Elementos para un debate sobre las pensiones

JOAN ESTEBAN 06/11/2010



Un amplio grupo de economistas promocionado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, presentó un documento sobre la reforma del sistema de pensiones. Puesto que difícilmente puede haber debate desde la unanimidad, quiero presentar algunos argumentos discrepantes que deberíamos tomar en consideración al reflexionar sobre el sistema de pensiones.

Los salarios no pueden solos. Hay que incorporar la reforma fiscal y la lucha contra el fraude
El peso de los salarios. Creo que el problema de las pensiones en España es también -quizás fundamentalmente- un problema de redistribución de la renta. Las contribuciones a la Seguridad Social provienen fundamentalmente de las cotizaciones ligadas a los salarios. El peso de estos dentro del PIB ha pasado del 68% en 1976 al 54,5% en 2006. Así, una parte cada vez más pequeña de la renta nacional constituye el núcleo de la base fiscal para contribuir al sistema de pensiones. Uno podría argumentar que esta disminución se corresponde con una caída en el número de asalariados. Sin embargo, en este mismo periodo los asalariados han pasado de ser el 34% al 44% de la población española.

El salario ha disminuido respecto a la renta media. La gran parte del incremento de la productividad no ha ido a parar a los salarios. Es evidente, pues, que la viabilidad del sistema de Seguridad Social depende críticamente de frenar este proceso o de encontrar una nueva base fiscal. Algunos dirán que la disminución relativa de los salarios es el reflejo de la escasa productividad. Pero la productividad no es solo responsabilidad del trabajador. También depende de forma esencial de la inversión en tecnologías avanzadas.

La "viabilidad" del sistema de pensiones. La discusión parece atrapada en un debate sobre la evolución futura de los ingresos y pagos por pensiones. También en el Informe Fedea. Pero, ¿por qué no se integran en el Presupuesto del Estado? Como contraposición, consideremos el ejemplo de las carreteras, que son utilizadas por los que tienen coche. Supongamos que por un razonamiento similar creásemos el "sistema de carreteras" con los impuestos sobre la gasolina como ingresos y la construcción y mantenimiento como gasto (y los planes Renove). Tendríamos que decir que la introducción del coche eléctrico pone en peligro la "viabilidad" del sistema de carreteras por la caída de ingresos.

Si para el automóvil no lo hacemos así, ¿por qué hacerlo con las pensiones? Pero, si las pensiones se integran en el presupuesto general, habrá que garantizar suficientes ingresos. ¿Los habrá? Pensemos en un simple ejercicio. Los economistas estarán de acuerdo en que la renta per cápita crecerá un 1% o 2% anual durante las próximas décadas. Pero esto significa que la renta de cada persona viva podría aumentar a esta tasa. Como la productividad de los activos crecerá mucho más, habrá que transferir más renta entre los ciudadanos.

La redistribución de la renta. Considero que el problema es que la redistribución de la renta en España es esencialmente una redistribución entre asalariados, mientras que las rentas no salariales escapan por diversos vericuetos al peso del IRPF.

Según los datos del IRPF, las rentas más altas del país son las salariales, mientras que las rentas de profesionales, autónomos, comerciantes o empresarios son menores y pagan menos impuestos. Las rentas de la propiedad son capítulo aparte. Además, tenemos la evasión directa, la imputación de gastos personales como si fuesen de empresa, etcétera.

La recaudación tributaria se basa de forma desproporcionada en los salarios y, además, culpamos a los asalariados de la baja productividad. Una política razonable, ni siquiera de izquierdas, debería poner fin a esta vergonzosa situación. Además, aportaría ingresos adicionales a la ética y a Hacienda.

Fondos privados de pensiones y sistema público de reparto. Es difícil estimar exactamente nuestro salario futuro, nuestra esperanza de vida y aún más anticipar las necesidades en la vejez. El Informe Fedea propone trasladar toda esta incertidumbre íntegramente a los asalariados, condicionando las pensiones a la situación del entorno socioeconómico del momento.

Pero uno de los motivos por los que se creó el sistema de pensiones fue que el Estado ofreciese un seguro a los asalariados garantizándoles unas rentas después de la jubilación que fuesen independientes de las contingencias que puedan ocurrir. Se duda de que el Estado pueda hacer frente a estos compromisos y por esto se nos insta a complementar las pensiones con fondos privados. Sin embargo, también es incierto su rendimiento y su valor en el momento en que los necesitemos.

Es cierto que la crisis actual ha demostrado que el riesgo de los activos financieros es, de hecho, limitado. El Estado avalará con su presupuesto cualquier posible contingencia catastrófica. Pero, en este caso, ¿no es más fácil, simple y transparente que el Estado avale directamente el sistema de pensiones con la totalidad de su presupuesto del mismo modo en que salva bancos y cajas cuando es preciso?

Conclusión. Creo que hay demasiada desigualdad salarial; que las rentas no salariales son excesivas y escapan en buena medida al fisco; que seguimos necesitando que el Estado sea nuestro seguro contra contingencias futuras y que debe asegurar al ciudadano antes que al sistema financiero.


Joan Esteban es miembro del Instituto de Análisis Económico, CSIC.

Manual para reformadores sensatos

ANTÓN COSTAS 31/10/2010


Solo en contadas ocasiones un país se para a reflexionar sobre su futuro. Tales ocasiones acostumbran a coincidir con periodos de declive y crisis. En esos momentos se pone a prueba la capacidad de la nación para reconsiderar pasadas decisiones y rejuvenecerse. Hoy España está experimentando su más seria crisis desde los años treinta. Cómo se salga de la crisis marcará el futuro del país para las próximas décadas. Cuál será esa salida es aún una cuestión abierta.


Reformas laboral y de las pensiones, salarios y recorte de gastos sociales castigan a clases medias y trabajadoras
Ciertas condiciones son favorables: España es una sociedad rica, el sistema democrático está bien establecido y los ciudadanos han demostrado en el pasado ser capaces de combinar sentido común con visiones acerca del futuro. Pero otras condiciones son desfavorables. Los problemas básicos emergieron ya hace años, pero han ido a peor con el paso del tiempo. Esos problemas reflejan una compleja mezcla de agudos problemas coyunturales y problemas estructurales crónicos. No es, por tanto, posible resolver la crisis solamente con la aplicación de medidas de corto plazo. Además, los problemas económicos tienen en buena parte su origen en decisiones políticas del pasado, de ahí que sea necesario analizar tanto el sistema económico como el político.

