado en todopoderoso y dueño del trabajo de la gente que olvida los objetivos trazados en la Constitución de velar por los derechos, libertades y propiedad privada?
¿Cuánto nos cuesta en términos de desconfianza internacional la violación de contratos firmados y/o refrendados por el propio Estado, como los petroleros, convenios multilaterales de defensa de la propiedad de inversionistas extranjeros?
Sumados esos ítems, y luciendo una tarea colosal, los economistas disponemos de instrumental teórico y tecnológico para contabilizar todos estos daños, efectos y costos que a todo evento tendrán que enfrentar los venezolanos más temprano que tarde en la medida que los costos sociales y económicos para sostener un Estado depredador sean insostenibles en términos de empobrecimiento, descapitalización y ruina.
Economista, PhD (Londres)
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