Bush pedirá al Congreso 490.000 millones de euros contra la crisis

EQUIPARABLE AL COSTE DIRECTO DE LA GUERRA DE IRAK
Destinados a comprar activos hipotecarios 'dañados' de la banca del país
Se intensifica la negociación con líderes del Congreso, de mayoría demócrata

Bush defiende ahora la intervención en el mercado 'sólo cuando es necesario'. (Foto: AP)
EFE
WASHINGTON.- El Gobierno de EEUU ha enviado al Congreso el borrador final de su propuesta para que el Tesoro pueda comprar hasta 700.000 millones de dólares (casi 490.000 millones de euros) en activos hipotecarios en manos de los bancos, en lo que supondría la mayor intervención de la historia desde la Gran Depresión de los años 30.
El borrador del 'plan anticrisis', que ha sido difundido por 'The New York Times' en su página web, recoge además la autorización que debe dar el Congreso para poder elevar el endeudamiento del país a 11,3 billones de dólares (11,3 miles de millones de euros).
La cifra de 700.000 millones de dólares se equipara al coste directo de la guerra en Irak, y al presupuesto anual del Pentágono, según cita 'The New York Times'.
El Gobierno necesita que el Congreso tramite por vía legislativa esta autorización, que dejará las manos libres al Tesoro para adquirir los activos hipotecarios "dañados" de la banca estadounidense, no de la foránea.
Posibles críticas internacionales
La propuesta del Gobierno puede causar fuertes críticas en la banca internacional que en los últimos años acudió a Wall Street de manera masiva para adquirir títulos hipotecarios, lo que contribuyó a crear el 'boom' del sector inmobiliario en EEUU.
Según la propuesta -que destaca por su simplicidad, apenas tres páginas de texto- el Tesoro tendrá plena capacidad para comprar activos, revenderlos en el mercado, emitir deuda para financiar las operaciones, y contratar a los gestores que considere oportunos- sin más obligación que dar explicaciones periódicas al Congreso.
Los medios financieros han destacado la trascendencia de la propuesta, no solo porque supone una acción fuertemente intervencionista en un gobierno hasta ahora defensor del libre mercado, sino también por el voluminoso coste que tendrá para los contribuyentes.
El Gobierno ha intensificado en las últimas horas la negociación con los líderes del Congreso, de mayoría demócrata, que podría someter a votación las medidas la próxima semana. Entre otras propuestas, destaca la prohibición temporal a casi 800 empresas de inversión especializadas en ventas a corto plazo de operar en la Bolsa para evitar un mayor deterioro del mercado.
El borrador puede sufrir modificaciones, dado que los congresistas demócratas quisieran incluir algunas disposiciones que contemplen la necesidad de ayuda a los cientos de miles de propietarios que están abocados a las ejecuciones de sus casas.
El presidente de EEUU, George W. Bush, ha justificado el intervencionismo de su Gobierno, un firme defensor del libre mercado, en una comparecencia en la Casa Blanca junto al presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Bush indicó en su discurso radiofónico que "nuestro sistema de libre empresa se basa en la convicción de que el gobierno federal debe intervenir en el mercado sólo cuando es necesario".
Bush ya reconoció este viernes que va a recibir duras críticas por la medida intervencionista, que consiguió llevar la euforia a los parqués varias jornadas de caídas de vértigo. "Es un precio grande para un problema grande", ha afirmado, tras destacar que "a largo plazo estaremos bien".
Una de las primeras críticas ha llegado del Premio Nobel de Economía estadounidense Joseph Stiglitz. "Es una solución al corto plazo", sostuvo el economista en declaraciones al dominical alemán 'Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung', para quien la crisis representa "el fin de un modelo de negocios desastroso" y "el fin de la ideología de que los mercados libres y desregulados funcionan siempre".

Alexander Guerrero // ¿Cuánto nos está costando Hugo Chávez?

En economía siempre colocamos las cosas en blanco y negro -costos y beneficios- los actos de los hombres en posición de toma de decisiones que en lo privado como en lo público estos causan costos y beneficios.