Estos dos párrafos parecen escritos para España. Pero no es así. He hecho trampa. Donde he puesto "España", ustedes deben leer "Suecia". Son los dos primeros párrafos del informe que elaboró la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Gobierno de Suecia en diciembre de 1992 para sugerir medidas que sacaran a la economía y al llamado "modelo sueco" del marasmo en que se encontraba en la crisis de esos años.

Pero no me negarán que cuadran como anillo al dedo para la situación de España. Tenemos problemas coyunturales agudos y problemas estructurales crónicos. Tenemos, sin embargo, condiciones favorables. La economía muestra una envidiable capacidad exportadora; España no es rica, pero sí acomodada; el sistema democrático está bastante consolidado; la sociedad española ha demostrado varias veces en los últimos 25 años tener sentido común y visión de futuro, para sacrificarse y remar para salir de las situaciones duras, como ocurrió en las crisis de 1977, de 1982 y de 1992.

Hoy, de nuevo, como han demostrado los funcionarios, los españoles están dispuestos a sacrificarse y remar esforzadamente para no hundirse. El problema es que no saben hacia dónde remar, ni para qué. El Gobierno no sabe, la oposición no contesta, las patronales no pueden (entre otras cosas, por un déficit de liderazgo con problemas serios de ejemplaridad moral), los sindicatos están en la cultura del "no" (esa es la percepción pública, y, como dice el teorema de Thomas, lo que se percibe como real es real en sus consecuencias).

Lo único que se escucha es que hay que ser austeros y hacer reformas. Pero los costes les tocan a los mismos. La reforma laboral, los salarios, la reforma de las pensiones, los recortes en los gastos sociales o los impuestos a los supuestos "ricos" pegan sobre el mismo carrillo: el de las clases medias y trabajadoras. El resultado puede ser una desigualdad que nos haga retroceder décadas y una salida en falso que genere un malestar social difuso, poco propicio al cambio y al esfuerzo colectivo.

En este clima ha aparecido, cual mosquitos en verano, una plaga de reformadores compulsivos que, poco respetuosos con la democracia, ven al Gobierno como un dictador benevolente, que tendría no solo el deber, sino también el derecho de imponer a la población reformas que esta no entiende. Y sin entender no puede apoyar.

Hace falta una visión a largo plazo y una estrategia compartida de salida. Es decir, un manual para reformadores con sentido común. Y es aquí donde pienso que el informe de la Comisión de Expertos suecos, presidida por el economista liberal Assar Lindbeck, es buena una guía (Turning Sweden Around, The MIT Press, 1994).

Mi humilde propuesta es que, aprovechando el cambio de rumbo, el Gobierno (o, en su caso, el Parlamento) siga el camino del Gobierno sueco y ponga en marcha una iniciativa que, generando un amplio debate sobre nuestros problemas, logre un diagnóstico con un elevado acuerdo. Y proponga medidas orientadas a: 1) Identificar las debilidades de la economía y sugerir políticas y reformas que aumentando la estabilidad económica, la eficiencia y el crecimiento, respeten los objetivos comúnmente aceptados de disponer de una red de seguridad social y tengan en cuenta los efectos en la distribución de la renta; 2) Proponer cambios en el sistema político, orientados a crear un buen entorno económico para familias y empresas, y 3) Plantear estrategias de salida que minimicen y repartan los costes de transición entre el corto y el medio plazo.

Minimizar y repartir los costes es muy importante para salir del túnel. Los reformadores y las autoridades han de tener en cuenta que las reformas a largo plazo -por ejemplo, en el sistema de Seguridad Social- tienen efectos a corto, especialmente si son inesperadas. Es importante proceder con gradualismo, tanto para evitar destruir las expectativas y planes a largo plazo de los individuos y familias (induciéndoles, por ejemplo, a ahorrar más de lo necesario) como para evitar llevar a la economía a una recesión prolongada por un corte drástico en el gasto público.

De hecho, ese manual para reformadores sensatos ya lo tenemos. Es el que aplicó el profesor Enrique Fuentes Quintana en la elaboración y puesta en marcha de los Acuerdos de la Moncloa, en la crisis de 1997. ¿Se acuerdan? Y funcionó. Habría que recuperarlo. Si no, el hacer reformas compulsivas, que descargan los costes sobre los mismos, puede llevarnos a confundir la luz de la salida del túnel con la luz del convoy que viene de frente.


Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica de la UB.
El Pais.España

FELIPE GONZÁLEZ ¿Cómo garantizar las pensiones?

TRIBUNA:LA UE: CRISIS Y FUTURO. Las protestas en Francia no son algo local, sino síntoma de una situación de emergencia que afecta a todos. Europa precisa un análisis conjunto y una política coordinada de soluciones
FELIPE GONZÁLEZ 25/10/2010

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"La conjunción del envejecimiento de la población y de la contracción de la fuerza de trabajo interna va a acarrear a Europa consecuencias drásticas. Si no se toman medidas, se traducirá en una presión insostenible sobre los sistemas de pensiones, de sanidad y de protección social, y en unos resultados negativos para el crecimiento económico y la fiscalidad. Si Europa se toma en serio el tránsito a una sociedad del conocimiento, los esfuerzos para mejorar la eficiencia económica y elevar las capacidades de la población existente deben completarse con medidas activas para hacer frente a este desafío demográfico". Proyecto Europa 2030.


La protesta cuesta a Francia entre 200 y 400 millones de euros
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Retrasar la edad de jubilación no es lo único. Hay que contar con las mujeres y la inmigración

Debemos cambiar de óptica: la llegada de extranjeros es una parte sustancial de la solución
Vemos la creciente oleada de protestas contra la reforma de las pensiones en Francia, mezclando a sindicatos y estudiantes, como un problema local, incluso cuando ante nuestros ojos se muestra la evidencia de que aquí, en España, también se han convocado movilizaciones contra la reforma laboral y se anuncian contra las de las pensiones, o no digamos en Grecia, o en otros países de la Unión, como un movimiento de rechazo a las reformas estructurales imprescindibles para abrir un horizonte de esperanza al futuro de Europa en la nueva realidad mundial.

El día 4 de octubre comparecí ante el Parlamento Europeo para hablar de ese futuro de la UE que ha sido el núcleo de la reflexión del Grupo de Expertos que presidí en los dos últimos años. El debate fue interesante, pero de nuevo tuve la sensación de que veo la crisis como una situación de emergencia que nos afecta a todos en el conjunto de la Unión, que exige respuestas de fondo y coordinadas y que esta percepción de la realidad no es compartida por los interlocutores.

Sin embargo, espero que el Parlamento Europeo entre a fondo en este debate, aprovechando su carácter de representación democrática del espacio público que compartimos como europeos; respondiendo al incremento de poderes que le otorga el nuevo Tratado de Lisboa; enfocando sus prioridades en este esfuerzo de salida de la crisis y de reformas de fondo, para mostrar y demostrar a los ciudadanos europeos que los problemas son de todos y los desafíos tienen más sentido si se enfrentan desde la Unión, aunque los ajustes necesarios sean nacionales.

Pocos interlocutores, más allá de las ideologías, niegan lo que necesitamos, lo que define nuestra ambición. Pero muchos rechazan hacer lo necesario para conseguirlo. Así veremos cómo se debilitan los Gobiernos que lo intentan, sea cual sea su color, y cómo serán sustituidos, por puro desgaste, por otros que tendrán, inexorablemente que enfrentar las tareas pendientes... pero perdiendo un tiempo que no tenemos.

Estamos ligados históricamente a un modelo de economía social de mercado, que hemos exhibido con razón, como el mejor. Mejor para competir, ¡en su momento!; mejor para crear empleo, ¡en su momento!; mejor para garantizar la cohesión social, ¡en su momento!; mejor para la educación, la sanidad y las pensiones, ¡en su momento! Ahora, que vivimos otro momento histórico, queremos que siga siendo lo que fue, porque deseamos vivir en una sociedad solidaria e incluyente, pero sin cambiar nada, aunque reconozcamos y tengamos la evidencia indiscutible de que el mundo cambió y de que para conseguir y preservar esas ambiciones nosotros también tenemos que cambiar.

Pues bien, si lo que deseamos es preservar la economía social de mercado, frente a modelos sin cohesión social, o a una economía de casino sin reglas, tenemos que recomponer nuestros consensos básicos, nuestro diálogo social, para hacer reformas estructurales de hondo calado que nos permitan aumentar nuestra productividad, nuestra competitividad en la nueva economía global y del conocimiento, que añadan a los objetivos que teníamos en la exitosa Europa de la posguerra, un factor de sostenibilidad frente al cambio climático y la sobreexplotación de los recursos que ponen en riesgo la biodiversidad y el equilibrio del planeta.

Si ese fuera, como creo, el objetivo que pocos discuten, habría que analizar qué problemas estructurales tenemos que enfrentar y resolver para conseguir este propósito y reconstruir el círculo virtuoso que le dio éxito económico y social a la Europa de la segunda revolución industrial.

En el año 2000, con la aprobación de la Agenda de Lisboa, ya se fijó como objetivo para el 2010 "ser la primera potencia económica y tecnológica del mundo, con el mejor modelo de cohesión social". Aunque no se diga con claridad, hoy, en la fecha límite, todos reconocen que la estrategia acordada fracasó y que no solo no estamos más cerca de la meta propuesta, sino que estamos perdiendo competitividad en la economía global y que nuestro Estado del bienestar corre riesgos evidentes de insostenibilidad.

Para empezar, viendo el rechazo a las reformas del sistema de pensiones, tenemos que reconocer que el éxito mayor de la sociedad del bienestar se refleja en el incremento de la esperanza de vida. Pero la buena noticia de que vivimos más tiempo y con más calidad, viene acompañada de una no tan buena que es la baja natalidad. O sea, nos estamos convirtiendo en una sociedad de gente mayor, con una pirámide demográfica que se estrechará cada vez más en la base. Esta deriva nos llevará en el año 2050, si faltara inmigración y se mantuviera constante la participación en el mercado de trabajo, a tener 68 millones menos de trabajadores. Esto nos situaría en un coeficiente de población activa / población inactiva de cuatro trabajadores contribuyentes por cada tres jubilados.

La actual edad media de jubilación en Europa es de 62 años para los hombres y de poco más de 60 para las mujeres. Si no se toman medidas en varios frentes, llegaremos a la situación descrita en 40 años, es decir, en el momento en que se jubilarán los jóvenes estudiantes que protestan en Francia. Como todas las proyecciones que encaran el futuro, esta tampoco es inexorable. Se puede y se debe actuar para evitar este escenario con todas sus implicaciones económicas, sociales y políticas. Y la paradoja es que los que creemos en un sistema público de pensiones, cuyo fundamento está en la solidaridad, tenemos dificultad para que se acepten las reformas necesarias para mantenerlo y que los que se oponen -por ignorancia o porque quieren debilitarlo para sustituirlo por "otra cosa"- manipulan la realidad torticeramente. Como ya nos ocurriera en 1985, con la reforma del sistema de pensiones que nos permite un sistema digno como el actual que ahora todos dicen defender.

Compensar la caída a medio plazo de la población en edad de trabajar, frente al incremento de la población de más de 60 o 65 años, nos obliga a plantear una mezcla de políticas, de la que la reforma del sistema de pensiones y de la edad de jubilación es una parte imprescindible, pero solo una parte. Por eso, hay que prolongar la vida activa de la población actual y futura, con estímulos para hacerlo, que podemos diseñar y acordar; considerando la jubilación como un derecho, no como una obligación; reconsiderando los periodos de carencia y calculando la pensión por los salarios o rentas percibidos a lo largo de toda la vida laboral.

Pero además, tenemos que hacer políticas que incrementen la participación de la mujer en la población activa ocupada, con medidas de apoyo para que esto sea compatible con el incremento de la natalidad que necesitamos. El papel de la mujer en esta sociedad del conocimiento, en esta economía abierta, es de vital importancia, incluso más allá de la lucha por la igualdad, porque se plantea como una necesidad insustituible para ganar competitividad en la sociedad del conocimiento aumentando la población activa y corrigiendo la pirámide demográfica.

Pero además, tenemos que cambiar nuestra óptica sobre la emigración, que estamos percibiendo como un grave problema, cuando es una parte sustancial e inevitable de la solución a medio y a largo plazo. Claro que hay que regular los flujos, ajustándolos a las necesidades y capacidad de integración, como políticas de conjunto y aplicaciones nacionales. Claro que hay que combatir el tráfico de seres humanos y la explotación de los irregulares, pero no podemos galopar en una demagogia antiin-migración que se volverá contra los valores y los intereses de Europa.