La relación de costo/beneficio nos habla de lo acertado o no de las decisiones que se toman y que afectan a la economía de modo directo e indirecto. Por ejemplo, en una unidad económica, un gerente toma decisiones que en definitiva disminuyen o incrementan el valor de su empresa, sea suya o de los accionistas que lo colocaron en el cargo donde se toman decisiones. Los accionistas por lo general tienen el recurso de despedir al gerente si ellos piensan que por alguna razón sus decisiones han afectado negativamente la empresa.
Análogamente, cuando la empresa es un país, las decisiones en políticas públicas, tanto a nivel macroeconómico, digamos políticas económicas, controles de precios, control de los mercados y del cambio, políticas de ingreso y gasto público, impuestos, endeudamiento público, control de la autonomía del Banco Central, etc.; como en lo microeconómico, como cambios -incertidumbre- de las reglas del juego y en la legislación, derrumbe de instituciones, restricciones a los mercados, exceso de intervencionismo, deterioro de los derechos de propiedad, creación y estímulo de la corrupción como mecanismo de premiación social de los agentes del gobierno, ruina del marco jurídico, y reforzamiento de la corrupción, producen en lo económico, descapitalización, deterioro del capital humano, caída de los salarios e ingresos reales, caída de la inversión de la gente, caída en el consumo, y en lo social todo ello se expresará inevitablemente en el deterioro de la calidad de vida de la gente y en el ensanchamiento de los umbrales de pobreza. Si se quiere ejemplos, Cuba puede ser una muestra patética pero viva. ¿Cómo corregir esos costos causados por "malas" decisiones en políticas públicas?
En democracia, el voto es la expresión popular que hace posible los cambios. Claro está que estos cambios toman por lo general algo más de tiempo que conforman nuestras expectativas de mejor vivir, aunque mayor del tiempo que tardan en nuestro ejemplo del gerente causante de la mala fortuna en una empresa privada. ¿Cómo enjuiciar entonces la "responsabilidad civil" del gobernante que toma decisiones de políticas públicas capaces de arruinar a un país?
En la definición de las responsabilidades, el "enjuiciamiento" de la responsabilidad civil se hace por vía político-administrativa y política, y si el colectivo determina que las decisiones tomadas no fueron conducidas por los canales constitucionales y legales normados, el juicio puede acarrear responsabilidad que pudiera ser penalizada. Saltarse a la torera leyes y normas constitucionales para imponer políticas, no es algo que pueda conducirse sin enfrentar el juicio de la historia en el corto plazo, después de todo, el colectivo sanciona instituciones que exigirán responsabilidad que puede llegar hasta la penal.
Volviendo a nuestro tema cuantificar costos y beneficios, los economistas reducimos inteligentemente esos parámetros de costos/beneficios en términos utilitarios, contante y sonante.

¿Cuánto cuesta en términos de la producción/ingreso en un entorno determinado el control de cambio y de precios, cuando es evidente que esos controles constituyen imposiciones políticas revestidas de arbitrariedad, más allá de una racionalidad económica arbitrada en colectivo? Empobrecimiento, descapitalización, inflación, desempleo, y mediocre asignación de recursos seguirán como consecuencias inevitables de esos controles.
¿Cuánto nos cuesta en daños y perjuicios el debilitamiento de los derechos de propiedad y hasta el asalto físico promovido por el propio gobierno, unido a las legislaciones dirigidas a mutilar los derechos de propiedad y arruinar el estado de derecho donde el respeto a la propiedad privada, la vida y la libertad es su fundamento?
¿Cuál es el costo de la Ley Habilitante a ese respecto en virtud de los decretos leyes que secuestran y mutilan la propiedad privada revestida de actos legales que contradicen las normas constitucionales?
¿Cuál es el costo agregado causado por la ruina del marco jurídico, que en las sociedades modernas está diseñado para cubrir el debido proceso en la defensa de la propiedad privada y sus derechos y que en Venezuela en los últimos diez años ha sido desmontado y cambiado por un estado social de derecho donde los derechos del individuo -propiedad privada, libertad y vida- son sacrificados por la voracidad fascista y comunista de un estado autocráticamente dirigido que se adueña inconstitucionalmente de los activos productivos de la gente?
¿Cuánto cuesta a los venezolanos el desmantelamiento de la confianza, la transmutación de un Estado en todopoderoso y dueño del trabajo de la gente que olvida los objetivos trazados en la Constitución de velar por los derechos, libertades y propiedad privada?
¿Cuánto nos cuesta en términos de desconfianza internacional la violación de contratos firmados y/o refrendados por el propio Estado, como los petroleros, convenios multilaterales de defensa de la propiedad de inversionistas extranjeros?
Sumados esos ítems, y luciendo una tarea colosal, los economistas disponemos de instrumental teórico y tecnológico para contabilizar todos estos daños, efectos y costos que a todo evento tendrán que enfrentar los venezolanos más temprano que tarde en la medida que los costos sociales y económicos para sostener un Estado depredador sean insostenibles en términos de empobrecimiento, descapitalización y ruina.

Economista, PhD (Londres)

alex102@movistar.net.ve