Felipe González fue presidente del Gobierno español.

Claves para una reforma de las pensiones en España

TRIBUNA: Laboratorio de ideas Ignacio Eyries
Ignacio Eyries 18/10/2009



Cada vez son más, y más cualificadas, las voces que alertan de que la sostenibilidad del actual sistema de pensiones en España se encuentra amenazada por serias dificultades. En el corto plazo, éstas se derivan del vuelco de la coyuntura macroeconómica y de la destrucción intensa de empleo, lo que socava la salud financiera del sistema al reducir el PIB y la base de cotizantes. A medio plazo, la crisis económica augura un periodo de bajos ritmos de crecimiento y creación de empleo, extendiendo sus consecuencias negativas para el mantenimiento de las pensiones de acuerdo con su actual configuración.

El envejecimiento de la población será el gran condicionante para la viabilidad del sistema

Defendemos un modelo con tres soportes: público, de capitalización obligatorio y de ahorro voluntario
Con todo ello, las mayores y más graves dificultades para la permanencia del sistema provendrán, en un periodo de tiempo más extenso, del envejecimiento de la población, pues el incremento que experimentarán las tasas de dependencia conducirá a desequilibrios financieros severos. Éste es, sin duda alguna, el gran condicionante para la viabilidad financiera de nuestro sistema de pensiones, ya que España se perfila como uno de los países donde más intenso será el proceso de inversión de la pirámide poblacional.

Los notables incrementos de la esperanza de vida y las reducidas tasas de natalidad generan un proceso de envejecimiento de la población que transforma radicalmente el contexto demográfico en que los actuales sistemas de pensiones nacieron y vienen operando desde hace décadas. Un problema que no es privativo de España, pues la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones está amenazada en muchos países desarrollados.

En el ámbito internacional, organismos como la OCDE, el Banco Mundial, el FMI o la Comisión Europea aconsejan desde hace tiempo la necesidad de importantes reformas de carácter estructural. En nuestro país, prestigiosas instituciones como el Banco de España, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y los gabinetes de estudios de La Caixa y BBVA, entre otros, señalan en la misma dirección.

Por otra parte, a las razones coyunturales y estructurales se unen otras basadas en los defectos del sistema, que no hemos de olvidar y conviene paliar: que su fortaleza es aparente, al estar condicionada por las obligaciones para el futuro contraídas con los cotizantes actuales; que el sistema actual conduce a una merma de la responsabilidad individual; que limita las opciones de elección del individuo coartando su libertad; que no compatibiliza correctamente los intereses colectivos e individuales o que garantiza una pensión pero nunca el importe de la misma.

Así, si todos los argumentos que evidencian la necesidad de reformar el sistema son claros, el cómo hacerlo no lo es tanto. Hasta ahora, las variaciones acometidas, como es el caso en España con el Pacto de Toledo, sólo han dilatado el problema en el tiempo, trasladándolo a las futuras generaciones. Sin embargo, no será suficiente el incremento de la presión fiscal, bien a través de las cotizaciones o mediante impuestos. La única solución pasa por abrir un debate profundo y responsable para la reforma del sistema.

El Círculo de Empresarios considera que la reapertura de un nuevo proceso de evaluación del Pacto de Toledo puesto en marcha por el Congreso se produce en un momento absolutamente propicio para buscar el mayor consenso político y social, capaz de generar verdaderas y definitivas soluciones. Con el objetivo de contribuir eficaz y responsablemente, el Círculo se ha pronunciado sobre la necesidad de transitar hacia sistemas de capitalización y, recientemente, dio un paso más, abogando por un modelo mixto en el que convivan el reparto y la capitalización, dando a ésta, paulatinamente, un mayor peso en el sistema.

El modelo propuesto se basa en tres soportes: un sistema público de pensiones, un sistema de capitalización obligatorio y un sistema de ahorro individual voluntario.

El primero de ellos, similar al actual de pensiones de reparto, se orienta a la provisión de subsidios básicos que garanticen un nivel de vida mínimo. Si bien se haría necesaria la modificación de algunos de sus parámetros, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, para así dotarlo de mejor salud financiera: en cuanto a los ingresos, una reducción de las cotizaciones a este primer soporte se destinaría a financiar el segundo por parte de quienes alcanzaran unos determinados requisitos. Respecto a los gastos, habría una reducción proporcional que debería potenciarse con medidas como el establecimiento de un límite a las pensiones máximas y la introducción de cambios en el cálculo de la base reguladora, aumentando los años cotizados para lograr una mayor proporcionalidad entre las aportaciones realizadas al sistema y las pensiones percibidas.

Otra medida sería la introducción de cuentas nocionales que registren las aportaciones del individuo con los rendimientos correspondientes a su vida laboral, calculados con una tasa nocional, es decir, un rendimiento de futuro. Ello permitiría contabilizar con exactitud los compromisos adquiridos, lo que contribuiría a un mejor conocimiento en cada momento de la situación financiera del sistema. Países como Suecia, Italia o Polonia han adoptado ya este tipo de cuentas.

El segundo soporte, cuya importancia cuantitativa crecería de modo gradual, consistiría en un sistema obligatorio de capitalización con un fondo de pensiones a nombre del trabajador al que aportarían él mismo y su empleador, siempre que la persona ocupada superase un mínimo nivel de ingresos, para evitar el sobreahorro por parte de las rentas más bajas. De esta forma, el trabajador es el propietario del plan de pensiones y, por lo tanto, si se cambia de empresa se lo lleva consigo. En caso de fallecimiento, el plan pasaría a manos de sus legítimos herederos.

La financiación de este sistema procedería de las cotizaciones sociales reducidas del primer soporte y trasladadas a la capitalización de este segundo. Hay que descartar un aumento de las cotizaciones sociales, ya que incrementaría los costes del empleo para las empresas, dañando su competitividad, y la del conjunto de la economía así como su capacidad de creación de empleo. Para esta nueva clase de fondos de pensiones, el trabajador podría elegir el tipo de gestión, bien pública o privada, y podría decidir en qué activos invertir, asumiendo, por tanto, la responsabilidad sobre sus propios ahorros.

Con este sistema, la pensión de jubilación sería la suma de la pensión del régimen de reparto, calculada con una reducción proporcional a la de las aportaciones, más la procedente del nuevo sistema de capitalización, que se percibiría en forma de renta. El tratamiento fiscal, tanto para las pensiones del primer y segundo soporte, podría ser similar.

El tercer soporte equivaldría a los actuales fondos de pensiones privados, que suponen tan sólo un 2% del total de las pensiones en España. En este caso, sería necesaria la puesta en marcha de nuevos incentivos fiscales para promover el ahorro voluntario en fondos de pensiones privados tanto individuales como empresariales. Asimismo, se debería incrementar la seguridad jurídica de este tipo de inversiones a largo plazo dando estabilidad a la legislación y eliminando incertidumbres en sus aspectos legales y tributarios.

Con una reforma en la dirección a la que apunta el Círculo de Empresarios, se lograría garantizar la necesaria sostenibilidad del sistema de pensiones en el futuro y también incentivar el ahorro mediante inversiones no especulativas, estables y a largo plazo. Promueve, además, la responsabilidad personal y garantiza la libertad de elección, la justicia y la solidaridad.


Ignacio Eyries es presidente del Comité sobre el Sistema de Pensiones del Círculo de Empresarios.

La privatización de la seguridad social: La oportunidad de los diez mil millones de dólares

por Martín Feldstein
Martín Feldstein es Profesor de Economía en la Universidad de Harvard y presidente del National Bureau of Economics Research.
Este ensayo es una adaptación de la conferencia pronunciada por el autor en enero de 1996 en la American Economics Association y se publicó originalmente como "Privatizing Social Security: The $10 Trillion Opportunity" Social Security Privatization Paper No. 7, 31 de enero de 1997. También puede leer este documento en formato PDF aquí.

Nuestro actual sistema de Seguridad Social obstaculiza el crecimiento económico de dos formas distintas: en primer lugar, los impuestos sobre los salarios distorsionan la oferta de trabajo y el tipo de compensación que buscan los trabajadores -se trata de pérdidas inevitables debido al bajo rendimiento que se deriva del carácter de reparto que tiene el sistema no capitalizado de la Seguridad Social-; y, en segundo lugar, el sistema reduce el ahorro y la inversión nacionales.
La privatización de la Seguridad Social y la consiguiente transformación de su carácter de sistema no capitalizado y de reparto en un sistema de cuentas de ahorro privadas obligatorias, resolvería ambos problemas e impulsaría el crecimiento económico.
Con el sistema de Seguridad Social actual, cada generación -hoy y en el futuro- pierde la diferencia entre el interés real sobre el capital que obtendría en un sistema de capitalización, y el rendimiento -mucho más bajo- que se deriva del programa de reparto establecido.
Por ello, el cambio hacia un sistema privado de cuentas individuales obligatorias que permitiera invertir en una cartera mixta de acciones y bonos permitiría a los individuos obtener la totalidad de la rentabilidad real antes de impuestos sobre el capital, lo que se traduciría en un mayor capital y en una renta nacional más alta.
Según los supuestos conservadores, la privatización de la Seguridad Social aumentaría el bienestar de las generaciones futuras en una cuantía equivalente al cinco por ciento del producto interior bruto (PIB), con carácter anual mientras perdurase el sistema.
Aunque la transición a un sistema de capitalización implicaría costes de carácter económico y político, el valor presente descontado del beneficio sería enorme -entre 10- 20 billones de dólares.
Un programa de ahorro privado como este resolvería los problemas de financiación a largo plazo de la Seguridad Social sin necesidad de recurrir ni a incrementos impositivos formidables ni a draconianos recortes en beneficios, proporcionando a su vez enormes beneficios a la economía. En resumen, la privatización de la Seguridad Social puede aumentar los ingresos reales de todo el mundo garantizando al mismo tiempo una jubilación digna a los futuros pensionistas.
Introducción
Aunque la reforma del sistema de pensiones de la Seguridad Social es un tema de enorme importancia, los cargos públicos continúan mostrándose reticentes a la hora de enfrentarse a este serio y -desde un punto de vista político- peligroso problema.
No obstante, a la larga la deteriorada condición financiera del sistema acabará por imponer grandes reformas. [1] La cuestión principal es si dichas reformas serán buenas o malas, si tomarán en consideración los principales problemas económicos del sistema o si, simplemente, se limitarán a proteger la solvencia de las medidas institucionales existentes.
La simple protección de la solvencia del sistema de reparto mediante la manipulación de cuotas y prestaciones perpetuará la existencia de los efectos adversos sobre los mercados de trabajo y el ahorro nacional; por el contrario, el cambio a un sistema de capitalización individual dará lugar a un aumento importante de la renta nacional y del bienestar de la población.
En el análisis del impacto de la Seguridad Social en la economía, resulta de vital importancia el concepto de Ariqueza de la Seguridad Social».
Dicho concepto se define como el valor actual actuarial de las prestaciones de la Seguridad Social a las que la población adulta actual tendrá derecho a la edad de 65 años (o a las que ya tienen derecho si son mayores de 65 años) menos el valor actual actuarial de las cuotas de la Seguridad Social que deberá pagar antes de llegar a dicha edad.
La riqueza de la Seguridad Social asciende en la actualidad a 9 billones de dólares o a más del valor total del PIB, que es equivalente a más de 40.000 dólares por cada adulto americano. [2] Su valor excede sustancialmente al de los otros activos de la gran mayoría de los hogares americanos. En total, la riqueza de la Seguridad Social asciende a cerca de la mitad de toda la riqueza financiera privada.
Evidentemente, la riqueza de la Seguridad Social no es riqueza real sino tan sólo un derecho sobre las contribuciones fiscales actuales y futuras. Por ello, en lugar de etiquetar esta magnitud clave como riqueza de la Seguridad Social, sería más apropiado referirse a ella como el pasivo de la Seguridad Social de la nación.
Al igual que la deuda pública ordinaria, la riqueza de la Seguridad Social produce un efecto expulsión sobre la acumulación de capital privado, y continuará creciendo mientras nuestro sistema actual continúe imperturbable, desplazando cantidades de capital cada vez mayores.
El pasivo de 9 billones de la Seguridad Social es más del doble de la deuda pública oficial. Incluso si el déficit tradicional se eliminara en el 2002 de forma que la deuda pública tradicional no siguiera aumentando, posiblemente la deuda pública en concepto de pasivo de la Seguridad Social seguiría aumentando dicho año, con las condiciones actuales, en unos 500 mil millones de dólares.
En una visión más a largo plazo, la totalidad del pasivo de la Seguridad Social crecerá a medida que lo haga la población, a medida que vaya envejeciendo y a medida que aumente la renta.
Los actuarios gubernamentales predicen que con las condiciones existentes, la tasa impositiva requerida para pagar la cuota anual de la Seguridad Social crecerá durante los próximos 50 años desde el nivel actual de casi el 12 por ciento hasta el 18 por ciento y tal vez hasta el 23 por ciento. [3]
En definitiva, los problemas financieros del sistema son realmente serios. No obstante, este ensayo no tratará de la insolvencia financiera de la Seguridad Social sino que se centrará en los efectos económicos más importantes derivados de la continuidad de un sistema de reparto. El tratamiento adecuado de estos efectos económicos llevará también a la resolución de los problemas financieros.
Las distorsiones del mercado de trabajo
La contribución del trabajador a la Seguridad Social distorsiona la oferta de trabajo y la forma de compensación. Estas pérdidas son inevitables debido al bajo rendimiento que se deriva del carácter de reparto característico del sistema capitalizado de la Seguridad Social.
A diferencia de las pensiones privadas y de los planes de pensiones individuales, el sistema de la Seguridad Social no invierte el dinero que recauda en acciones y bonos, sino que desembolsa esos fondos como prestaciones el mismo año en que los recauda. (A pesar de que el sistema ha estado acumulando una reserva desde 1983 para suavizar el ritmo de las tasas impositivas, más del 90 por ciento de los ingresos por contribuciones a la Seguridad Social se siguen destinando inmediatamente a prestaciones, y los activos del fondo fiduciario de la Seguridad Social sólo ascienden a cerca de un 5 por ciento de las obligaciones de la Seguridad Social).
Por lo tanto, la tasa de rendimiento que los individuos obtienen de sus contribuciones obligatorias a la Seguridad Social es mucho menor que la que podrían obtener con un plan de jubilación privado o con un sistema de Seguridad Social de capitalización. Un sistema de reparto con una tasa impositiva constante proporciona una tasa de rendimiento positiva que aproximadamente viene a ser equivalente a la tasa de crecimiento de la base impositiva total de los contribuyentes.
El crecimiento medio de los salarios reales desde 1960 -el 2,6 por ciento- puede servir como estimación razonable de lo que se puede esperar en el futuro a largo plazo de un programa de Seguridad Social de reparto.
Por contra, en el mismo periodo, la media del rendimiento real antes de impuestos del capital de las empresas no financieras (es decir, beneficios antes de impuestos más los intereses netos pagados) se situaba en el 9,3 por ciento. [4] Aunque los individuos no llegan a ganar un rendimiento antes de impuestos del 9,3 por ciento ni siquiera con los IRAs (Individual Retirement Accounts) o con las cuentas 401 (k)* debido a los impuestos de sociedades a nivel federal y estatal, un sistema de pensiones de capitalización sí podría garantizar a cada ahorrador individual un rendimiento antes de impuestos del 9,3 por ciento si el Gobierno abonara en cuenta los impuestos de sociedades recaudados. [5]
Un ejemplo simplificado podrá indicarnos la magnitud de la carga impositiva encubierta que supone el programa de la Seguridad Social. Pensemos en un empleado que paga 1.000 dólares a la Seguridad Social a la edad de 50 años para poder recibir las prestaciones a los 75 años. Con un rendimiento del 2,6 por ciento, los 1.000 dólares se convertirán en 1.900 dólares tras un periodo de 25 años; pero con un rendimiento del 9,3 por ciento esa persona podría comprar esa misma jubilación de 1.900 dólares por sólo 206 dólares.
Es decir, forzar a las personas a utilizar el sistema de reparto aumenta dramáticamente el coste que deben pagar por su jubilación. En el ejemplo, un plan de capitalización habría permitido a ese empleado comprar la misma jubilación con una contribución del 2,5 por ciento en lugar de con una retención sobre la nómina del 12 por ciento.
La diferencia del 9,5 por ciento es un impuesto real puro y simple por el que, a cambio, el individuo no obtiene absolutamente nada.
El efecto distorsionador de este impuesto es mucho mayor de lo que en un principio se pueda pensar, porque la tasa impositiva neta de la Seguridad Social se impone además del impuesto federal y estatal sobre la renta; la tasa impositiva federal marginal se sitúa en el 28 por ciento (para personas con base imponible superior a 23.000 dólares y para matrimonios con ingresos conjuntos superiores a 38.000 dólares) y la tasa estatal típica del impuesto sobre la renta se coloca en el 5 por ciento. Por consiguiente, la retención de la Seguridad Social aumenta la tasa impositiva marginal total a más del 40 por ciento, exacerbando así sustancialmente las distorsiones y el gasto causado por el impuesto sobre la renta. [6]
La combinación del impuesto sobre la renta y de la contribución a la Seguridad Social distorsiona no sólo el número de horas de trabajo de cada individuo, sino también otras dimensiones de la oferta de trabajo como puedan ser la elección ocupacional, la localización y el esfuerzo.
Asimismo, distorsiona también la manera en la que se percibe la compensación, cambiando parte de la base imponible por mejoras sociales libres de impuestos, mejores condiciones de trabajo, etc. Estas distorsiones en forma de compensaciones son realmente distorsiones en la pauta de consumo del individuo, pues obligan a los individuos a gastar sus ingresos potenciales en cosas que valoran menos que aquellas que podrían comprar con dinero.
Estas distorsiones sobre los patrones de consumo son tan importantes como la distorsión en la oferta de trabajo. [7]
En la práctica, estas distorsiones empeoran por las relaciones fortuitas entre las prestaciones y las contribuciones que resultan de la regulación existente de la Seguridad Social. Por ejemplo, dado que las prestaciones se basan en los 35 años de mayores ingresos, la mayoría de los empleados menores de 25 años no reciben ningún beneficio adicional por las retenciones que se les practican en sus nóminas.
Dado que muchas mujeres casadas y viudas reclaman prestaciones sobre los ingresos de sus maridos, a menudo ellas tampoco perciben beneficio alguno por sus propias contribuciones. Puesto que no existe una compensación adicional por los impuestos pagados en una fecha temprana, la tasa impositiva efectiva para los contribuyentes más jóvenes es un múltiplo sustancial de la tasa impositiva de los empleados mayores.
Las reglas de la Seguridad Social son tan complejas y tan opacas que muchos individuos pueden llegar a hacer caso omiso de los beneficios que se obtienen del trabajo adicional y actuar como si la totalidad de la contribución a la Seguridad Social fuera un impuesto del mismo tipo que el impuesto sobre la renta.
En un sistema privado de capitalización con fondos de pensiones, se eliminaría automáticamente la distorsión adicional que se deriva de estos vínculos tan desiguales entre las cuotas y las prestaciones progresivas. Aunque dicha distorsión también podría ser eliminada dentro del siste- ma de reparto existente mediante la creación de cuentas individuales de la Seguridad Social para cada contribuyente, las distorsiones más grandes del mercado laboral que se derivan de la baja tasa de rentabilidad de un sistema de reparto no pueden eliminarse sin cambiar bien a un sistema público de capitalización, bien a un sistema privado de planes de jubilación individualizados.
Reducción del ahorro nacional
La pérdida resultante de las distorsiones del mercado laboral no es ni el único efecto adverso de un sistema de Seguridad Social de reparto ni tampoco el mayor de ellos. Las generaciones actuales y futuras pierden al verse obligadas a participar en un programa de reparto de bajo rendimiento -es decir, al ser obligados a aceptar un rendimiento implícito del 2,6 por ciento mientras que el producto marginal real del capital es del 9,3 por ciento-. Y a pesar de que los impuestos sobre rendimientos del capital impiden que los individuos perciban ese 9,3 por ciento sobre sus ahorros personales, el público en su totalidad sí recibe ese rendimiento total; lo que los individuos no reciben directamente, lo reciben en forma de reducciones en otros impuestos o en forma de aumentos en servicios estatales.
El alcance que un sistema de Seguridad Social de reparto pueda tener en la reducción de la renta nacional y en el bienestar económico depende del modo en el que el ahorro privado responda a las cuotas y prestaciones de la Seguridad Social y en las actuaciones del Gobierno para compensar las reducciones en el ahorro privado.
Veamos algunos ejemplos.
Un individuo que ha percibido unos ingresos medios a lo largo de toda su vida laboral y que se jubila a los 65 años con un «cónyuge dependiente », recibe ahora prestaciones equivalentes al 63 por ciento de sus ingresos anuales antes de jubilarse. Dado que las prestaciones de la Seguridad Social de dicho individuo no están sujetas a gravamen, dichas prestaciones suponen más del 80 por ciento de su máximo ingreso, después de impuestos, anterior a la jubilación. El sentido común y la observación sugieren que las personas que puedan esperar un porcentaje de sustitución tan alto ahorrarán poco para su jubilación y que, probablemente, este ahorro realizado durante los años previos a la jubilación se deba más a un deseo de equilibrar posibles cambios inesperados en los ingresos o en el consumo.
Por ello, no es de extrañar que en 1991 los activos financieros medios de los hogares con un cabeza de familia de entre 55 y 64 años ascendieran tan sólo a 8.300 dólares -una cantidad bastante menor a los ingresos de seis meses-.
Incluso si miramos más allá de la riqueza financiera, la riqueza media total (incluyendo el valor de la casa) entre todos los hogares con un cabeza de familia menor de 65 años ascendía tan sólo a 28.000 dólares.
Para tener una idea de la magnitud de la pérdida anual, resulta muy útil comenzar por el caso más simple: cada dólar de la riqueza de la Seguridad Social reduce en un dólar la riqueza privada real. La riqueza privada a la que se ha renunciado habría obtenido una rentabilidad del 9,3 por ciento; el sistema de reparto de la Seguridad Social procura un rendimiento equivalente de cerca de un 2,6 por ciento; es decir, la población sufre una pérdida equivalente a la diferencia resultante entre estos dos rendimientos.
Por consiguiente, la pérdida anual de renta real ascendería al 6,7 por ciento de los 9 billones de dólares de riqueza de la Seguridad Social -una cantidad equivalente a 600 mil millones de dólares o al 8 por ciento del PIB-.
Evidentemente, cada dólar de riqueza de la Seguridad Social no sustituye necesariamente a un dólar de riqueza real. En la medida en la que la Seguridad Social induce a una jubilación más temprana, los individuos ahorrarán más de lo que lo harían si no fuera así.
La Seguridad Social también afecta al ahorro privado al proporcionar una renta anual real, y hay algunas personas que, debido a su irracionalidad o miopía, no responden en absoluto a la provisión de las prestaciones de la Seguridad Social.
Se han realizado una serie de estudios de investigación para averiguar hasta qué punto la Seguridad Social deprime el ahorro y sustituye a la riqueza real. [8]
Aunque ninguno de ellos es un estudio definitivo capaz de establecer una medida precisa de la sustitución de la riqueza de la Seguridad Social por otro tipo de riqueza doméstica, de todos ellos se deduce en su conjunto que el programa de la Seguridad Social lleva a cada generación a reducir sus ahorros sustancialmente y, por consiguiente, a incurrir en una pérdida sustancial de renta real por inversión. Incluso la estimación más conservadora que señala que cada dólar de riqueza de la Seguridad Social desplaza sólo 50 centavos de acumulación de riqueza privada, implica que la pérdida anual de ingresos nacionales excedería los 4 puntos de PIB.
Los beneficios de la privatización
Con el sistema de Seguridad Social actual, cada generación en el presente y en el futuro pierde la diferencia entre el rendimiento del capital real que se obtendría en un sistema de capitalización y el rendimiento, mucho menor, en el programa existente de reparto.
El cambio a un sistema privatizado de cuentas individuales obligatorias que pueden invertirse en una cartera mixta de acciones y bonos permitiría a los individuos obtener la totalidad de la tasa real de rentabilidad del capital antes de impuestos. Ello supondría un capital mucho mayor y una renta nacional también mayor.
Además, la eliminación de las contribuciones a la Seguridad Social reduciría las distorsiones en el esfuerzo laboral y la forma de compensación que actualmente deprime la productividad de la economía y el nivel de vida real.
Cuando el sistema de cuentas individuales de capitalización esté totalmente implantado, las contribuciones obligatorias necesarias para cubrir los niveles actuales y previstos de prestaciones sólo supondrán alrededor del 3 por ciento de la nómina, una cantidad mucho menor a la retención sobre la nómina que, previsiblemente, en los próximos 35 años se incrementará desde el 12,4 por ciento actual hasta el 20 por ciento.
Los supuestos más conservadores señalan que la privatización de la Seguridad Social aumentaría el bienestar de las generaciones futuras en una cuantía equivalente al cinco por ciento del producto interior bruto (PIB), con carácter anual mientras perdurase el sistema. Aunque la transición a un sistema consolidado implicaría costes de carácter económico y político, el valor actual neto del beneficio sería enorme -entre 10-20 billones de dólares-. [9]
Conclusión
A la larga, la deteriorada posición financiera de la Seguridad Social obligará a los políticos a enfrentarse al problema de la reforma. Tal vez el impacto adverso que el sistema actual está teniendo en una gran variedad de colectivos -incluyendo a las parejas con dos sueldos, a los jóvenes y a los pobres- aliente a algunos políticos a hacer algo más que retocar el sistema actual y proponer reformas más fundamentales que las que se han considerado en el pasado. En lugar de proceder a aumentos en los impuestos y a recortes en las prestaciones, podemos pasar a un sistema basado en cuentas de ahorro privadas, obligatorias y de propiedad individual.
Un programa de ahorro privado como éste resolvería los problemas de financiación a largo plazo de la Seguridad Social sin necesidad de recurrir ni a incrementos impositivos formidables ni a draconianos recortes en prestaciones, proporcionando a su vez enormes beneficios a la economía. En resumen, la privatización de la Seguridad Social puede aumentar los ingresos reales de todo el mundo garantizando al mismo tiempo una jubilación digna a los futuros pensionistas.

Notas

[1] De acuerdo con el informe más reciente del Patronato del sistema de la Seguridad Social, la Seguridad Social será insolvente en el año 2029, un año antes de lo que se había señalado en informe del año anterior. щsta es la octava vez en los últimos diez años que se adelanta la fecha en la que el sistema será insolvente, pero lo cierto es que los problemas de la Seguridad Social no comenzarán en el 2029 sino en una fecha más temprana: en el año 2012, año en el que el sistema comenzará a ser deficitario. 1996 Annual Report of the Board of Trustees of the Federal Old-Age and Survivors Insurance and Disability Insurance Trust Funds (Washington: Government Printing Office), pág. 4.

[2] Se trata de una nueva estimación de la riqueza de la Seguridad Social basada en el detallado modelo de simulación presentado por Martin Feldstein y Andrew Samwick en «The Transition Path to Privatizing Social Security», National Bureau of Economic Research Working Paper n.º 5761 (septiembre, 1996), que apareció en Privatizing Social Security, publicado por la National Bureau of Economic Research.

[3] Procedente del 1996 Annual Report of the Board of Trustes of the Federal Old-Age and Survivors Insurance and Disability Insurance Trust Funds.

[4] «The Effective Tax Rate and Pretax Rate of Return» de Martin Feldstein, Louis Dicks- Mireaux y James Porterba, Journal of Public Economics 21 (julio, 1993): 129-58, y «Further Gains in Corporate Profitability» de Richard Rappe, Economic Outlook Monthly, agosto, 1995. * Nota del traductor: IRA, cuentas 401 (k): fondos de pensiones individuales con beneficios fiscales.

[5] Dichos impuestos suponen un promedio del 42 por ciento del rendimiento antes de impuestos. Ibid.

[6] Los economistas miden este gasto mediante la «pérdida improductiva» del impuesto, es decir, la pérdida que supone para el individuo un exceso en la recaudación del Gobierno. Los economistas pueden calcular que la progresiva pérdida improductiva que resulta de la cuota neta adicional de la Seguridad Social del 9,5 por ciento equivale al 4,7 por ciento del producto de la contribución base a la Seguridad Social y la elasticidad compensada de dicha base con respecto a la parte neta del impuesto. Esto viene a ser unas diez veces mayor que la pérdida improductiva que resultaría si la cuota de la Seguridad Social fuese el único impuesto. Para más detalles sobre este cálculo, consultar la página 4 del ensayo Ely publicado en la American Economic Review.

[7] La pérdida improductiva debida a la cuota neta de la Seguridad Social es aproximadamente el 2,35 por ciento de la base de las contribuciones a la Seguridad Social, una pérdida improductiva en 1995 de cerca de 68 mil millones de dólares.
Esta pérdida improductiva supone casi el 1 por ciento del PIB y aproximadamente la quinta parte de las contribuciones a la Seguridad Social. Esto aumenta la pérdida improductiva del impuesto sobre la renta en un 50 por ciento. Los detalles de este cálculo se presentan en las páginas 4 y 5 del ensayo Ely.
[
8] Consultar, por ejemplo, «Social Security and Household Wealth Accumulation: New Microeconomic Evidence» de Martin Feldstein y Anthony Pellechio, Review of Economic and Statistics 61 (agosto, 1979): 361-68; «Individual Retirement and Savings Behavior», de Peter Diamond y J.A. Hausman, Journal of Public Economics 23 (feb-marzo, 1984): 81-114; «Social Security, Bequests and Life Cycle Theory of Savings: Cross-Sectional Tests» de Alan Blinder, R. Gordon y David Wise, publicado en Inventory Theory and Consumer Behavior (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1990), págs 229-56; y «The Impact of Social Security on National Savings», de Robert Barro, Washington DC, American Enterprise Institute, 1978.

[9] El valor actual neto del beneficio sería el valor actual neto de los beneficios anuales del 5 por ciento del PIB. Puesto que el PIB actualmente alcanza los 7,5 billones de dólares, una ganancia del 5 por ciento serían 375 mil millones de dólares. El beneficio anual aumentaría en proporción al PIB y crecería, por tanto, en torno al 3 por ciento anual en términos reales. Descontando esto al 5 por ciento de tasa real (aproximadamente la tasa de rentabilidad neta de impuestos que un inversor habría obtenido invirtiendo en una cartera basada en el índice Standard and Poors desde 1970) implica un valor actual neto de 18,75 billones de dólares.

Este ensayo fue traducido y adaptado por Círculo de Empresarios. Madrid, España.
CATO INSTITUTE